Acuse de recibo
Guerra avisada sí mata soldados, al menos en Acuse de Recibo. Hace ya 13 años hacemos los cortes estadístico-analíticos para reflejar el cumplimiento de las respuestas institucionales a las denuncias ciudadanas reflejadas en esta columna; porque cuando salen en blanco y negro, son mecanismos compulsatorios y democráticos.
Y aun así, en el más reciente período abordado (del 16 de octubre de 2015 al 15 de abril de 2016), dejándoles dos meses para reaccionar después del 15 de abril, el 22 por ciento de los directivos aludidos se desentendieron de cumplir su deber constitucional y obligación moral de responder a dichas quejas.
A estas alturas de la Cuba de hoy es más útil ver lo que falta que complacerse con lo que ya contiene el vaso a medias. Es más elocuente, con tantas urgencias sobre nuestras cabezas, ese 22 por ciento (más de uno de cada cinco), que el 78 que respondió, con diversas gradaciones de profundidad y calidad. Mucho más cuando el nivel de respuestas, en períodos precedentes, llegó a alcanzar hasta el 88 por ciento.
El tema más recurrente sigue siendo el de la vivienda, con un 18 por ciento de las cartas recibidas en este período, seguido de los problemas laborales, de Seguridad Social y Asistencia Social; los de Acueducto y Alcantarillado, Salud Pública y Transporte, entre múltiples asuntos.
Pero en el agónico tópico de la Vivienda, junto a situaciones carenciales y de problemas objetivos muy candentes, llaman la atención muchos asuntos subjetivos, referentes a ilegalidades, maltratos, dilaciones y desentendimientos institucionales y desatención a casos excepcionales y con situaciones extremas, así como incumplimientos de fallos de los tribunales.
En sentido general, en el amplio abanico de problemas abordados por los lectores, se traslucen, junto a gravitaciones reales de carencias y falta de recursos en el país, problemas de falta de voluntad para resolver muchos asuntos con alternativas, permisibilidad ante injusticias e ilegalidades, con la resultante desprotección institucional al ciudadano, entre otros aspectos.
Ello, en la medida en que genere un caldo de cultivo para la impunidad, compromete sobremanera la imagen del Estado socialista (eso que somos todos y a la vez nadie) ante los ojos y cuitas del ciudadano.
A esas entidades que aún se quejan de esta columna porque afecta su «imagen» (les preocupa más el qué dirán que el problema en sí, irresuelto) habría que recordarles que en el 73 por ciento de los casos mostrados, el ciudadano tenía la razón, y la revelación del caso facilitó la solución del mismo.
Y uno se pregunta entonces por qué habrá que esperar a la compulsatoria revelación en esta columna para que se enmienden errores y se atienda lo que no se hizo antes, aun cuando los denunciantes agoten sus gestiones.
Precisamente un 35 por ciento de las respuestas no esclarecen los motivos por los cuales no se habían resuelto antes dichos problemas. Y solo en el 44 por ciento de las mismas se detallan las medidas tomadas con los implicados, pero por lo general no se explicitan análisis y medidas rigurosas con los estamentos superiores que no controlaron. Y mayorean las «amonestaciones».
Al final, son aún escasas las instituciones y administraciones que, ante la evidencia de sus propios yerros, trascienden el análisis puntual de lo ocurrido y diseñan estrategias para curar esos males de raíz, con medidas organizativas y soluciones a largo plazo. Son en muchos casos respuestas al paso, espoleadas por el revuelo de la revelación pública.
Al final, el apotegma martiano de que «gobernar es prever», sigue gravitando sobre las técnicas y voluntades de dirección de muchas entidades cubanas, aguardando aquí, allá y acullá para hacerse carne y sangre definitivamente de nuestras dinámicas institucionales y gubernamentales.
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