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Muchos argentinos sienten el peso de la deuda que dejó Macri Autor: EFE Publicado: 05/09/2020 | 08:05 pm
Kirchner y su primer mandato emblemático se enfrentaron a similar coyuntura: las riendas apretadas por los condicionamientos de una onerosa deuda externa que no dejaría andar a una nación sumida, como no lo estuvo entonces alguna otra de América Latina, en el más profundo hueco dejado por el neoliberalismo.
Néstor renegoció los débitos, desató al país del Fondo Monetario Internacional, y Argentina pudo mirar limpiamente hacia adelante y empezar a reconstruir…
Lo impensable era que unos 15 años más tarde, el cuarto ejecutivo peronista después de la debacle que en 2001 estrenó los cacerolazos de manos de una clase media despojada de sus ahorros y empobrecida, se enfrentaría a similar coyuntura.
En diciembre de 2001, el precio de un sistema que floreció con Carlos Saúl Ménem y aguijoneó de modo brutal la vida nacional, lo pagó De la Rúa con su deposición por las protestas. En 2019, el costo de retornar al país a ese pasado vencido, lo abonó en las urnas Mauricio Macri, autor de tan irresponsable vuelta atrás, cuando la mayoría de los electores le impidieron repetir en la presidencia.
Ahora es preciso deshacer sus entuertos. A inicios de esta semana, la conclusión de las tratativas del ejecutivo de Alberto y Cristina con los acreedores privados, permitió sellar la renegociación del pago de una parte de la enorme deuda externa contraída por su antecesor, pedidor de préstamos que engrosaron la deuda pública hasta un total de 323 000 millones de dólares, representativos del 90 por ciento del PIB argentino. El 60 por ciento de esa suma se adquirió bajo su mandato.
La carga está lejos de haberse eliminado. De hecho, se calcula que lo adeudado a los privados representa apenas un entorno de algo más del 20 por ciento del débito total. Pero se considera que renegociar con los bonistas era la parte más difícil. Y deja ventajas.
Esta restructuración significará a Buenos Aires 37 700 millones de dólares menos a pagar en los próximos diez años… Realmente, es un «alivio», el término técnico que tan gráficamente se usa para estos casos.
El acuerdo, formalizado el lunes, abarcó al 99 por ciento de los acreedores privados bajo legislación extranjera y por eso dejó fuera la posibilidad de que vuelvan los llamados «fondos buitre», que hicieron su agosto tras las renegociaciones hechas por Néstor Kirchner —y con los que Macri negoció—, y significa un tramo de deuda equivalente a cerca de 66 000 millones de dólares de la monstruosidad que el país debe… gracias a la gestión macrista.
Esos 66 000 millones se pagarán, pero con una reducción promedio de la carga de pagos que desciende de siete dólares por cada cien adeudados (era lo pautado) a tres por cada cien.
«El ahorro resultante asciende a 37 000 millones de dólares producto, fundamentalmente, de esa reducción de intereses promedio de siete a 3,07 por ciento», ratificó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Los primeros aplausos se los lleva el ministro de Economía y líder del grupo negociador del ejecutivo, Martín Guzmán, un hombre que se sabía clave para el nuevo mandato peronista.
Era conocido también que su quehacer debería empezar por el más pesado lastre que arrastraba el país, razón por la cual tendría que entrar a su cartera con la manga al codo.
Y se esperaba que lo hiciera con la cuota de compromiso nacional con que lo ha hecho. Economista con experiencia en asuntos de la deuda luego de varios años de trabajo con el prestigioso Premio Nobel y conocido antineoliberal, Joseph Stiglitz, Martín Guzmán es calificado como su discípulo.
Buena gestión económica: Bien social
En el lenguaje de Guzmán y de otras autoridades locales, la deuda, sencillamente, se ha hecho «sostenible». Argentina puede pensar en crecer. Y mantener esa «sostenibilidad» debe ser una política de Estado. Ello quiere decir, entre otras cosas, no volver a la noria de los préstamos…
«Hoy tenemos la tranquilidad de no haber traicionado la confianza de los argentinos(…) Esta vez la deuda no la van a pagar los que menos tienen, los que peor están», aseguró el presidente Alberto Fernández una vez concluido el acuerdo.
