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Engullidos por su propia trampa Autor: Juventud Rebelde Publicado: 29/01/2018 | 11:19 pm
SANTA CLARA, Villa Clara.— El pulsear entre los perseverantes en transgredir y quienes están para cerrarle el paso echó otra hoja atrás, en los últimos 12 meses en esta provincia, con la imposición de la legalidad sin extremismos, pero sin titubeos.
Suele ocurrir que cuando publicamos las cifras que retratan lo realizado, muchos internautas comentan en la página web que resulta un tema gastado en nuestro país, y se preguntan en alta voz hasta cuándo vamos a estar permitiendo que nos roben, y, lo más doloroso, que sea en instituciones estatales. O que las multas que les imponen pueden sufragarlas con el mismo dinero mal habido que se engullen.
En realidad, ese desafío para eliminar o desarticular al máximo a los acogidos a esas «luchitas» indecorosas tendrá que ser permanente y sistemático, porque la ley se debe hacer cumplir de manera enérgica y nunca con exhortaciones para evitar que termine en letra muerta, como, lamentablemente, ha ocurrido por esa falta de enfrentamiento resuelto, oportuno y contundente.
De ahí el papel vital que desempeñan los diferentes cuerpos de inspectores, como bien lo confirman estos guarismos: el pasado año en Villa Clara se impusieron en el sector estatal y entre los cuentapropistas más de 50 000 multas por un valor superior a los 5 900 000 pesos, reveló Reinaldo Oms Pairol, director de la Dirección de Inspección y Supervisión Integral (DIS) en la provincia.
La fechoría de estos transgresores no terminó en la impunidad, también se les archiva en su expediente y si vuelven a reincidir la sanción resulta de mayor magnitud, sin excluir la pérdida de patente, que se le retiró el pasado año aquí a 77 personas, además de la realización de 30 decomisos, las dos medidas más temidas.
En cuanto al sector estatal, además de las multas de los inspectores las administraciones pueden aplicar sanciones que van desde la separación definitiva del puesto de trabajo, cambio de este, descuento salarial y hasta una amonestación pública.
Las causas de las confiscaciones, amparadas en el Decreto-Ley 315 de 2013, como resultado de violaciones graves en el trabajo por cuenta propia, se encuentran el ejercicio de una actividad de venta o prestar servicios desautorizados por la legislación para el trabajo no estatal, carecer de licencia sanitaria y vender productos o utilizar para su elaboración materias primas de procedencia ilícita.
Se le aplica la suspensión del permiso para comercializar a los reincidentes en graves violaciones de las normas como el engaño al consumidor al cobrarle más de lo establecido o entregarle menos, incumplir normas técnicas en la elaboración de productos e incumplimientos de las medidas higiénico-sanitarias.
Las inspecciones abarcaron comercio y gastronomía, ferias agropecuarias, establecimientos encargados de la elaboración y venta de pan, comedores obreros y cuentapropistas.
Lo realizado para proteger al consumidor demuestra, inequívocamente, la necesidad de mantener la presión sobre los vendedores estatales y particulares porque en ese tipo específico de «luchita», unos y otros andan muchísimas veces con las manos sueltas y corresponde atárselas de cuajo.
