Acuse de recibo
El doctor Eduardo Andrés González León (edifico 1, apto. 4, esquina a Maceo, Eliopez Paz, Trinidad) se cuestiona si es seguro el seguro de vida que firmó por un año en marzo de 2015, mediante contrato con la Empresa de Seguro Estatal Nacional (ESEN), por el cual paga una póliza de 162 pesos cada trimestre y una prima de 74,08 por cada día de certificado médico.
En septiembre de 2015 presentó un certificado por ortopedia, a consecuencia de un accidente. El documento fue correctamente avalado por especialistas y directivos y fluyó muy bien. Pero estas son las horas en que aún no ha recibido su cheque.
En noviembre de 2015 Eduardo presentó otro certificado de 15 días por una tendinitis postraumática. Y ahora, precisa, recibió un anexo donde la aseguradora decidió unilateralmente disminuir la póliza y la prima media de días de certificado a 15 pesos diarios, sin previa consulta con él, que es el cliente que firmó el contrato.
Afirma el doctor Eduardo que siempre ha pagado su póliza en tiempo y forma, y exige su dinero, además de una respuesta por todo lo antes expuesto. «¿Por qué la demora de cuatro meses para pagar el primer certificado, si aún no tengo el cheque en mi manos? ¿Bajo qué argumento la aseguradora puede cambiar y modificar el contrato que vence en marzo de 2016?», cuestiona.
Aunque fechada el 14 de septiembre de 2015, la carta postal de Ángel Ávila Díaz (prolongación de Narciso López, No. 13, reparto Zayas, Holguín) llegó a nuestra redacción el 22 de diciembre pasado y relata hechos ocurridos el 11 de agosto de 2015.
Cuenta Ángel que ese día tuvo que trasladarse al aeropuerto internacional Frank País de esa ciudad, a recoger un medicamento que le enviaban a su hijo y lo traía un ciudadano de Las Tunas. Pero la medicina tenía que ser recibida por una prima de su hijo, pues era a nombre de ella que venía dirigido el envío.
Y cuando salieron del aeropuerto el auto fue detenido por dos inspectores de Transporte, quienes solicitaron a Ángel los documentos del vehículo y los suyos. Ángel preguntó qué delito estaba cometiendo, y uno de los inspectores le respondió que había una resolución del Consejo de la Administración, la cual prohibía a vehículos particulares el traslado de personal desde dicho aeropuerto.
Ángel le explicó que él fue a recoger una medicina, no a otra persona, y entonces el inspector le preguntó por la mujer que iba en el carro. Ángel le explicó que el paquete de la medicina venía a nombre de ella.
No conforme, el inspector le solicitó a la viajera su pasaporte, a lo cual ella respondió que lo que tenía era el carné de identidad, que lo más lejos que había viajado era hasta Camagüey.
No obstante, le solicitaron la factura de la medicina, «aspecto este inconcebible, agrega, pues en la Aduana no emiten documento alguno en estos casos».
Ángel cuestiona: «¿Será justo que un ciudadano cubano no pueda ir a un aeropuerto a buscar a un familiar o una medicina? Muchas veces se deciden cosas con buenas intenciones, y al aplicarse por algún funcionario, crean disgusto e inconformidad en la población. ¿Por qué maltratar con medidas arbitrarias?».
Por lo que sugiere la historia, todo parece indicar que la medida en concreto es evitar que particulares sin licencia para alquilar lo hagan con visitantes extranjeros en el aeropuerto y les roben clientes a los autorizados oficialmente. Pero ello no se puede aplicar a ciegas y sin análisis previo de cada caso, con cierta delicadeza y respeto. Este no era el caso. Pero, incluso, ¿alguien podría explicar el porqué no puedo con mi auto recoger a un familiar que viene del exterior o hasta un amigo extranjero que me visita? ¿Por qué ver en cada chofer un «cazaturistas» sin permiso?
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