¿Ilegales?

Aldo Moreno Vázquez escribe en nombre de más de cien familias de la llamada Comunidad de la CTC, en el reparto Rivas Fraga de la ciudad de Ciego de Ávila, que han sido declaradas ilegales, aun cuando esa urbanización fuera erigida entre 2006 y 2008 como parte de un programa fruto de la colaboración entre los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Revela la misiva que el derecho para la construcción por esfuerzo propio fue otorgado en 2005 por la CTC a trabajadores destacados. Y fue en junio de 2006 que estuvieron parcialmente listos los terrenos. «Debido a esta demora, añade, nos ordenaron iniciar la construcción sin la documentación requerida por retrasos en el cronograma de ejecución; lo cual, junto a otras violaciones, dilaciones e incompetencia de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda, dieron al traste con que aún hoy no contemos con el título de propiedad de nuestras viviendas más de cien familias de las 280 beneficiadas».

El intento de legalizarlas está plagado de obstáculos, desde la entrega arbitraria de los solares: a pesar de contar con el Derecho Perpetuo de Superficie de un solar específico, daban otro alegando que luego se resolvería. Se suma la entrega de licencias de construcción sin estar registradas, pérdida y extravío de expedientes, morosidad y retrasos de todo tipo, refiere.

Ahora la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) plantea que esa comunidad se construyó de manera ilegal, y las viviendas que aún se hallan en trámites para su legalización no podrán hacerlos, ya que el Decreto 322 de la Ley General de la Vivienda no lo permite.

«Es absurdo pensar, insiste, que fuera construida de manera ilegal una comunidad de 280 viviendas, con materiales subsidiados por el Estado, redes eléctricas, acueducto y alcantarillado, calles asfaltadas, en su mayoría, y aceras.

«A ello se une el hecho de que este programa era chequeado diariamente y a pie de obra por las máximas autoridades de la provincia. Y su ejecución tributó en su momento al plan de construcción de viviendas del territorio.

«Estamos de acuerdo con el cumplimiento de normativas en función del rescate del orden y la disciplina en nuestro país, algo en lo que ha insistido en reiteradas ocasiones nuestro primer secretario del Partido. Pero ello debe hacerse cumplir en el lugar y momento precisos. ¿Por qué nadie detuvo las acciones constructivas cuando estas se llevaban a cabo? ¿Dónde estaba Planificación Física cuando todo ello ocurría? ¿Cómo un número significativo de viviendas en similar situación pudieron ser legalizadas?».

Refiere que esa comunidad la compone gente valiosa, que ganó con su esfuerzo ser merecedora de estar incluida en ese programa. Por eso, señala que están «muy disgustados con los burócratas que lo complican todo, al punto de trastocar un programa tan humano, que debió ser alegría y satisfacción, en motivo de preocupación y zozobra para muchos de los beneficiados».

Plantea que durante años han denunciado esa situación a todos los niveles en el municipio y la provincia, sin que hasta ahora haya habido una respuesta positiva, a pesar de haber contado en todo momento con el apoyo de su delegado de circunscripción, quien ha denunciado el problema ante la Asamblea Municipal durante varios mandatos.

Añade que en el recién concluido período de rendición de cuentas se les informó que su caso se está evaluando a nivel nacional, y que en su momento se le dará solución. «No estamos de acuerdo con respuestas de esta índole, carentes de seriedad y compromiso. Queremos saber fecha y responsables de solucionar nuestro problema. No es justo que el pueblo tenga que pagar por el mal trabajo de dirigentes y funcionarios del sistema de la Vivienda… Contamos con evidencia de todo lo que en este documento se expresa, al cual anexamos una muestra de la documentación de varios de los afectados.

«La DMPF plantea que no es válida por no estar registrada en los archivos de la Vivienda. ¿Qué culpa tenemos de que los documentos no hayan sido registrados? ¿Cómo es posible la entrega de un documento oficial, con la firma y cuño del director de una entidad estatal y que este carezca de valor, y además el que recibió este documento cargue con la responsabilidad?», concluye Aldo, quien reside en Pasaje l no. 538, entre 9na. y Pasaje 9na. Reparto Rivas Fraga, Ciego de Ávila.

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