Acuse de recibo
Va por el tercer capítulo, y sin solución, la historia de Cristina Reyes y demás vecinos del edificio de Calzada de Luyanó No. 807, entre López y Lugareño, municipio capitalino de Diez de Octubre.
Cristina irrumpió por primera vez aquí el 8 de mayo del 2012. Contaba que mediante convenio en 2009 con el Gobierno y la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) de Diez de Octubre, la entidad GECA construyó nueve apartamentos para familias damnificadas por huracanes, en el primer piso de un local abandonado por otra empresa a causa de filtraciones desde la planta de arriba. GECA garantizaba la obra y un apartamento para un funcionario suyo.
Al mudarse a las viviendas «concluidas», constataron la chapucería: losas de piso desprendidas y sin rodapiés, tupición en fregaderos, lavamanos y patios sin accesorios; paredes laterales sin repello, baños mal acabados con filtraciones y tupiciones hacia el taller de la planta baja, entre otras. También, la tubería de aguas residuales conectada a la vieja que tenía el inmueble, lo cual genera desbordamientos en los bajos.
Fueron meses de desgaste para ellos, entre la UMIV y la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV), hasta que la nueva dirección de esta última insistió en incluirlos en el Plan de 2012. Y cuando escribió Teresa, en abril pasado, la UMIV les dijo que el presupuesto era solo para arreglar redes hidrosanitarias del piso superior. Pero nada se había hecho.
El 25 de julio pasado aparecía una esperanza, al responder aquí Reinier Venéreo, director de la UPIV de La Habana, que el inmueble se había incluido en el Plan de Rehabilitación de 2012. La UMIV —añadía el directivo— estaba en proceso de contratación y definición de las fechas de inicio y conclusión de la obra de conjunto con el Gobierno municipal.
En esa misma edición, figuraba una respuesta de Noel Casañas, director general de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI), la heredera de la ECMAI Ciudad Habana que, como empresa de GECA, había asumido la chapucera obra.
Según Noel, la obra se encaró con los recursos dados por el programa de viviendas de la capital. Y no tuvieron señalamientos por la inversionista (UMIV). El certificado de habitable aseguraba la conclusión de los trabajos, ajustados a la Licencia de Construcción.
Afirmaba también que no fueron contratadas las acciones que debieron ejecutarse en la planta baja, segundo nivel y paredes exteriores. Y la ECMAI conectó las tuberías de residuales a la que ya tenía el inmueble, según el proyecto entregado.
«En esta autopsia acelerada por el bisturí de lo publicado —decía entonces este redactor— se entrecruzan culpas de inversionistas y ejecutores con fallos contractuales, que al final pagan los “damnificados” de tantas irregularidades.
«¿Cuántos recursos se filtraron por esas fisuras? ¿Quién responde por ellos a estas alturas? ¿Cuántos recursos habrá que volver a gastar para enmendar lo que no se hizo bien y completo? Ojalá que, al menos, en esta rehabilitación se cumpla con la calidad y el tiempo prometidos por Venéreo. Es su palabra de director de la UPIV la que está en juego».
Asómbrense, estimados lectores. Cristina me ha escrito por tercera vez para decirme que nada se ha hecho, y siguen esperando. Nadie más ha ido por allí, y los vecinos están, con palabras de la remitente, «cansados de tantas mentiras, que no sabemos a quién creerle».
Ya a estas alturas, lo que está en juego no es la palabra del Director, si no la credibilidad en la institución. No se debe prometer lo que no se va a cumplir. Eso, a la larga, es engaño para salir del paso. Y es subestimación a los vecinos confiados, a la opinión pública que conoció de la historia y a este periódico.
Ni siquiera nadie se ha portado por allí a explicarles a esas familias por qué no se ha cumplido lo prometido públicamente. A dar la cara. Es lamentable que aún proliferen tales desentendimientos impunemente.
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