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Urnas en campo minado

Las medidas punitivas que a toda prisa sigue implementando el ejecutivo ilegítimo de Jeanine Áñez, siembran de dudas el camino hacia las elecciones anunciadas en Bolivia

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Cada día que transcurre siembra más escepticismo en torno a la limpieza de los comicios anunciados por Jeanine Áñez. Ella es la cabeza —solo la cabeza visible, desde luego— del ejecutivo bajo el cual se enmascara un golpe que prosigue, en tanto no cesa el desgajamiento de la obra refundacional de Evo Morales. Y ello incluye a la sociedad en su conjunto… y a las personas.

Al hostigamiento contra las masas en la calle —que caracterizó las primeras jornadas después de la «conminación» de los militares al Presidente reelecto para que se fuera— ha seguido una represión selectiva que de variadas maneras, como es la usanza en las guerras no convencionales en boga, apresa, segrega, sataniza y persigue mientras pisotea y destruye todo lo que el Movimiento al Socialismo (MAS) construyó. La actuación de los usurpadores es de úcase, como les corresponde.

Las señales se ven, precisamente, en ese esfuerzo arrasador, acometido con celeridad y urgencia como si se tratara de no dejar rastro de la sociedad que se construyó durante los más recientes 14 años: como si fuera menester que Bolivia entre «aséptica» al período que se abra cuando Áñez —como «Dios manda»— entregue el cargo que ilegalmente mantiene, pues, además, se supone que encabeza un Gobierno de transición.

Únicamente por ese afán exterminador podría hablarse en Bolivia, hoy, de «limpieza».

Algunos titulares bastan para mostrar lo que acontece y confirmar, de paso, el rol trascendente que «lo mediático» sigue teniendo en el panorama boliviano, bombardeado primero, como se ha denunciado, por un trabajo sofisticado en las redes sociales que incluye las decenas de miles de cuentas falsas abiertas en Twitter para servir de soporte al golpe.

A ello se suman estos medios de prensa que, apenas ayer, difundían el quehacer del MAS y en 24 horas asumieron el discurso mentiroso de los golpistas, vociferando también, así, la forma brutal en que los canales de comunicación oficiales han sido tomados y se usan para manipular.

Con bayoneta, y sin ellas

Hay mucho de burdo, sin embargo, en la proyección de esos medios, para que alguien medianamente al tanto de la verdad no lea entre líneas. De ese modo puede colegirse el interesado auspicio de los denominados grupos de «resistencia civil», un término acuñado en Bolivia durante la asonada para atribuir a los de abajo las posturas de los golpistas simulando que tienen apoyo en el pueblo, y que ahora se utiliza para disfrazar la identidad de grupos paramilitares —así los ha nombrado Evo— que sustituyen a las fuerzas militar y policial en la persecución contra los dirigentes del Gobierno de Morales.

De esa manera, uno de estos grupos cercó la vivienda del exministro de Gobierno, Carlos Romero, «para evitar una posible fuga», dijo ABI, hasta que llegó la declaración salvadora del hoy nombrado titular de esa cartera, Arturo Murillo —un hombre que parece dar más órdenes que la propia Áñez—, diciendo que Romero «no tiene ninguna acusación formal y absolutamente nada aún (…); entonces, puede circular por las calles normalmente».

Pero no todos han tenido la misma «suerte» del extitular Romero. Una mujer identificada apenas como «empleada» del exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana —un perseguido al que ha dado amparo la Embajada de México, todavía vigilada y rodeada—, fue detenida el jueves en un aeropuerto, acusada de intentar el traslado «irregular» a Argentina de una alegada cifra de dinero, inusualmente cuantiosa.

De esta forma se instrumenta la persecución más atroz, esa que no usa siquiera cargos falsos y hace pensar, por momentos, en la posibilidad de un linchamiento.

De otro lado, avanza la cacería mediante los falsos procesos penales que vuelven a recordar cómo se judicializa la política en América Latina.

Nada menos que ¡592! personas serán investigadas por la Fiscalía solo por estar en «la cúpula» del MAS, por haber ocupado algún cargo «de autoridad» durante sus mandatos o, incluso, por ser familiar de alguno de ellos.

El anuncio lo hizo Álvaro Coimbra, a quien se le ha entregado la cartera de Justicia, y adelantó que entre los investigados se encuentran todos los que hayan desempeñado funciones estatales entre los años 2006, fecha de la llegada a la presidencia de Morales, y noviembre pasado.

