Acuse de recibo
«Quiero felicitar al Órgano de Justicia Laboral de Base (OJLB) del Hospital Miguel Enríquez, por su trabajo y su firmeza; ante ellos me quito el sombrero», afirma Alina Beatriz Almaguer González, residente en Calle 5ta. no. 108, entre Norte y C, reparto Alkázar, Arroyo Naranjo, La Habana. Y explica por qué.
Cuenta que es ingeniera civil, y ha laborado desde principios de 2018 en ese centro asistencial como especialista B de Inversiones. No habiendo allí jefe de Inversiones, ni jefe de Mantenimiento por más de un año, ella asumió las obras de mantenimiento constructivo y sistemas ingenieros, además, de tareas que le asignaba la Dirección.
Laboró en la reparación y sostenibilidad de salas de hospitalización, unidad quirúrgica, servicios de terapias, hemodiálisis, cuerpo de guardia, consulta externa y otros. Recuerda que fueron meses de mucho trabajo, y más intensos a partir de los daños causados por el fuego del pasado 10 de enero. Jornadas de más de 14 horas para garantizar el servicio hospitalario.
«Sin embargo, expresa, por supuestas irregularidades de control, fui sancionada en el mes de julio, a separación definitiva, violándose procedimientos y artículos de la misma Ley con la que me sancionaron.
«Con esta inmerecida sanción me dirigí al OJLB, y entregué todas las pruebas, apoyada por la Ley No. 116, y los artículos 98 y 99 de la Constitución de la República. Y tuve la satisfacción de encontrar un OJLB de principios éticos, criterios sólidos, valentía y sentido de la justicia.
«Cumplieron su misión con firmeza y honradez, a pesar de que no son profesionales de la actividad jurídica, ni reciben remuneración por el desempeño de esa tarea. Este OJLB es ejemplo de honestidad, razón por la cual les felicito y les exhorto a continuar trabajando así, cumpliendo con el sagrado deber de hacer el bien. Ojalá puedan conservarse por mucho tiempo representando el derecho de trabajadoras y trabajadores».
A partir de su propia experiencia, en que el fallo fue a su favor y resultó desagraviada ante sus compañeros, Alina considera que otro gallo cantaría el día en que en nuestro país, cada vez que la reclamación de un trabajador o cuadro, se considere con lugar, el directivo responsable reciba una crítica o sanción.
Ileana Casquero López (Casa de piedra, kilómetro 20, Tacajó, Báguanos, provincia de Holguín) está al límite: es madre soltera, trabaja y recibe un salario modesto. Su hijo está en el Servicio Militar. Y como ella paga un crédito bancario, lo que le queda es mínimo. Apenas le alcanza para sobrevivir y pagar los medicamentos; pues es diabética, está operada de una neoplasia, padece asma bronquial, migraña, gastritis generalizada e hipotiroidismo.
Su casa está en pésimas condiciones. Y hace tres años está solicitando un subsidio estatal, pero no clasifica en ese beneficio, a pesar de que ha acudido a las máximas autoridades municipales en varias oportunidades.
«Yo sé que hay otras solicitudes, manifiesta, pero en tres años creo que se debiera valorar mi situación, pues yo no tengo ninguna ayuda».
Carlos Modesto Rivero Pérez (Calle 4ta. no. 11201-A, entre 11 y Final, Casino Deportivo, La Habana) tiene preocupación sobre la caducidad de los saldos al concluir el período de vigencia de los paquetes de datos para su móvil.
Si compro un paquete de datos de 600 megas, dice, que me cuesta siete CUC para acceder a internet en el transcurso de un mes, pasado dicho período, si no los he gastado pierdo ese saldo que debía quedar en mi cuenta.
«Desearía que Etecsa me explicara las razones —que podrían ser técnicas o económicas—, por las cuales no se puede extender el período de un mes para la caducidad del saldo de servicio de internet en la compra de los paquetes de datos», concluye Carlos.
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