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Puerto Padre, Las Tunas.— De todas las intervenciones mesuradas y agudas que escuché en la Asamblea de Balance de la UJC de este municipio, ninguna superó en capacidad de sugerencia a la que aludió a las sanciones que aplican los comités de base a sus militantes cuando alguno comete un error.
¿Se corresponden siempre los correctivos impuestos con la magnitud de las indisciplinas? ¿Se alerta con el debido tiempo acerca de la aparición de conductas negativas? ¿Conocen los sancionados sus derechos en materia de reclamaciones? ¿Qué tratamiento reciben por parte de sus compañeros una vez confirmadas las sanciones?
«Muchas veces suele suceder que sancionamos a alguien por cometer una indisciplina o incurrir en un error y luego lo dejamos al garete, sin el correspondiente apadrinamiento para que pueda salir del bache —se lamentó un miembro de la Comisión Municipal de Apelaciones—. Cuando procedemos así no estamos haciendo un buen trabajo ideológico».
Sobre esto hay una realidad: numerosas estructuras de base carecen aún de la conciencia de que la aplicación de una medida disciplinaria significa casi siempre sancionar a un camarada descarriado, nunca a un enemigo de ideales. Y que ese mismo camarada podrá retornar o no al ejercicio de sus derechos así como sea ayudado a recuperarlos.
Existen también algunos colectivos de base que apelan a ultranza a la separación de filas cuando se cometen faltas susceptibles de recibir otro tratamiento. Pocos se detienen a valorar la gama de alternativas que ofrece el Reglamento para casos así. Tampoco interiorizan que una sanción será siempre una derrota, porque evidencia mal trabajo.
«Si una sanción no es educativa, entonces no sirve para nada —apuntó en la reunión Yoengli Pérez Vivar, dirigente juvenil del BANDEC municipal—. Y debe tener otro sello: imponerse en el momento apropiado, ni antes ni después. Porque un error que no se rectifique a tiempo va creciendo y luego es más difícil enmendarlo».
Y es ahí donde necesitan cumplir con su encomienda las rendiciones de cuenta de los militantes de la UJC a sus compañeros de organización. «Nos hemos acostumbrado a ser superficiales y amiguistas en esta tarea —admitió Eloy Ochoa, jefe de los Trabajadores Sociales en la comarca—. Si la hiciéramos bien habría menos sancionados».
En efecto, una rendición de cuenta del militante a su comité de base nunca deberá parecerse a un «cuéntame tu vida», ni a un ejercicio de inmodestia personal. Lo ideal es que constituya siempre una suerte de introspección, de autoanálisis a partir de valoraciones justas y objetivas. Sin autoflagelarse, porque eso es también dañino.
¿Se imaginan cuántas sanciones podrían evitarse si los militantes y quienes los dirigen fueran capaces de reconocer y detectar en público sus deficiencias y de concebir soluciones para zanjarlas en plazos razonables? Sí, porque nadie transforma actitudes de la noche a la mañana. Solo la sistematicidad y el control las garantizan.
Por un mal trabajo en la política de sanciones es que algunos militantes de la UJC llegan a la edad límite para ingresar al Partido y no consiguen hacerlo. ¿Cómo se explica? Sencillo: acumulan en su aval demasiados correctivos. No fueron advertidos a tiempo sobre determinados errores o recibieron tratamientos incorrectos una vez consumados. Y la organización de vanguardia exige calidad.
Sancionar no es depurar, sino educar. El informe a la Asamblea puertopadrense se lo propone en una de sus partes: «Es importante continuar trabajando para que las medidas que se apliquen sean realmente educativas, evitando separar de las filas a un joven siempre que exista la posibilidad de educarlo dentro de estas».
