Una ley que se discute en EE.UU. para supuestamente proteger los derechos de propiedad intelectual, podría ser otra vuelta de tuerca en los afanes de dominar la web
El próximo 23 de enero posiblemente el mundo vea el más grande «apagón» digital que se conoce hasta ahora, pues ese día sitios como Google, Yahoo!, Amazon, Wikipedia, eBay, AOL, Mozilla, PayPal, Facebook, Twitter o YouTube podrían unirse en una operación sin precedentes para alertar a los usuarios de la red de redes de las consecuencias de una indigesta SOPA que se cocina actualmente en Estados Unidos.
La Stop Online Piracy Act (SOPA o Ley para Frenar la Piratería On Line) ha causado enorme preocupación entre los usuarios de Internet de todo el planeta.
Incluso, por primera vez clientes y grandes empresas están de acuerdo en que, de aprobarse la polémica legislación, no solo estarían a expensas de los tribunales muchos clientes de la gran web, sino también emporios informáticos completos.
En esencia se trata de una turbia legislación que se pretende promulgar, y que tiene dos versiones: una en el Senado, titulada Protección a la Propiedad Intelectual (Protect IP, en inglés) y otra en la Cámara de Representantes, donde se conoce como Ley para Frenar la Piratería On Line (SOPA).
Si bien ambas abordan la cuestión de cómo proteger la propiedad intelectual y castigar el libre copyright que parece imperar en la autopista de la información, el proyecto de ley SOPA que se discutirá en los próximos días es más drástico, por las medidas que propone para controlar la piratería.
Esta normativa pretende, entre otras cosas, bloquear el acceso a cualquier sitio web que infrinja derechos de autor, y obligaría a los proveedores de acceso a Internet y a los buscadores de la Red a monitorear los contenidos para detectarlos y sancionarlos.
Estaría imponiéndose, de facto, no solo un control sobre los contenidos que suben y ven los ciudadanos norteamericanos, sino también sobre lo que hacen los de otros países.
Cuando el Congreso de EE.UU. debata el 24 de enero la ley SOPA, quedarán muy claros los dos bandos enfrentados en la contienda.
De un lado están grupos de poder que tienen enormes cantidades de dinero, como la industria farmacéutica —el lobby que más invierte en el Congreso—, la Asociación Cinematográfica de EE.UU. o las multimillonarias discográficas, todas las cuales pretenden con la ley frenar la copia de sus materiales o la difusión de contenidos fraudulentos, que les ocasionan grandes pérdidas.
En la esquina opuesta están, entre otros, y agrupadas en la llamada plataforma Netcoalition.com (http://netcoalition.com), empresas también muy poderosas como Google, Yahoo!, Facebook, Foursquare, Twitter, Wikipedia, Amazon, Mozilla, AOL, eBay, PayPal, IAC, LinkedIn, OpenDNS y Zynga.
Para nadie está claro cuál será el resultado, especialmente porque más allá de alguna que otra campaña reciente de comunicación, en esencia muy pocos, salvo los legisladores, han tenido en sus manos el verdadero cuerpo del proyecto.
Sin embargo, solo con lo que se ha filtrado basta para ponerle los pelos de punta a cualquiera que entienda y aprecie el funcionamiento de Internet.
Porque SOPA ha tenido chefs bien adiestrados en el arte de confundir y dejar abiertas las puertas legales para que los tribunales y hasta el mismo Gobierno de EE.UU. puedan borrar con un par de clics casi cualquier sitio web del planeta que les sea incómodo.
La normativa plantea a grandes rasgos que ante cualquier denuncia de violación del derecho de autor, los grandes servidores (leáse incluso Google, Yahoo!, Facebook, Twitter y demás) estarían obligados a «suprimir» el sitio web de los resultados de búsqueda, y de estar alojados en sus servidores a cerrarlo, sin que sea necesaria siquiera una orden judicial.
Algunos han comparado este descabellado y peligroso entramado legal con una especie de fascismo informático mundial, donde EE.UU. se arrogará el derecho de determinar qué estará y qué no en Internet.
Alarmadas con mucha razón también están las asociaciones de protección de los derechos de usuarios, quienes se verían sometidas a denuncias judiciales o en el mejor de los casos a que les cerraran sus cuentas en Gmail, Facebook, YahooMail, Hotmail, Twitter o YouTube, por solo poner algunos ejemplos, si alguien los denunciara por compartir un libro, canción, video, foto o cualquier otro contenido que supuestamente estaría protegido por derechos de autor.
