Los dolores del coco

Más de mil campesinos baracoenses están afectados desde hace más de cinco meses por impagos de la Empresa Municipal del Coco, descapitalizada y con necesidad de encontrar nuevos horizontes

Autor:

Lisván Lescaille Durand

BARACOA, Guantánamo.— Poco importa saber por dónde le entra el agua al coco. La vieja interrogante ya no despierta el entusiasmo de nadie en este municipio, el mayor aportador nacional del árbol de los cien usos. Menos aún entre los más de mil productores del territorio vinculados al rubro, que no han recibido retribución monetaria en este año, después de entregar los volúmenes contratados.

El problema debería estallar como petardo entre las manos de quienes viven de una actividad que puede convertirse en fuente segura de ingresos por concepto de exportaciones y sustituir importaciones al mismo tiempo. Pero no lo hace. Y genera más angustias que dinero.

Juventud Rebelde había destapado ya, en anteriores ediciones, la caja de Pandora de este renglón, que aquí concentra el 85 por ciento de sus acopios. Pero desde hace una década se intenta detener la caída en picada de la producción cocotera ubicada el pasado año en unas 7 985 toneladas. Sépase que en el quinquenio 2009-2013 ese indicador bajó, en toda la provincia, de 17 993 a 9 397 toneladas.

No han sido pocos los demonios que tratan de exorcizar los baracoenses: falta de recursos para elevar los rendimientos del cultivo, el irrisorio pago (60 pesos por quintal) al campesino, deficiente aplicación de la ciencia y la técnica, además de otros problemas subjetivos que, en suma, empujaron a la empresa por un precipicio económico y financiero, cuyo descalabro pareciera irreversible.

El asunto cobra ahora otros matices, en tanto hiere directamente los bolsillos de los trabajadores, como lo ilustra Yolaida Cobas Matos, presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Baracoa: «La empresa tiene una deuda de más de un millón de pesos con los productores asociados a las 18 unidades básicas de producción cooperativa (UBPC), 18 cooperativas de crédito y servicios (CCS) y diez cooperativas de producción agropecuaria (CPA) que clasifican como cocoteras», expone.

Abigail ¿de las viandas?

Abigail Duporte Lambert, eficaz administrativo de la UBPC cocotera Mártires de Angola, intenta asirse a su última tabla de salvación: el plátano burro. «Aunque se paga bien, no tributa el dinero necesario para pagar a los trabajadores, deducir los impuestos, así como comprar insumos y otros requerimientos del cultivo».

Con la venta de «un poquito de cacao y algunas hortalizas», aunque no sea su fuerte, también intenta Abigail capear el temporal de los impagos a los integrantes de su UBPC. Pero desde diciembre le deben unos 14 000 pesos por el importe de casi cien toneladas del fruto ya entregadas. Tampoco pueden acceder a créditos bancarios, «hasta tanto se concrete el anunciado reordenamiento de la empresa», le dicen los directivos de su UBPC.

Algunos de los colegas de Abigail sostienen sin ambages que en las actuales circunstancias «no fían ni un quintal más de coco». Ese es el caso de Nicolás Columbié Cobas, a cargo de la CPA Frank País, quien ni siquiera ha podido cerrar económicamente el año 2013 para sus 34 socios, por el deplorable estado financiero de esa instancia.

«Ese problema impacta negativamente también a nuestras familias, que dependen de los ingresos de la actividad del coco para su sustento», remarca, por su parte, Osvaldo Romero Toirac, de la CCS Wilmer Galano Reyes. A él le deben unos 27 000 pesos «sin que aparezca una explicación coherente de parte de alguna entidad del sistema de la Agricultura en el territorio y la provincia», sostiene.

El problema impacta perniciosamente no solo en el acopio del cocotero, sino además en el entusiasmo y la conducta de algunos productores, desestimulados para cumplir sus compromisos, agrega Yolaida Cobas.

«Por nuestra parte, alertamos a todas las instancias del territorio y la provincia, y seguimos haciendo el trabajo político con los campesinos, quienes, en su mayoría, están conscientes  de la necesidad de cumplir los compromisos pactados», enfatiza.

Sigue cayendo

Idelfonso Jiménez Laborí, director de la Empresa del coco en la ciudad paisaje, está en medio de una tormenta desde que en diciembre último ese renglón «quedó excluido de la lista de productos agrícolas que sufragan sus gastos mediante el otorgamiento de créditos bancarios rotatorios, de acuerdo con la Resolución 560 de 2013, del Ministerio de Finanzas y Precios».

Explica el funcionario que inmediatamente el Banco de Crédito y Comercio en La Primada cesó las operaciones de facturación que realizaba con la empresa, mediante las cuales esta solventaba parte de sus urgencias financieras, como el pago en término a los productores de coco.

«Desde ahí no hemos podido pagar un centavo más. Al cierre de abril de 2014, la deuda con los productores ascendía a 1 367 572 pesos. Ello genera un ambiente muy tenso que incide en el cumplimiento de los contratos. La empresa está descapitalizada, endeudada y en proceso para su extinción y reordenamiento dentro de la actividad agrícola local.