Está claro que la quita conseguida permitirá atender mejor a amplios sectores de la población afectados por la gestión macrista. Se podrá empezar a restituir la producción y el consumo y, además, liberar fondos para enfrentar mejor la COVID-19, que ha marcado a Argentina con más de 400 000 infectados y 9 000 decesos.
Instituciones nacionales dibujan con equivalencias lo que esta restructuración del pago a los bonistas privados significará a una nación donde la cifra de pobres ha ascendido al 33 por ciento de la población.
Según el CEPA, se gana margen fiscal para financiar transferencias a los sectores populares al tiempo que se restaura la posibilidad de acceder, eventualmente, al crédito internacional en un mediano plazo, lo que podría abaratar la financiación de las empresas que en medio de la pandemia necesitan ser «apalancadas», estimó.
La Universidad de Avellaneda ha sacado sus cuentas mirando a lo social, y a tenor de las cuales la quita conseguida permitirá dedicar 250,9 millones de dólares a las prestaciones contempladas en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), 148,8 millones a las jubilaciones mínimas, 762,1 millones a las partidas del programa Asignación Universal por Hijo (AUH) y levantar 19 307 hospitales modulares de emergencia.
Mucho por remar
Cierto que la restructuración dista de las posiciones más radicales que habrían aconsejado el no pago. Sería lo más justo frente a un sistema financiero internacional tendencioso y diseñado para fomentar la dependencia de los países pobres de los grandes centros económicos y financieros de poder. Así se coarta e impone el desempeño político de las naciones. De hecho, la deuda no debió existir.
Pero no renegociar habría sido para Argentina seguir exprimiendo a la gente ante cada vencimiento de pago, y mantenerse supeditados a las recetas del FMI —¡tan desastrosas como resultaron al mandato de Macri!—; o declarar formalmente el default: una cesación de pagos que habría cerrado a Argentina todas las puertas de posibles nuevos créditos o de inversión extranjera, además de incumplir con la postura mantenida por Alberto Fernández desde que era candidato presidencial: ni se aceptaría recibir un dólar más de los 57 000 millones de dólares pactados por Macri con el FMI —prometió— ni se seguiría pagando en detrimento de la ciudadanía y del crecimiento económico. Pero se pagaría.
«(…) No fue fácil, pero lo hicimos. Si hay algo que sabemos hacer es levantarnos cuando nos caemos», escribió en la red social Twitter la agrupación peronista Unidad Ciudadana.
También saludaron el acontecimiento políticos como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador —otro que navega con el viento en contra de la estrecha relación estructural de su país con Estados Unidos y su vecindad—, empresarios y ciudadanos de a pie.
De cualquier modo, aún queda por bregar. Está pendiente la deuda pública, y los 44 000 millones de dólares recibidos por Macri que se adeudan al Fondo Monetario Internacional, de los 57 000 millones que el exmandatario pactó.
¿Cambios en el fondo?
A propósito, muchos analistas contemplan asombrados el hecho de que el propio FMI felicitara el fin de las tratativas en la voz de su titular, la búlgara Kristalina Georgieva, una mujer que parece distante en muchas posiciones de su antecesora ultra conservadora Cristine Lagarde —aquella que estimaba un estorbo a quienes arribaron a la senectud—, aunque sepamos que la institución no depende exactamente de sus titulares, sino de la política que se les dicta.
Bajo la batuta de Georgieva, el Fondo —que ha estado al tanto de las pretensiones de Alberto Fernández en este asunto desde que el hoy presidente era aspirante— ha acompañado y respaldado a Argentina en las negociaciones.
Más allá de otras conjeturas, algunos coinciden en dos variables para explicar una actitud que podría considerarse alejada de la política de imposiciones fondomonetarista.
Por un lado, el FMI parece haber aceptado el disparate técnico que constituyó el ilegal (por excesivo) préstamo concedido a Macri, cuyo monto no estaba reconocido en las leyes de la institución. Y, por otra, esta debe haber comprendido que lo importante ahora es que Argentina, de un modo u otro, pueda pagar.
A los acreedores lo que les interesa es cobrar, estiman algunos analistas. Al propio tiempo, el FMI puede estar tratando de salvar lo que le queda de honra.