Supuestamente, se trata de identificar y juzgar a quienes hayan cometido «actos de corrupción». La sospechosa investigación trabajará sobre una lista donde están incluidos políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales, militares, altos ejecutivos de empresas estatales y funcionarios importantes de partidos políticos, según reseñó la publicación web alternativa Tercera Información.

«El Ministro de Justicia de facto viola la CPE al presumir culpabilidad de 592 exfuncionarios del MAS y sus familias. Se pone por encima de los jueces dictando condena, sin un juicio previo. El régimen de Áñez, Mesa y Camacho es violento, sembrador de pruebas falsas y difamador», denunció Evo en su cuenta en Twitter.

Pero sobre él mismo se recrudece la acechanza. A los cargos de «terrorismo» y «sedición» que falazmente se le imputan, se suma ahora la «solicitud» de los golpistas a Interpol para que active la orden internacional de aprehensión en su contra.

Entorno dudoso

En tal escenario de persecución, con cientos de dirigentes del MAS y activistas sociales presos o amenazados por procesos judiciales corruptos, se ha anunciado por el actual Tribunal Supremo Electoral —renovado por el golpismo, con un vocal escogido a dedo y departamentos donde no fue posible proponer aspirantes— que las elecciones tendrán lugar el día 3 de mayo.

Con esos comicios, el golpismo espera pasar el batón y lavarse el rostro. El MAS, en una decisión osada, acude al torneo electoral para recuperar el espacio que le ha sido robado, de manera artera, en la institucionalidad boliviana.

Aunque el plazo de inscripción de candidatos cierra el 3 de febrero, ya hay aspirantes ligados a la usurpación que han confirmado candidatura, como Carlos Mesa, el principal rival de Evo y perdedor en las elecciones desconocidas de octubre, quien echó a andar la estrategia del presunto fraude desde antes de esos comicios; el golpista y cívico santacruceño Fernando Camacho, quien ya hace campaña nada menos que en Cochabamba, el bastión de Evo y del MAS, y el boliviano de origen coreano Chi Hyung Chu, quien como Mesa, repite después de las elecciones de octubre.

El MAS todavía no ha revelado su dupla, lo cual debe hacer en los próximos días, según ha anunciado. Pero se manejan nombres como el del exministro del Exterior David Choquehuanca, el del también extitular de Economía Luis Arce, o el del joven dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, que acaba de denunciar la existencia de «una operación sistemática de descabezar y destrozar la dirigencia del Movimiento al Socialismo», y el intento del ejecutivo de facto de descalificarlo, presentándolo ante la población «como el radical, como el que busca la muerte, la violencia y eso es totalmente falso», declaró.

No solo da muestras del arraigo del MAS, la masiva participación de sus seguidores en la reunión ampliada que tuvo lugar en diciembre en Cochabamba.

Una temprana encuesta divulgada en los últimos días, y cuando aún no se ha dado a conocer la identidad de los aspirantes del MAS, otorgaba a quienquiera que lo representara el mayor porcentaje de las intenciones de voto (20,7 por ciento), por encima de la usurpadora Áñez (15 por ciento, aunque dice que no se postulará), y de Carlos Mesa (13,8 por ciento), entre otros hipotéticos contrincantes.

Sin embargo, resulta dudoso que el golpismo permita elecciones limpias y transparentes como las que dijo exigir en octubre: fueron ellos quienes quemaron ánforas, violentaron, y ensuciaron el juego para reforzar la acusación falsa de fraude que «justificó» la deposición de Evo.

Otro elemento, externo, no solo exhibe adónde está atado el cordón umbilical de ese golpismo boliviano, también permite adivinar qué propósitos alimenta ese cordón.

Donald Trump acaba de anunciar la reanudación de la denominada ayuda para la lucha antidrogas a que renunció Morales por el carácter mentiroso e injerencista de ese combate desde EE. UU., y de su representante, la DEA.

Lo más elocuente no es que el mendaz Presidente republicano devuelva a los usurpadores el dinero al que la refundación boliviana renunció, sino el motivo por el cual lo entrega ahora.

Según Trump, Bolivia «es vital» para su país. Y lo acaba de descubrir después que los golpistas libraron la convocatoria a elecciones. No resulta difícil advertir para qué, en verdad, es la ayuda, y lo que busca.

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