Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Ahora que se pretende elevar la influencia de los mercados agropecuarios estatales en la comercialización de alimentos pa­ra el pueblo, bien vale atender la queja de Mario Fernández, vecino de calle 4 número 8106, entre 81 y 83, en la ciudad de Cienfuegos.

Mario, quien es trabajador del mercado agropecuario estatal VII Congreso, sito en avenida 52 y calle 51, de esa ciudad, señala que allí hay serios problemas de atención al hombre que «suda la comida», y las condiciones para laborar no son las mejores.

Entre las dificultades que más están gravitando en el ánimo de ese colectivo, está el he­cho de que hace más de seis meses no tienen almuerzo. En muchas ocasiones, no tienen ni agua para beber. Y hace cuatro me­ses que no les pagan estimulación, pero tampoco hay una explicación administrativa al respecto.

Precisa Mario que «las condiciones del centro son pésimas, ya que hay una nave a la que le falta la mitad del techo. El sol y la lluvia castigan a los trabajadores y los clientes, y afectan la mercancía. Los baños están en malas condiciones».

Aún así, asegura Mario que el colectivo de trabajadores es muy competente y esforzado. Están allí desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde, y a veces hasta más. Y todos esos problemas los han planteado «a todos los niveles competentes», pero no han tenido respuesta.

La segunda carta la envía Aracelys Cruz Santiesteban, vecina de Evelio Velázquez, Edificio 67-A, apartamento B-4, entre Ramiro Santiago y Carlos Sosa Ballester, reparto So­sa, en la ciudad de Las Tunas.

Relata Aracelys que ella era miembro del se­­cretariado del Sindicato provincial de Co­mercio, Gastronomía y los Servicios el cual, en julio de 2005, fue objeto de una auditoría de la CTC Provincial que arrojó la calificación de deficiente.

Y, como organizadora que era de ese se­cretariado, Aracelys fue separada de su cargo en octubre de 2005. Ella reconoce en su carta que asimiló autocríticamente la sanción pues, por su inexperiencia en la materia, le fal­tó control y exigencia hacia su subordinado el económico; aunque aclara que «no hubo ningún hecho de delito ni malversación que pudiera empañar mi prestigio».

Aracelys cursa la carrera de Licenciatura en Comunicación Social y ya está en la etapa final: solo le quedan 11 asignaturas. Pues ahora, a raíz de su sanción, le están negando la posibilidad de continuar sus estudios universitarios.

En septiembre de 2006, el director de la Sede Universitaria le comunicó que no po­día ratificar la matrícula. Y Aracelys ha es­tado re­cla­mando su derecho, sin resultado al­guno. Incluso, señala que el Ministerio de Educación Su­perior respondió su inquietud. Y cita:

«El Ministerio de Educación Superior no suspende la matrícula universitaria si un cuadro matriculado en las sedes universitarias municipales realiza algún tipo de cambio en su gestión, ya sea traslado o de cualquier otro tipo. Si usted no puede continuar estudios en la sede, es porque apareció alguna comunicación de su organismo, en este caso la CTC a nivel provincial o nacional. O sea, que es el organismo el que, cuando sus cuadros no cumplen con los requisitos para continuar estudiando, envía su criterio de no continuidad de estudios».

Y le recomendaron comunicarse con su organismo. Ella lo hizo con la CTC provincial, y según los trámites realizados, la respuesta fue negativa. Ahora Aracelys se pregunta: si no delinquió, aunque asumió su responsabilidad, ¿por qué la castigan de ese modo?

Aracelys está convencida de que el tratamiento que le han dado no es ni el espíritu ni la política de la Revolución, que «propicia todas las facilidades para el estudio y la superación de cada ciudadano».