Nicaragua: razones para el voto

La abstención es el caballo de batalla de sectores de la oposición que intentan desacreditar los resultados electorales de este domingo. FSLN es favorito

Autor:

Marina Menéndez Quintero

No siempre las encuestas han sido infalibles, por eso auguran el triunfo del Frente Sandinista en las elecciones generales de hoy los resultados de su ejecutoria, más que las intenciones de voto que le otorgan amplísima mayoría.

Descontando los programas sociales que han sido paliativo a la enorme pobreza hallada por Daniel Ortega a su vuelta al poder en 2007 —hay analistas que hablan del 70 por ciento dentro de ese conglomerado entonces—, se constata una efectiva reducción de pobres y redistribución del ingreso que sitúa al país, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en el segundo de Latinoamérica que más ha contraído la desigualdad.

No es un logro alcanzado solo a base de ayudas solidarias del Estado. Nicaragua había conseguido entre 2007 y 2011 un aumento del empleo del 40 por ciento y un incremento de los trabajadores con seguridad social de más del 35 por ciento.

Quizá lo más interesante sea que estos positivos índices socioeconómicos se han seguido incrementando, y que a ellos se llega con saldos macroeconómicos que han hecho relamerse de gusto a las propias instituciones de Bretton Woods, cuyas recetas depredaron a nuestros pueblos en los años de 1980 y ahora algunos quieren volver a aplicar en Argentina y Brasil, a costa de los recortes sociales.

Es noticia que el Banco Mundial destaque a Nicaragua por sus crecimientos superiores al promedio de la región, con un PIB sostenido en torno al cinco por ciento (este año de crisis regional se espera sea de más del cuatro por ciento), y subraye en el logro de esa cifra la conjugación de la disciplina fiscal, la expansión de las exportaciones y la inversión extranjera directa, que en 2015 fue de más de 1 200 millones de dólares. El Banco Central de Nicaragua añade a esas consideraciones el incremento del consumo interno (lo que significa más poder adquisitivo en manos de la población) y el aumento registrado en las áreas de construcción, agricultura y ganadería.

En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI), hasta ha pasado página a la nación en su injerencista libro de diagnósticos y disposiciones, y el primero de agosto cerró su oficina en Managua, establecida desde el difícil año de 1994, cuando Violeta Barrios de Chamorro (de la Unión Nacional Opositora) detentaba el poder que logró en los comicios de febrero de 1990: una elección decidida por la guerra sucia de Estados Unidos por medio de la contra (bandas armadas), y que selló los primeros y azarosos diez años de gestión de Ortega, un mandato marcado por el acoso estadounidense luego del triunfo revolucionario armado del 19 de julio de 1979.

Ahora, la retirada del FMI fue considerada como un voto de confianza ante los buenos resultados macroeconómicos y financieros de Nicaragua. De cualquier manera, el Fondo dijo que continuaría asesorando mediante visitas de asistencia técnica.

No quiere decir que todo esté alcanzado. Según el propio FMI, del 42 por ciento de pobres registrado en el año 2009 queda todavía el 29,6 por ciento en esa condición. De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo Humano trazado por el Gobierno desde 2012 hasta este 2016 contemplase aun un mayor «incremento del trabajo que reduzca mayores niveles de pobreza», y el fortalecimiento de la alianza entre trabajadores, productores y el Gobierno «como una estrategia de cohesión social para el desarrollo y el fortalecimiento de la política exterior y de cooperación externa soberana, independiente y abierta a todos los países del mundo», entre otros derroteros.

Quizá lo más descollante del proceso nicaragüense liderado por el FSLN con Daniel Ortega en el poder durante dos mandatos consecutivos sea, justamente, la armonización. El desarrollo social no ha sufrido a causa de la ejecutoria macroeconómica, así como, al interior del país, el partido político FSLN no ha dejado de lado los derroteros que defendía cuando, como movimiento guerrillero, acabó con la dinastía de los Somoza, pero al propio tiempo ha convertido en aliados a los otrora encarnizados enemigos, como el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y hasta a la alta jerarquía de la Iglesia Católica.

Crucial la asistencia a las urnas

Tal entorno podría ser suficiente para explicar las intenciones de voto que sitúan a Daniel Ortega, con su compañera y dirigente sandinista Rosario Murillo, como aspirante a la vicepresidencia, a la cabeza en todas las encuestas con más de 76 holgados puntos porcentuales como dupla (más del 58 para su Partido). En esos mismos sondeos, su más cercano seguidor, Maximino Rodríguez, del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), se sitúa apenas en el entorno del ocho por ciento de los votos.

