La protección al ciudadano como consumidor ocupa un merecido espacio en el proyecto de conceptualización del modelo social cubano de desarrollo socialista, colocado hoy en la mira de amplios sectores representativos con el propósito de enriquecerlo.
No podía ser de otra forma si de un socialismo próspero y sostenible se trata, y ya Karl Marx sostenía que el consumo refleja el desarrollo y el bienestar de la población, objetivos cardinales, en tanto que satisfacción de las crecientes necesidades materiales y espirituales. Lo que no se debe confundir con el consumismo enajenante de lo superfluo y el de comprar, obtener y acumular para ostentar como fines envenenadores en sí mismos.
Por supuesto que este sustancial documento tiene un carácter prospectivo, y el presente le dista mucho todavía, de tal manera que al acoger sus intenciones en uno de los procesos de análisis en los que participé, me referí, y ahora lo vuelvo a hacer, a «nosotros todos, los maltratados consumidores».
Nuestros medios impresos y audiovisuales de comunicación recogen con suficiente frecuencia quejas ciudadanas e investigaciones periodísticas sobre episodios y casos en los que generalmente el pueblo consumidor siempre termina llevando la peor parte. Se trata de un ejercicio crítico constante en pos del mejoramiento de la calidad de los productos y los servicios al que estamos obligados responsablemente.
Como se ha visto y conoce bien estas insuficiencias pasan por comprensibles limitaciones económicas, materiales y tecnológicas, pero sobre todo están atravesadas por factores subjetivos como la falta de aprecio al consumidor, cuando debe ser el fin supremo de productores y servidores, en lugar de un sujeto ajeno condenado a perjuicios y que se manifiestan en desatenciones y maltratos, trampas en el peso, reducciones en contenidos, alteraciones de precios, imposiciones de «multas», pagos adicionales en trámites, introducción de artículos de dudoso origen en circuitos de ventas formales, y otros repertorios de formas de abusos.
Y todo esto bajo la razonable y sombría sospecha de un afán corruptor de sacar provechos personales de medios y recursos por encargados de administrarlos, unos esgrimiendo la autojustificación de completar bajos salarios, y otros en la contumaz búsqueda de enriquecimiento, lindando con la delincuencia.
El Partido ha trazado una correcta visión integradora en la que concibe un sistema eficaz de protección al consumidor que abarca desde la concepción del producto o servicio, su diseño, envases, embalaje, información sobre sus cualidades, de mercado, garantías de indemnización, resarcimiento material y moral, políticas y regulaciones de precios sobre aquellos bienes de interés social.
Pero entretanto se dibuja este justo futuro, habrá que ir cimentando bases en el presente, y pensar en las eficaces vías de reclamaciones y las instituciones concretas que defiendan los derechos del paradójico aún eslabón débil de una economía mercantil socialista en construcción.
El asunto toca aristas de la conciencia ciudadana, como el de los valores y la solidaridad social frente a la alarmante tendencia de reconvertir al hombre en «lobo del hombre», porque aquellos que en las tramas de la producción, el comercio y los servicios le faltan al consumidor son también parte del pueblo, a quienes seguramente en nada les agradará convertirse de victimarios en víctimas cuando les toque pasar de «cantinero a marchante».
La apropiación de una ética que se corresponde a un proceso más prolongado y complejo en el que se combina la educación, la práctica social y la ejemplaridad administrativas. Y mientras cristalice una concientización emancipadora al respecto, vale aquí en su equivalencia aquello de que «a Dios rogando, y con el mazo dando», traducibles en la reclamación, la denuncia, la exigencia y esperadas respuestas de autoridades pertinentes, cada vez menos omisas y opacas.
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