Los Puros (III)

El jefe del Buró de Investigaciones de la Policía Nacional amenazó al primer teniente José Ramón Fernández Álvarez con recurrir a la violencia para hacerlo hablar, pero no pasó de ahí. En realidad, ninguno de los oficiales detenidos por su implicación en la conspiración de Los Puros fue torturado ni maltratado. La Inteligencia Militar investigó a más de cien oficiales. Muchos de ellos nada tenían que ver con el movimiento del 4 de abril, pero bastaba una simple sospecha para que los pusieran en la mirilla. De aquellos más de cien oficiales investigados, unos 70, conspiradores y no, fueron apresados. Quedaron más de 30 conjurados contra los que no se tomó medida alguna, bien porque no se les detectó o porque no convenía hacerlo. De los arrestados, solo 13 serían juzgados. Al resto se les reintegró a sus unidades o se les trasladó a otras de menor importancia; se les dio de baja o pasaron a retiro. Fue una «limpieza» que privó al Ejército de muchos de sus cuadros mejores. De aquellos conspiradores que se mantuvieron en servicio activo después del fracaso, algunos estuvieron dispuestos a involucrarse en cualquier intento antibatistiano; otros jamás se mezclaron en movimiento alguno y hubo quien, como el teniente coronel Sánchez Mosquera, renegó de su actitud digna del 4 de abril de 1956 y se convirtió en criminal de guerra.

De todas formas, Batista, astuto como era, no iba a reconocer las dimensiones de una conspiración que se ramificaba por la artillería, los tanques, la aviación, Columbia, la Escuela de Cadetes... y que involucraba a más de 120 oficiales, la quinta parte de la oficialidad profesional del Ejército.

La conspiración, aun develada, fue un golpe tremendo asestado al batistato, y el propio Batista llegó a aceptarlo así en alguno de los libros que publicó fuera de Cuba. Originó una fisura en las fuerzas armadas y evidenció la existencia de un grupo de oficiales que quiso rescatar la decencia y el prestigio del Ejército, desvincularlo de la politiquería, los crímenes y la corrupción, restaurar el ritmo institucional del país y llevar adelante, aunque quizá no llegaran a consolidarse, ciertas transformaciones en el orden social.

UN JUICIO ABERRADO

El Consejo de Guerra Sumarísimo se celebraría en la sede del Tribunal Superior de la Jurisdicción de Guerra para juzgar un delito de conspiración para la rebelión. Lo presidiría el coronel Dámaso Sogo, aquel capitán que abrió a Batista las puertas de Columbia en 1952. El fiscal sería el comandante Fernando Neugart y la defensa estaría a cargo de los doctores José Miró Cardona, Segismundo Paret, José J. Fernández y José Emilio Ferrer, en tanto que el comandante Aníbal Ortega, de la Marina, actuaría como defensor de oficio. Los 13 oficiales acusados, a través de sus defensores, se ha-

bían puesto de acuerdo en la actitud que deberían seguir durante la vista: solo se declararían culpables los que no podían eludir sus compromisos, y aprovecharían la ocasión para exponer las razones de la conspiración.

A las ocho de la mañana del 11 de abril penetraron en la sala los acusados. Encabezaba la fila, como oficial de mayor graduación, el coronel Barquín y lo seguían el teniente coronel Varela Castro y los comandantes Borbonet, Ríos Morejón y Orihuela Torra. Detrás, los capitanes Travieso, Vázquez y Despaigne y los primeros tenientes Planas, Villafaña, Travieso y Fernández Álvarez. Cerraba el grupo el segundo teniente Pérez Figueiras. No se permitió la entrada de la prensa ni tampoco de los familiares de los implicados. Llenaban el lunetario soldados, cabos y sargentos en actitud hostil.

No más comenzó la vista, Miró Cardona puso la primera «podrida». Neugart no podía actuar como fiscal porque había intervenido en el proceso de instrucción. Era una situación anómala y un vicio de procedimiento, opuesto a principios procesales del Derecho Penal. Neugart alegó ampararse en el Código de la Jurisdicción de Guerra. Los otros defensores protestaron igualmente y el presidente del Consejo, sin saber qué hacer, dispuso un receso para dirimir la cuestión. Nada se resolvió. Cuando el tribunal volvió a la sala, el fiscal conservó su puesto.

Siguió la prueba de confesión. La declaración del comandante Borbonet hizo que subiera la temperatura de la sala. El coronel Sogo tuvo que llamarlo al orden varias veces: «Hable en voz baja», «Limítese a contestar», «No engole la voz», «No puede realizar aquí labor subversiva», «Tiene usted que respetar al tribunal o me veré obligado a aplicarle el reglamento». En definitiva, Borbonet, sin reconocer las especificaciones del fiscal, se declaró culpable del delito de conspiración. Dijo que los conspiradores no se plantearon matar al presidente Batista, sino que se proponían exclusivamente restablecer las instituciones democráticas, entregar el poder a un grupo de cubanos idóneos y celebrar elecciones. Añadió:

------Nosotros creímos que nuestra obligación era eliminar las lacras que hay en el ejército. Todos, desde el simple alistado hasta el oficial, las conocen perfectamente. Por eso no voy a hablar de ellas.

Aquello era demasiado para la soldadesca que presenciaba el juicio. Desde el fondo de la sala se dejó escuchar el grito furioso de «¡Viva Batista!». Sogo pidió que arrestaran al que de esa forma faltó el respeto al tribunal y desalojaran el local. El fiscal se opuso. Mintió: El que gritó, señor presidente, ya abandonó el recinto. Y añadió con voz meliflua: Que no paguen justos por pecadores. No prive a estos soldados de su derecho de estar aquí.