Seis agrupaciones participan en las presidenciales, lo que desdice la campaña de sectores de la oposición que se retiraron del ruedo y aducen que esta es una campaña sin verdaderos contrincantes y a la que el Gobierno le habría quitado «la sazón». Ellos actúan con el respaldo de ese participante político en que se han convertido, en casi todas partes, los grandes medios de prensa.

Es de ese modo como tales sectores han retratado la ausencia en las boletas de la Coalición Nacional por la Democracia donde, según ellos, estaban los mejores candidatos adversos al FSLN y a Daniel, y que decidió ausentarse de la contienda luego que, el 8 de junio, la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia que otorgó la representación legal de uno de sus partidos miembros y considerado cabeza de la coalición, el Liberal Independiente (PLI), a Pedro Reyes en detrimento del banquero y conocido político Eduardo Montealegre, quien quedó por detrás de Ortega en los comicios de 2006.

Dicha medida fue desconocida por 16 diputados del PLI y por 12 suplentes, a quienes el 29 de julio, en consonancia, se les retiró la condición de legisladores por el Consejo Supremo Electoral.

Tal decisión y la libérrima decisión de las autoridades electorales nicaragüenses de no aceptar observadores internacionales —aunque habrá acompañantes del proceso como en otros países latinoamericanos— han sido el caballo de batalla en que se han montado los adversarios de la Revolución Sandinista para descalificar los comicios, al punto de llamar a la OEA a tomar cartas en el asunto y afirmar que desconocerán los resultados: algo poco serio porque no están participando de la liza.

Así, en medio de una campaña electoral calificada de tranquila por quienes pisan el terreno, y carente de sustancia por quienes atizan las suspicacias, la propaganda de esos partidos fuera del torneo ha sido llamar a la abstención. Por esa misma razón, el mejor medidor del éxito de los comicios y de la receptividad que puedan tener o no esos sectores no será solo el triunfo o no del FSLN, sino la participación del electorado en las urnas. Y, ojo, porque hay poco más del 20 por ciento de encuestados que en algunos estudios no han revelado sus simpatías, en un llamado voto oculto.

La mano de EE.UU.

Claro que no podía dejar de asomar nuevamente la mano peluda de Estados Unidos y, concretamente, de su legislativo, que emitió un injerencista proyecto de ley para castigar a la Nicaragua de Ortega, según han dicho observadores sagaces luego que personalidades de la Coalición, concretamente del llamado Movimiento Renovación Sandinista, anduvieron por Washington…

Así fue aprobada en la Cámara de Representantes de EE. UU., en septiembre, la H.R. 5708, Nicaragua Investment Conditionality Act of 2016, conocida por sus siglas NICA, que tiene entre sus promotores a la conocida legisladora anticubana Ileana Ros-Lehtinen. Acompañado de una larga, irreverente y manipulada enumeración, por años, de supuestas violaciones a la democracia electoral en Nicaragua, el proyecto estipula detener los préstamos de las instituciones financieras al país hasta tanto se tomen medidas para un proceso electoral que ellos quieran calificar de «libre, justo y transparente».

Sin embargo, los propios entuertos de la escandalosa campaña presidencial de EE. UU., que irá a elecciones el martes, impidieron hasta hoy la votación en el Senado, por lo que el proyecto de ley quedó paralizado.

No obstante, la iniciativa es ya una muestra de las facultades injerencistas que se siguen atribuyendo círculos de poder en EE. UU. y, también, de cómo ciertos sectores políticos de la derecha regional no solo les abren las puertas, sino que van a buscarlos para invitarlos a hollar la casa.

También se queda una pensando por qué las decisiones tomadas en torno a los diputados del PLI habrían provocado el retiro de la Coalición para la Democracia de las elecciones.

Si tanto confían en su programa (no conocido) y en las supuestas falencias del Gobierno del FSLN, la ausencia de Montealegre en las boletas —que tampoco fue dictada por las autoridades electorales— no explica el hecho de que se retiraran.

Parece estar pesando más que otra cosa en la desunión de esa derecha y su carencia de líderes. Y una se pregunta si su salida de los comicios no ha sido una estratagema montada para cuestionar los resultados de hoy.

De manipulación en manipulación anda la derecha, lo que demanda que los pueblos abran cada vez más los ojos en América Latina.

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