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A nombre de las FARC-EP Pablo Catatumbó pidió al gobierno encontrar una pronta y sensata solición a este problema para proseguir con los diálogos de paz. Autor: EFE Publicado: 21/09/2017 | 05:58 pm
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) reconocieron este martes que tienen en su poder al general del Ejército colombiano, Rubén Darío Alzate, pero no en condición de secuestrado como ha afirmado el Gobierno de ese país sudamericano, aseguraron.
Al hablar sobre la situación generada en Colombia luego de la captura el domingo último del alto militar y que llevó a que el presidente Juan Manuel Santos decidiera suspender temporalmente el proceso de paz, el Comandante guerrillero Pablo Catatumbo declaró a medios de prensa en La Habana que «no se trata de un secuestrado, como ha dicho el Ministro de Defensa, se trata de uno de los generales más importantes de las Fuerzas Militares de Colombia que ha sido capturado en ejercicio de su mando y en su propio teatro de operaciones, sin usar la violencia».
La mesa de diálogos, que este 19 de noviembre cumple dos años de instalada, debía reanudarse este martes, pero quedó en el aire luego de que el presidente colombiano Juan Manuel Santos ordenara a su equipo negociador no viajar a La Habana hasta que se libere al general Alzate, capturado junto a otras dos personas en la selva colombiana.
Situaciones de esta índole, agregó Catatumbo, responden en gran medida, a la reiterada negativa del Gobierno de no establecer un alto al fuego bilateral durante las conversaciones de paz. «La captura del general la estamos presentando como un hecho normal de los que ocurren en la guerra, mientras no haya un cese al fuego pactado, estas situaciones se van a seguir presentando», expuso.
Desde que se sentaran a la mesa de negociaciones, las FARC-EP han insistido al Gobierno sobre lo imponderable de detener la guerra y establecer un alto en las hostilidades, pero Santos ha negado reiteradamente esta posibilidad.
En estos dos años, los enfrentamientos, ataques y bombardeos en la selva y en las montañas colombianas han continuado en un conflicto que ya lleva más de medio siglo y ha dejado 200 000 muertos y millones de desplazados.
«Un cese bilateral al fuego generaría un medioambiente más tranquilo, así como condiciones favorables para adelantar el proceso», agregó el alto jefe insurgente.
«Mientras continúe la confrontación, se van a presentar hechos como este e incluso hasta mucho más graves. Es la hora de la sensatez, es la hora de pensar con la cabeza fría y de pensar que a Colombia le llegó la hora de la paz», reflexionó Catatumbo.
Antes, en una declaración leída por el general insurgente Rubín Morros, las FARC-EP reconocieron que «el 16 de noviembre, a eso de las 15:00 horas, los guerrilleros del bloque Iván Ríos, en ejercicio de sus tareas de seguridad, interceptaron el bote en que viajaba Alzate. Fue capturado junto con dos personas de acompañamiento, en razón a que se trata del personal militar enemigo que se mueve, en ejercicio de sus funciones en áreas de operaciones de guerra», reza el documento.
Corresponde ahora entablar conversaciones con el Gobierno para resolver esta situación, apuntó el general insurgente. «Estamos dispuestos a encontrar una pronta, tranquila y justa solución a este problema».
En ese sentido se solicitó separar la situación generada dentro del país con los diálogos de paz ya que —apuntó—, en Colombia están los altos mandos y la dirigencia de la guerra, «acá estamos en labores de paz».
En otra parte de su alocución, las FARC-EP insistieron en que se respetará «la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros». Junto al general Alzate fueron detenidos cuando desembarcaban de una lancha vestidos de civil y sin escoltas, el cabo segundo Jorge Contreras Rodríguez y la abogada Gloria Urrego.
Las circunstancias en que ocurrieron los hechos no son del todo transparentes, lo que ha sido reconocido por ambas partes. Al respecto, Catatumbo apuntó que le corresponde al Gobierno explicar qué hacía un militar de alto rango, rompiendo todos los protocolos de seguridad, en una zona altamente conflictiva. El lunes, Santos, al anunciar la suspensión de los diálogos, también pidió esclarecimiento de los hechos.
Trascendidos desde la nación sudamericana afirman que por orden directa del fiscal general, Eduardo Montealegre, se abrió una investigación sobre el caso.
Tras dos años de conversaciones, las partes han avanzado en tres puntos —de los cinco que conforman la agenda— y este martes debió reanudarse el ciclo número 31 en el que recibiría al último grupo de víctimas que durante los dos meses precedentes ha intercambiado cara a cara con las partes.
Se conoció, además, que hoy miércoles la guerrilla ofrecerá una conferencia de prensa en la que hará un balance sobre estos 24 meses de negociaciones.
