De acuerdo con una publicación del periódico espirituano Escambray, el delito de abuso lascivo ha experimentado un incremento aquí en el presente año, sobre todo en el municipio de Sancti Spíritus
Son cuatro ideales sobre los que debe descansar el nuevo hogar: justicia, libertad, inteligencia y amor.
Dulce María Borrero
SANCTI SPÍRITUS.— Él es un joven carismático, inteligente y dispuesto a ayudar. Tiene 30 años de edad y una biblioteca inmensa en su casa. Ella, un tanto tímida, cursa el quinto grado y ha devorado textos que sobrepasan los intereses de su grupo etario.
«Ven, entra, tengo la colección de Harry Potter», insistió él desde el portal de su casa. Solos, rodeados de tantos volúmenes, a ella se le perdió la vista. «Te los presto, a cambio…, bueno deberás guardar un secreto grande», susurró en su oído.
¡Qué bueno es conmigo!, pensó ella. «Si cada vez que vengas, aceptas jugar a que yo soy el papá y tú la mamá, te llevas el que más te guste», le aseguró, mientras sus dedos peinaban la cola de cabello. Pasados 15 días, ella abandonó el hábito de la lectura.
Esa historia pudiera parecer ajena a la cotidianidad. Mas la realidad devela que sí ocurren hechos de este tipo, lamentablemente. De acuerdo con una publicación del periódico espirituano Escambray, el delito de abuso lascivo ha experimentado un incremento aquí en el presente año, sobre todo en el municipio de Sancti Spíritus. El 83 por ciento de los autores no poseen antecedentes penales, sino buena conducta social.
El 27,7 por ciento de las víctimas son hijastras de sus abusadores y el 22, hijas de vecinos con los cuales mediaban relaciones casi de familia, datos que no deben desestimarse. Aunque menos frecuente, también se han registrados casos en que los victimarios son menores de edad.
En busca de un análisis más allá de los números, Juventud Rebelde tocó las puertas del Tribunal Provincial Popular (TPP), y de la Fiscalía Provincial (FP), en la Ciudad del Yayabo.
«Entre los delitos más frecuentes relacionados con el abuso sexual infantil se encuentran los abusos lascivos. Hoy las cifras de hechos conocidos han aumentado porque nuestra población ha ganado en cultura jurídica y los denuncia. En la mayoría de los casos, la víctima es menor de 12 años de edad, porque son más vulnerables», reconoce la jueza de la sala primera del TPP, Yamina de la Caridad Bernal Capote, con 27 años de experiencia.
Como factores de riesgo se cuentan las familias disfuncionales y aquellas que por priorizar sus responsabilidades laborales no prestan la atención requerida a sus menores y desconocen con quiénes se relacionan. También las que no tienen preparación para brindar una educación sexual adecuada, o son permisivas.
Félix Sánchez Carrero, fiscal jefe del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales de la FP espirituana, añade como causa la falta de percepción de riesgo. «Por eso es alto el por ciento de victimarios que son parientes muy cercanos o vecinos. Por lo general se ejerce mayor control si se tiene una hija y se deja más libre al varón, que también puede ser abusado».
De acuerdo con los registros del territorio, predominan las víctimas femeninas. Dicha recurrencia responde a la ideología hegemónica machista, que históricamente las ha considerado sexo débil. No se tienen registros de mujeres que cometan ese delito, también como resultado del patriarcado, ya que sería criticada moralmente y quien se atreva a denunciarla se expondrá a irónicos cuestionamientos sobre su hombría.
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La primera vez que vio un tablet sus ojos se desparramaron de tanta emoción. Aseguró más de mil veces portarse bien si le compraban uno igual, pero el arca económica de la casa andaba escuálida por esos días y jugar con el del vecino fue su única opción. Comenzó a ir dos y tres veces al día. Pasaba horas entretenido, sin querer ir a la calle o hacer regueros en el cuarto, se consolaba su madre.
Sin embargo, esa tranquilidad pronto se dejó de sentir. Agredía con facilidad a sus amiguitos de aula. No miraba la comida. Despertaba agitado por fuertes pesadillas… Era otro niño. Ya ni siquiera le gustan los tablet y es arisco cuando una caricia intenta posársele.
«Los menores de edad no participan en el juicio. El tribunal asume la exploración hecha en la fase preparatoria del proceso, donde participan el instructor penal actuante, especialistas de salud y los representantes legales de la víctima. Si fuera imprescindible a los efectos de esclarecer el hecho —por notar contradicciones— se le vuelve a explorar fuera de la sala penal, sin togas, en un ambiente confortable», explica Bernal Capote.
Es la Fiscalía quien garantiza que esto se cumpla para no revictimizar al menor. «En la provincia no contamos con un Centro de protección a niñas, niños y adolescentes, pero los fiscales realizan entrevistas a los padres para conocer el impacto en la conducta de la víctima y ofrecerle seguimiento. En la mayoría de los casos, se orienta que vean a un especialista, tanto en la escuela con un sicopedagogo o en el área de salud, pero algunas secuelas son irreversibles», añade Sánchez Carrero.
Cuentan ambos entrevistados que a veces, cuando el padrastro es el acusado, la madre de la víctima mantiene las relaciones, lo protege en el acto del juicio o intenta retirar la denuncia, aunque se hayan acumulado pruebas suficientes de responsabilidad.
«En esos casos se orienta indagar por el padre, y si este no responde, representa los intereses del menor un fiscal, tal y como estipula la Convención de los Derechos del Niño y la ley cubana de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral cuando el menor no tiene un representante legal o sus tutores tienen intereses contrapuestos», precisa el fiscal espirituano.
Desde que se realiza la denuncia, si el caso lo amerita, se asegura a los acusados con medida de detención preventiva. El marco sancionador de este delito varía de uno a cinco años de Privación de libertad, multas o ambas sanciones, según el análisis individualizado de las circunstancias.
Ese marco pudiera ampliarse cuando involucra menores de edad, porque tal conducta es la antesala de otros hechos que deforman el normal desarrollo de la sexualidad de niñas y niños», opina la jueza.
Para el fiscal Sánchez Carrero, el antídoto es la prevención: «Los mecanismos posteriores funcionan bien, pero toca a la familia y las instituciones sociales precaver, incluso los medios de comunicación. Hay que decirles a los menores que tienen derecho a la privacidad de su cuerpo, derechos a veces violentados por desconocimiento», refiere.
La experimentada jueza exhorta a tener el debido control sobre nuestros menores y cuando, lamentablemente, ocurra un hecho de este tipo saber reconocerlo y denunciarlo. Los derechos de nuestros menores están protegidos por los Códigos de Familia, Civil y Penal, y por la Constitución de la República», concluyó.
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