«La situación está en manos del Grupo Frutícola Nacional y el Ministerio de la Agricultura; sabemos que se tramita el expediente con otros organismos de la Administración Central del Estado, pero estamos conscientes de que la demora repercute muy negativamente en nuestros productores y la economía de la empresa», sentencia Idelfonso.

Sin capacidad de pago

Como supusimos, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec), exige garantías sólidas para otorgar nuevos financiamientos. «Eso significa —dice Romanis Noa, su director en el municipio— un flujo de caja positivo, y la demostración de que tienen clientes que aseguren futuros ingresos».

En este sentido, amplía Yudalmis Parra Michel, jefa del departamento de la Banca Agropecuaria en la provincia, la empresa quedó sin capacidad de pago al perder a su principal cliente —Suchel— que compraba el aceite de coco.

«Y no ha mostrado nuevos clientes que aporten esos ingresos por la venta del aceite u otros conceptos que respalden nuevos créditos», sostiene Parra Michel.

El contrato de la discordia

Un supuesto incumplimiento del contrato por parte de la empresa Suchel, radicada en La Habana del Este, se menciona a menudo como el empujón que precipitó finalmente la caída de la austera entidad baracoense.

Asegura Idelfonso Jiménez que su industria aceitera debió retener en los almacenes, durante cuatro meses, unas cien toneladas del insumo destinadas a la empresa capitalina, integrante de la Unión de Empresas Suchel.

«Por ese concepto dejamos de ingresar, en su momento, más de un millón de pesos, monto que servía para amortizar parte de nuestra deuda y disponer de liquidez para pagar al menos tres meses a los productores», ilustra Idelfonso.

«El estancamiento del aceite también influyó negativamente en el proceso fabril, los planes de la fábrica y su estado financiero, razones por las que entablamos una demanda», sostiene.

JR no demoró en conocer los argumentos de la contraparte, debido a la celeridad con que los principales directivos de Suchel Cetro respondieron sus interrogantes: «En septiembre tuvimos que paralizar la producción de viruta de jabón, proceso en el que se utiliza el aceite de coco de Baracoa o el de palmiste (importado)», explica su director Jorge Alberto Piñeiro López.

«Obtener la viruta —añade— resultaba inoperante económicamente, a causa de la obsolescencia tecnológica de nuestra planta que, además, realizaba vertimientos importantes de residuos contaminadores del medio ambiente.

«Esa parada se informó verbalmente en el mes de mayo y de forma escrita en junio de 2013 a la empresa baracoense. Nosotros, no obstante, extrajimos unas cien toneladas que tenían en almacén, cumpliendo lo acordado en las actas de negociación entre ambas entidades, suscritas en los meses de junio y julio de 2013, pero ellos continuaron con su ritmo productivo.

«La empresa baracoense estableció una demanda judicial a nuestra empresa para que les indemnizáramos 119 000 CUC, pero la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial  de La Habana la declaró sin lugar», afirma Piñeiro.

A través de la importadora de la Unión Suchel se compra en el exterior toda la viruta que necesitan para fabricar el jabón, comercializado por el Ministerio del Comercio Interior, decisión que según Laritza Campos del Río, directora de Producción y ventas de la entidad, se justifica «porque en estos momentos es más barato adquirirla afuera que producirla, a toda costa y todo costo, en nuestra fábrica».

«Ya se concluyó el estudio de factibilidad para la ejecución de una inversión para un cambio de tecnología que posibilite la reanudación de la fabricación de viruta con un mayor rendimiento de las grasas, con costos más competitivos, una reducción de un 90 por ciento de los residuales contaminantes y el adecuado tratamiento de lo que resta», argumentó Laritza.

En busca de otros horizontes

No debe ignorarse que si se aplicara el Lineamiento 17* de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución a la Empresa del coco baracoense, podría esperarle hasta la disolución, si no avizora nuevos horizontes.

Para hombres del coco como Abigail, se requiere finiquitar ya el entuerto burocrático que ensombrece el panorama de la actividad. Algo que, dicho con sus palabras, «se resuelve pagando todo lo que se le debe al productor, y evaluar seriamente una mejor remuneración de este renglón para que tenga un impacto positivo en la economía nacional».

Pero también urge una búsqueda audaz de nuevos clientes para expandir sus destinos comercializadores, renovar y atender los contratos con los actuales compradores de coco en la industria alimentaria de Santiago, Ciego de Ávila, Guantánamo y en la misma Baracoa, entre otras decisiones.

El coco rinde si se invierte en él —dicen allende La Farola—, y aunque por ahora parezca que solo da dolores de cabeza, los baracoenses saben mejor que nadie por dónde le entra el agua.

*Las empresas estatales que muestren sostenidamente en sus balances financieros pérdidas, capital de trabajo insuficiente, que no puedan honrar con sus activos las obligaciones contraídas, o que obtengan resultados negativos en auditorías financieras, serán sometidas a un proceso de liquidación, cumpliendo con lo que se establezca al respecto.

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