CONFUSO Y CONTRADICTORIO

Ríos Morejón, el traidor del 4 de abril, se mostró confuso y contradictorio en su declaración. Admitió su participación en la reunión de Tarará, y repitió su pintoresca versión de los hechos: se involucró en la conspiración porque le dijeron que perseguía el fin de consolidar a Batista en el poder y tarde comprendió que se encaminaba en sentido contrario. Reiteró la acusación contra todos los compañeros presentes, incriminó a otros que fueron exonerados e inculpó a no pocos militares en retiro. En este punto, Sogo pidió que se librase testimonio de sus palabras. Miró Cardona se opuso: Según sentencia del Supremo, los militares en situación pasiva, son civiles a los efectos jurídicos. Este tribunal, entonces, debe abstenerse de proseguir la vista y remitirla a la jurisdicción civil. El fiscal Neugart —enjuto, la cara larga y angulosa— saltó como una fiera.

—Se trata de recurrir a leguleyismos para entorpecer al tribunal. Este es un consejo de guerra sumarísimo y la cuestión de competencia está fuera de lugar —adujo.

—Pues yo insisto en que el tribunal lo resuelva ahora —ripostó Miró Cardona.

—Ustedes, los abogados civiles, debían estudiarse primero el procedimiento militar para no hacer el ridículo con posiciones absurdas...

Miró contestó, indignado: ¡Reclamo respeto para la toga que visto!

Como Sogo no sabía qué hacer, recurrió a su técnica habitual: declaró un receso. La sesión se reanudaría sin que se resolviera la incompetencia de jurisdicción.

EN EL BANQUILLO

Varios puntos insistió en precisar el tribunal. ¿Constituirían los conspiradores una junta militar?/ ¿Eliminarían/ físicamente/ a/ Batista? ¿Hubiera corrido peligro la familia presidencial? ¿Habrían desencadenado Los Puros un baño de sangre?

Varela Castro negó esas inculpaciones. «No intentábamos atentar contra la vida del presidente de la República ni de nuestros compañeros de armas ni establecer una junta militar. Solo nos movía un pensamiento idealista». El coronel Barquín reafirmó, a su turno, las palabras de su compañero: «Nuestro propósito era producir una transformación sin violencia... Queríamos restituir la democracia en el país». Añadió: «En la citada reunión de Tarará, mis compañeros me ofrecieron la jefatura política y militar del movimiento. Me decidí a participar en esos propósitos porque se trataba de figuras de prestigio en las Fuerzas Armadas... Acepté el ofrecimiento de mis compañeros. Allí se tomó el acuerdo de evitar todo derramamiento de sangre. Era requisito indispensable. No pretendíamos escalar posiciones...».

Oídas las declaraciones de los acusados, el tribunal escuchó a los testigos de cargo. Rindió informe el fiscal y hablaron los defensores. Fue brillante el alegato de Miró Cardona, presidente del Colegio de Abogados y maestro de penalistas, que aunque concurría en representación del comandante Orihuela Torra, su sobrino político, abogó por todos los implicados. Descartó la existencia del delito de conspiración porque la conspiración tiene que salir de la mente de los encartados para que se convierta en delito, y añadió que resultaba fundamental el acuerdo concreto respecto a los medios de ejecutar la rebelión. Como faltó ese acuerdo, aseveró, no se tipifica el delito. Y remachó:

«Esos hombres, señores jueces, no son en definitiva autores de delito alguno contra la soberanía del Estado ni contra la seguridad de sus poderes ni contra el orden público. Querían y quieren con limpieza, como soldados de la patria, una Cuba amorosa para todos sus hijos. No iban contra nadie ni a favor de nadie, sino por la República. Contra el abuso de poder, contra la prepotencia del encumbrado, para que cesara la carrera loca del enriquecimiento, para que el pueblo, como depositario único de la soberanía, determinara su destino histórico. Por eso yo pido a los hombres del Consejo, caballerosos oficiales del Ejército de Cuba, que a la hora de ejercer el imponente magisterio punitivo con sus paraiguales, no sustituyáis los principios racionales de la justicia por el tétrico aspecto del terror, valorando el carácter ejemplarizante de la sanción, porque el pueblo cree en estos momentos que Cuba está en el banquillo de los acusados».

LA CONDENA

Ni modo. Al día siguiente se notificó a los acusados sus condenas por el delito de conspiración para la rebelión. Seis años para Barquín, Varela Castro, Borbonet, Orihuela, Ríos Morejón, Despaigne y Vázquez. Y cuatro años y dos meses para el capitán Travieso, y los tenientes Planas, Villafaña, Travieso, Fernández Álvarez y Pérez Figueiras. El castigo contemplaba la privación del grado militar y la expulsión de las filas. A Ríos Morejón, el delator, lo indultaron casi de inmediato. Cumpli-

rían su sanción en la Prisión de La Habana, en el Castillo del Príncipe. Pero allí estarían muy pocos días, pues fueron trasladados al reclusorio de la Isla de Pinos, donde los esperaba el jefe del penal, comandante Capote Fiallo, un soldado ascendido a oficial en 1933 y que se vanagloriaba de mandar en la Isla más que Batista en Cuba. Y no le faltaba razón, pues a su cargo de director de la penitenciaría sumaba el de jefe del escuadrón 43 de la Guardia Rural, que cubría el territorio, y era además delegado de los ministros de Gobernación y Obras Públicas y alcalde de facto. (Continuará...)

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