Puerto Rico, lo que el viento dejó

Después de las ráfagas de María, la vecina isla sufre las tempestades de la privatización. Coloniaje y deuda, una mala ecuación

Autor:

Marina Menéndez Quintero

A Puerto Rico no lo han asolado, precisamente, las lluvias y los vientos huracanados de María. A Puerto Rico lo están haciendo trizas las penurias coloniales que su peor catástrofe natural en 80 años, ha sacado a flote.

Como si otras rachas de inusitada fuerza siguieran soplando, a casi cinco meses del desastre provocado por el meteoro siguen cayendo, uno a uno, los pilotes que han  sostenido la estructura neocolonial de un país que amenaza pasar ahora de la dependencia de Estados Unidos, a la del poder económico transnacional. San Juan no tiene cómo resolver. Por eso, una a una, se anuncian cada semana nuevas privatizaciones.

Los postes del tendido eléctrico que no acaban de levantar constituyen apenas la expresión, retratada en una imagen, del drama real: el derrumbe del ineficiente y anacrónico sistema político y económico que le fuera impuesto a la isla por EE. UU. hace más de un siglo, cuando se proclamó su dueño en virtud del Tratado de París en 1898, que disfrazó cuando le impuso en 1952 el engañoso estatus de «libre asociación».

Noches con calles en penumbra, viviendas en el piso y fogones en habitaciones sin techo son las vistas más recurrentes en los reiterados reportajes fotográficos que prosiguen dando cuenta del marasmo en que vive aún el puertorriqueño común: ese que no ha migrado a territorio estadounidense, donde se dice que llegaron miles en los últimos meses, y estudios vaticinan que sumarán un total de 470 000 del año pasado al que viene.

Para los reporteros sobre el terreno y la mayor parte de los observadores de fuera, el avance o no de la reconstrucción se palpa en la incapacidad de restaurar la electricidad de un Gobierno que, como es el caso del puertorriqueño, no tiene presidente «propio» y carece de los recursos para, al menos, paliar las necesidades.

Todo se decide en Washington donde está, supuestamente, el Jefe de Estado del pueblo boricua. Pero Donald Trump sigue desentendido de una tragedia ante la cual, en un gesto de marcado simbolismo, arrojó rollos de papel absorbente a los damnificados que acudieron a saludarlo en su primer, rápido, y único viaje a Puerto Rico después del huracán. Eso es lo que significa la isla para el mandatario.

Realmente, no debe culparse a los puertorriqueños que, desprovistos de una ideología secuestrada por la penetración estadounidense, se pronuncian en los referendos que han sondeado su opinión por ser otra estrella en la bandera de quien los ha encadenado: mejor ser otro estado de la Unión, pensarán ellos, que un peón.

Sin embargo, la necesidad de reponerse del desastre ocasionado por María, y la mirada desvaída de la administración Trump, está llevando a la isla por otros derroteros.

Primero fue la casi subasta de la reparación de las líneas eléctricas devastadas a empresas privadas, los escándalos de concesiones corruptas, y la promesa/esperanza del gobernador Ricardo Roselló de que para diciembre pasado el 90 por ciento de la población tendría el servicio.

Dos meses pasado el plazo, solo disponía de «luz» poco más del 67 por ciento de los abonados, y Roselló anunciaba en enero la venta, en un proceso que durará año y medio, de los activos de la ya endeudada Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

De ese modo, dijo el Gobernador, se podrá «transformar el sistema de generación en uno moderno, eficiente y menos costoso para el pueblo».

Pero muchos no piensan igual.

De entrada, la corporación estatal eléctrica llega aquí con débitos de 9 000 millones de dólares, según ha declarado la intervencionista Junta de Control Fiscal, impuesta por Washington para que Puerto Rico, un país declarado en quiebra, pague los cerca de 70 000 millones de dólares que constituyen su deuda externa: una pena gigantesca que existía antes del ciclón, y que en estas circunstancias de desastre, se magnifica.

