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SANTIAGO DE CHILE, junio 4.— En Chile no existe la justicia para el pueblo mapuche, denunció hoy la portavoz de esa etnia Pamela Pessoa acerca del fallo de la Corte Suprema contra cuatro líderes indígenas, según PL.
Pessoa, esposa de Héctor Llaitul, condenado ayer por el máximo tribunal chileno a 14 años en prisión, consideró muy grave para la lucha social en el país que no se haya anulado el juicio contra los comuneros, los que se mantienen en huelga de hambre «hasta las últimas consecuencias» en demanda de un proceso justo.
Rechazamos absolutamente este fallo, se ha validado la ley antiterrorista y la utilización de testigos secretos, subrayó la vocera mapuche en alusión a la criticada legislación impuesta por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y empleada históricamente en Chile para silenciar la protesta social.
Opinó que la Corte no actuó apegada al Derecho y por el contrario se prestó a una especie de negociado con el gobierno y el empresariado local.
Sobre la recalificación del delito de homicidio frustrado en torno al alegado ataque al fiscal Mario Elgueta en 2008, reiteró que se trató de un montaje. El fiscal no tuvo ni un rasguño y hasta dudamos que haya estado el día en el que se refieren los hechos, manifestó.
Pessoa recalcó que Llaitul y los otros tres comuneros no aceptan el veredicto del tribunal que sólo rebajó las penas, pero que legitimó el juicio y el uso de la ley antiterrorista.
Para la también portavoz mapuche Natividad Llanquileo, el Estado chileno es el único responsable si ocurriera un desenlace fatal ante el prolongado ayuno, el segundo de más de 80 días en menos de un año.
La condena es para todo el pueblo mapuche y no será aceptada de ningún modo; por lo que se acudirá a los tribunales internacionales para exigir justicia.
Coincidente con las comunidades indígenas, el senador y fundador del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro, comentó que el mencionado veredicto, del que estaba pendiente no sólo Chile, sino también la comunidad internacional, constituyó el certificado de defunción del sistema democrático en el país.
La Corte Suprema desconoció el pedido de anulación del juicio y condenó a ocho años de cárcel a José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Hullical y a 14 a Héctor Llaitul.
