Acuse de recibo
Justicia ante «irregularidades y extrañezas» inaceptables. Ese era el reclamo en la carta del agricultor Danni Garcés Reyna (calle Tenería, Comunidad 1ro. de Mayo, Nave 1, Cotorro), que vio la luz aquí el 1ro. de agosto pasado.
Narraba el remitente un rosario de dificultades que afrontó como jefe de finca de la Granja 1ro. de Mayo, perteneciente a la empresa de cultivos varios Los Tres Picos, del Cotorro, en La Habana; su posterior destitución de ese cargo en un proceso que no observó los procedimientos legales establecidos, y detallaba las pérdidas económicas que le habían caído encima por concepto de cosechas malogradas.
Por si esto fuera poco, luego de la espuria cesantía, su esposa, como trabajadora de la finca, solicita pasar al frente de esta, y se lo negaron por estar en curso una apelación. Sin embargo, fue entregada la responsabilidad a otro compañero, de otra finca, sin haberla solicitado y sin concluir el proceso de apelación.
Al respecto contesta, desde la presidencia del Grupo Agrícola (GAG), Frank Castañeda Santalla, quien comienza esclareciendo sobre la medida disciplinaria aplicada al trabajador. «Se observó que el proceso carecía de requisitos técnicos legales, así como de fundamentos de hechos que sustentaran», lo cual dejaba al sancionado en estado de indefensión. Por tal razón, tras los análisis pertinentes se recolocó a Danni Garcés «como jefe de colectivo de la Finca No. 11 de la unidad empresarial de base (UEB) Granja 1ro. de Mayo, disponiéndose con ello el derecho a recibir la diferencia de salario dejada de devengar, acorde con lo que establece el Código de Trabajo», refiere el Directivo.
Asimismo —apunta— se comprobó que «no hubo accionar por parte de la Dirección de la entidad» para el arreglo del motor de riego al que aludía el campesino y que él mismo, por medios propios, se había dispuesto a reparar. Esto evidencia «la poca atención y agilidad» para solucionar este problema. «Actualmente el motor se encuentra reparado y en uso en la finca donde labora el promovente», comunica el funcionario.
Sobre las afectaciones económicas durante octubre y noviembre pasados, al no existir en la empresa «documentación primaria que permitiera determinar la cuantía total a pagar, fue realizado por parte de la Empresa, la UEB y (…) el reclamante un estimado de las pérdidas de las producciones». Estas resultaron «en un monto de 7 000 CUP, con lo cual Danni (…) manifestó su conformidad». Y ya se le efectuó el pago, corrobora el ejecutivo.
Por todo lo expuesto, concluye, el Director de la empresa fue sustituido y actualmente la entidad está comandada por un grupo de trabajo que está depurando las dificultades administrativas señaladas.
Respecto a la reclamación de Danni Garcés también llegó a JR respuesta de la Fiscalía General de la República, firmada por Rafael Ángel Soler López, fiscal jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos. En esencia esta misiva ratifica lo expuesto por el GAG. Reitera que incluso antes de ser publicada la queja en el diario, el agricultor había sido atendido en la Fiscalía Municipal, «ocasión en la que se contactó con los directivos de la empresa de cultivos varios y se indicó realizar una reunión con el reclamante y los directivos de la Granja, para que se tomaran las medidas pertinentes»…
Con posterioridad, y vista la no solución en aquel momento, la Fiscalía siguió al tanto del asunto, y en su respuesta reseña las acciones que a la larga tomó el GAG en favor del campesino.
Agradezco ambas respuestas. Satisface mucho que este trabajador honrado esté otra vez en su puesto y haya sido indemnizado por sus pérdidas. Pudo el Grupo Agrícola detallar más en cuanto a las medidas que se adoptaron con los responsables de la mala gestión y la injusticia, toda vez que es de suponerse que la sustitución del Director de la empresa no haya sido la única.
Una vez más, uno llega a asombrarse de cuánto puede «correr» libremente entre nosotros, en ocasiones, el atropello, hasta que se dirime en espacios públicos de diálogo ciudadano. No dejemos de ejercer esta facultad.
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