Correa saludó a la movilización pro Constituyente. Foto: AP
Los diputados destituidos no pudieron entrar al Congreso y retomar sus curules, como pretendían hacer el miércoles, cuando el intempestivo dictamen de un juez los «restituyó» en sus cargos desconociendo el veredicto del Tribunal Supremo Electoral, que los había demovido a principios de este mes por boicotear la convocatoria al referendo para la Constituyente.Sin embargo, el Parlamento ecuatoriano seguía ayer sin sesionar, pues su presidente Jorge Cevallos decretó suspendidas las labores hasta el próximo martes, amparado por el pronunciamiento del juez, aunque este también resultó destituido por el Tribunal Supremo —según los despachos de prensa— y fue descaracterizado por el propio presidente Rafael Correa, quien calificó su acto como ilegítimo e ilegal y lo identificó como apenas un magistrado penal suplente de la provincia de Guayas. Según el mandatario, los opositores preparaban «una campaña terrible» para desprestigiar a su gobierno.
La jugada, no obstante, no ha sido desarticulada aún. Cevallos insistía este jueves en mantener el Congreso cerrado y podría alargar la medida, pues amenazó que el legislativo solo volverá a la normalidad cuando el Tribunal Constitucional —ante el que apelaron los 57 diputados depuestos— defina la suerte de aquellos.
Dictamen del juez de Guayas aparte, llama la atención que todo el entuerto jurídico y legal que vuelve a poner al Parlamento ecuatoriano en virtual estado de coma acontezca después de que, la semana pasada, el propio Cevallos tomara juramento a casi 50 diputados suplentes que pertenecen a los mismos partidos afectados, para reemplazar a los demovidos.
También resulta sospechoso que el veredicto oriundo de Guayas y que pretendió pasar por encima al propio Tribunal Supremo Electoral, se emitiera 24 horas después de que los destituidos intentaran, infructuosamente y por segunda vez, entrar a un Congreso rodeado no solamente por la fuerza policial en busca de evitar desórdenes, sino por enorme fuerza de pueblo.
El miércoles sumaban miles los ecuatorianos llegados desde distintas provincias de todo el país para expresar su apoyo a la Constituyente y a Correa, quien se asomó al balcón de la sede de la presidencia y agradeció el respaldo.
Tanto el mandatario como legisladores a favor de la Constituyente han denunciado los intereses políticos que están detrás de los depuestos diputados de la oposición, y algunos alertan, incluso, sobre la posibilidad de un fallo viciado por parte del Tribunal Constitucional, debido a los vínculos de sus vocales con las formaciones opositoras.
Así de difícil resulta remover las instituciones para hacer cambios radicales cuando se transita aún por las estructuras viejas de la partidocracia criticada por Correa, y que más de una vez ha sacado de sus casillas al pueblo ecuatoriano. Por eso, también, la mayoría de los ciudadanos quieren la Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna: Constitución al uso y semejanza del Nuevo País por el que se votó.
Encuestas realizadas en los últimos días han mostrado una aplastante mayoría de alrededor del 90 por ciento a favor de la medida. Pero habrá que ver aún quién tiene la última palabra: si la oposición derrotada en las presidenciales, moviendo ahora los hilos de una institucionalidad decadente, o la gente.
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