Nadie duda de que el robo de los derechos de autor, y especialmente la piratería on line que tiene a estos como sus principales blancos, es un fenómeno que se debe detener. Acarrea pérdidas millonarias a la industria editorial, la musical o la cinematográfica, cuando respetar la creación ajena es imprescindible para garantizar el desarrollo económico, social y cultural.
Pero de ahí a perseguir y desconectar a cualquier particular o empresa que pudiese ser acusada de subir material protegido con derechos de autor, dentro y fuera de Estados Unidos, hay un gran trecho que recorrer.
Según afirmó a la BBCWorld, Sean Flynn, director asociado del Proyecto de información, justicia y propiedad intelectual de la Universidad Americana de Washington, «las compañías proveedoras de servicios de Internet están muy preocupadas».
El profesor Flynn se pregunta con razón que si hipotéticamente la ley permitiría al Gobierno bloquear el acceso a cualquier sitio que esté facilitando la violación de los derechos reservados, entonces «¿todo eBay o Google están transgrediendo la ley porque permiten que los resultados de una búsqueda en su página incluyan material cuya propiedad pueda estar protegida?».
Algunos como Alan Friedman, analista en temas de gobernabilidad del Brookings Institution, en Washington, van incluso más allá, pues aseguran que si hace apenas unos cinco o seis años se hubiera aprobado una legislación como la propuesta, prácticamente no existirían hoy redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube, e incluso sitios como Google jamás hubieran alcanzado su tamaño actual.
En cambio, quienes apoyan a la SOPA, como el congresista republicano por Texas, Lamar Smith, su principal impulsor, se defienden asegurando que las censuras hacia el texto están basadas en hipótesis alejadas de la realidad, pues «ninguno de los críticos ha sido capaz de señalar exactamente de qué manera puede afectar Internet».
Aunque desde 1998 está en vigor en territorio norteamericano la denominada Digital Millenium Copyright Act, que obliga a retirar el material ilegal de las páginas web que hacen uso del mismo, esta no tiene competencia judicial sobre lo que sea publicado desde otros países.
Esta situación cambiaría de llegar a aprobar el proyecto SOPA, que obligaría a los motores de búsqueda, proveedores de dominios y empresas de publicidad estadounidenses a bloquear los servicios de cualquier página web que esté bajo investigación del Departamento de Justicia por haber publicado material que infrinja los derechos de autor, no importa el lugar donde se encuentre alojado el sitio web.
Lo peor es que de no cumplir con ello, serían entonces los proveedores, que en su gran mayoría se ubican en Estados Unidos, los que tendrían que responder ante los tribunales, lo cual los pone contra la pared, con la espada en el cuello y sin derecho siquiera a estornudar sin perder la cabeza, pues la propuesta estipula que no hará falta siquiera la orden de un juez, ya que bastará con cualquier denuncia.
La realidad es que, en el fondo, todo este esfuerzo no se hace para proteger derechos de autor ni evitar la piratería. Debajo del tapete, y revuelto en el caldero de SOPA, están los intereses ocultos del Gobierno norteamericano de dominar Internet.
De haber tenido la ley aprobada antes, por ejemplo, los ciudadanos norteamericanos nunca se hubieran enterado de los horrores cometidos por sus tropas en Afganistán o Iraq, o de las suciedades de su Gobierno en materia diplomática, simplemente porque hubieran borrado de un plumazo a Wikileaks, como han estado intentando hacer sin éxito, con el pretexto de que las informaciones reveladas «no eran de su propiedad».
Y ello se sumaría a la campaña para silenciar, por ejemplo, que hay cinco cubanos injustamente presos en cárceles norteamericanas por luchar contra el terrorismo. Hasta es posible que la mayoría de las noticias y sitios sobre la Revolución Cubana serían silenciados y hasta borrados de la red, aludiendo para ello a supuestos copyrights ilegales.
No hay que engañarse. La verdadera razón que tienen los círculos más reaccionarios de la política norteamericana al cocinar esta indigesta SOPA para la web es simplemente silenciar a quienes no repitan «su verdad», porque para ellos el verdadero «derecho de autor» es ser uno más de los que cacarean al compás de su coro.
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