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Preocupada con el no acatamiento de un fallo del Tribunal Supremo Popular a su favor, María Isabel Ramírez cuenta que  es propietaria de la vivienda sita en San Francisco 4, entre Linera y Paquito Rosales, en la ciudad de Manzanillo.

Sostiene que es única y universal heredera de quien fue su esposo, Eligio Clemente Espinosa, en virtud de la Escritura Notarial 489 del 19 de mayo de 2014; aunque este, en fecha 26 de enero de 2012, le había arrendado legalmente la casa a la señora Sucet Leonor Castillo.  Y Eligio murió el 1ro. de diciembre de 2012.

Aun cuando el contrato extinguió a tal efecto, señala, Sucet siguió ocupando la vivienda. Y la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) radicó el Expediente 3/12, que culminó con la Resolución 1289/12, de 14 de diciembre de 2012, la cual dispuso cancelación de la inscripción de arrendamiento.

Con posterioridad la DMV dictó Resolución 334/13, de 20 de marzo de 2013, mediante la cual se estimó la solicitud realizada por Enfrentamiento a las Ilegalidades, y se declaró a Sucet como ocupante ilegal. Y esta hizo recurso de apelación ante la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV), que fue desestimado. Reclamó entonces ante la DMV para que le transfirieran la titularidad. Y dicha reclamación concluyó con la Resolución 307/13, de 13 de marzo de 2013, que desestimó su pretensión. No se reconoció derecho alguno sobre el inmueble.

Sucet interpuso proceso administrativo ante el Tribunal Provincial de Granma, el cual desestimó su demanda. Y al final elevó Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo Popular, que también falló en su contra en 2014.

Viendo que no se extraía a la ocupante ilegal, y que le decían que la Comisión de Enfrentamiento no se había podido reunir, María Isabel envió queja a la DPV, Gobierno municipal y Fiscalía. La DPV no emitió respuesta directa. Solo llegó carta de la DMV, donde se aseguraba que su caso sería atendido por la Comisión de Enfrentamiento. La respuesta del Gobierno municipal y la Fiscalía fue la misma.

Así, transcurrió año y medio desde el fallo del Tribunal Supremo sin que nada pasara. El 7 de septiembre de 2015, Sucet solicitó al Tribunal Provincial reconocimiento de compra-venta, alegando que el esposo de María Isabel le había vendido de forma ilegal la casa. Y fue desestimado con Sentencia 32/16 de 31 de marzo de 2015.

Sucet apeló al Tribunal Supremo, y en noviembre de 2016 bajó la Sentencia 684, de 28 de septiembre de ese año, que declaró sin lugar su pretensión. La hermana de María Isabel fue con esa sentencia a la DMV, y el director de esta le dijo que se analizaría en la Comisión de Enfrentamiento de Ilegalidades.

El 14 de diciembre de 2016 la hermana se entrevistó con el vicepresidente del Gobierno y presidente de la Comisión de Enfrentamiento, quien le dijo que tenía entendido que a Sucet le había llegado una sentencia Con Lugar, y que la policía había hecho investigaciones que arrojaban que esta vivía allí hacía mucho tiempo. La hermana de María Isabel le refutó aquello, cuando lo recibido por esta decía todo lo contrario.

Según María Isabel, dos días después, su hermana se entrevistó con el vicepresidente y el director de la DMV, y les mostró la sentencia del Supremo. Aun así, en la reunión, el vicepresidente insistió en que consideraba que la DMV había errado al declarar a Sucet ocupante ilegal; y que hasta que ello no se analizara no presentaría el caso en la Comisión de Enfrentamiento.

En diciembre de 2016, María Isabel envió queja a la web de la Fiscalía General de la República, y esta le respondió que el caso se trasladaría a la Fiscalía Provincial de Granma. El 22 de ese mes, en despacho con el director de la Vivienda, este le informó que el caso estaba en la Comisión de Enfrentamiento.

El 19 de enero de 2017, la DPV le comunicó que ya la documentación estaba en manos del Ministerio del Interior, y le sugería esperar. El 6 de marzo el presidente del Gobierno municipal se disculpó por la demora en la ejecución. El 19 de mayo, el mismo funcionario le explicó que no se había ejecutado porque habían cambiado al jefe de la PNR en Manzanillo, y había que esperar que el vicepresidente entrara de vacaciones.

«Durante todo este tiempo, dice María Isabel, las instancias Municipal y Provincial de la Fiscalía nos han explicado que se le está dando seguimiento al caso. Como puede ver, cuando no es una razón es otra. Ya he esperado cuatro años. ¿Qué puedo hacer ante una situación que no parece terminar nunca?», concluye María Isabel.