Algunos se han preguntado si con semejantes adeudos la Junta permitirá que la AEE se venda y, además, si será posible que lo recaudado en tan triste trámite como deshacerse de un patrimonio nacional se utilice, tal cual planea la gobernación, para pagar el retiro de los trabajadores que «se jubilen»… ¡Así de dramáticas están las finanzas boricuas! Hay que esperar a vender para pagar.

Por otro lado, pocos estiman que el costo de la electricidad será más barato cuando las transnacionales la intervengan, y recuerdan —como lo ha hecho en estos días el semanario Claridad— el triste desenlace que tuvo para el país la puesta en manos privadas del servicio de salud en los tiempos de Pedro Roselló, exactamente en 1993. Y, luego, la venta de la Compañía Telefónica, motivo de protestas que desembocaron en un movimiento unitario pocas veces visto antes en Puerto Rico.

Para esos observadores, la privatización en la tierra boricua no es de ahora, viene de atrás.

No puede desconocerse, sin embargo, que los efectos del huracán María, desparramados sobre una isla así atada, sin fondos en sus arcas ni alguien que asuma la responsabilidad toda vez que Donald Trump la evade, están precipitando las acciones.

En Manhattan, ciudadanos boricuas que portaban carteles donde se leía: «Puerto Rico no se vende», protestaron contra la medida hace unos días, a propósito de una reunión allí de la Junta de Control Fiscal.

«El desastre no ha sido solo María, el desastre ha sido la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos», dijo una de las manifestantes al programa Spectrum Noticias, de Nueva York.

A por más

La AEE no constituye todo lo que se mueve en Puerto Rico en materia privatizadora, por más que la electricidad constituya un servicio de primer orden, y todo un emblema.

Aun puede ser peor, como se deduce de la intención del gobernador Roselló de transformar los centros estudiantiles en lo que se ha denominado en Estados Unidos «escuelas chárter»: Centros educativos que, entre otras peculiaridades, conllevan el peligro real que debe representar para cualquier país, el hecho de que los colegios de sus hijos, como será el caso, sean dirigidos por compañías grandes o pequeñas, padres de familia, maestros, grupos comunitarios, u organizaciones sin fines de lucro.

La puesta en vigor de tales escuelas es el meollo de la reforma del sistema educacional que ya se discute en la Cámara de Representantes en San Juan, y que, según analistas del patio, entregará también la enseñanza a intereses privados, lo que comprometerá no solo la calidad académica, sino el empleo de miles de profesores.

Aunque las autoridades de Educación y Justicia han dicho que los cambios son necesarios para mejorar el aprovechamiento escolar, ni ellas mismas han podido esconder el trasfondo de un país atravesado por los graves problemas financieros que les ha dejado una economía dependiente de Washington, y luego abandonada a su suerte: expertos dicen que la debacle financiera empezó para Puerto Rico desde que la Casa Blanca derogó la sección 936 del Código de Rentas Internas, mediante la cual se promovía que corporaciones estadounidenses utilizaran a la isla como fuente de inversión, al eximirlas de contribuciones federales…

En los debates de la reforma, la titular de Justicia, Wanda Vázquez, reconoció que «la situación económica de los últimos años y, los daños causados por los huracanes Irma y María, producen retos mayores en todos los renglones de la sociedad, incluyendo la educación (…)».

Al parecer se ha salvado el Instituto Nacional de Estadísticas, una instancia cardinal, que se iba a vender hasta que llegó la recomendación de la propia Junta. «Dada la situación fiscal actual, dijo una de sus miembros, es aún más importante que Puerto Rico se asegure de que sus estadísticas sean transparentes y creíbles para las partes interesadas, incluidos los ciudadanos, el Gobierno federal, los acreedores y los inversionistas».

En Puerto Rico soplarán todavía por un tiempo estas tempestades que no trajo propiamente María, sino aquellos vientos del coloniaje.

 

Una escena común en el Puerto Rico que dejó María. Foto: Reuters

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