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Desmiente Transmetro supuesta prohibición

Desde el barrio El Retrete, en el municipio holguinero de Banes, Francisco Pavón señalaba aquí el 18 de diciembre pasado que  no hay transporte público que cubra la ruta Banes-Guardalavaca; y hasta entonces esa carencia se resolvía con los ómnibus de transporte obrero Transmetro, que trasladan a los trabajadores de los polos turísticos Guardalavaca y Playa Pesquero.

Pero, según Francisco, se había anunciado —no especificó por quién— que, a partir de este 1ro. de enero, se prohibiría a los choferes de esos equipos recoger pasajeros en el camino. Y añadía que tal asunto se planteó ante el Gobierno municipal, pues no hay ningún transporte público para la población de la zona; y no se había recibido respuesta.

Al respecto, responde Ricardo Damián Fernández Reyes, director general de la Empresa de Transportación de Trabajadores (Transmetro), que no existe ninguna orientación dada por esa entidad, ni por el gobierno de la localidad, relativa a dicha prohibición.

«Los ómnibus cada vez que realicen las transportaciones de su actividad fundamental, y tengan capacidades disponibles, se mantendrán recogiendo el personal, tal y como lo han hecho hasta el presente».

Y como muestra elocuente, señala que en 2018, hasta el cierre de noviembre, los ómnibus de Transmetro habían transportado 1 345 741 pasajeros.

Afirma el directivo que estos aspectos le fueron explicados por la Dirección de la empresa a Francisco, quien manifestó su conformidad con el tratamiento a su queja.

Agradezco a la dirección de Transmetro la confirmación de que no se prohíbe la recogida de personal en el camino siempre que haya capacidad disponible, así es como debe reaccionar positiva y solidariamente una empresa estatal socialista. Solo agradeceríamos también al Gobierno de Banes que esclareciera de dónde pudo haber salido tal información.

Una verdadera agonía

Ramón García Canales, de 88 años, y Balbina Rodríguez Mantilla, de 84 años, escriben en nombre de los vecinos del edificio sito en Calle 4, no. 423, entre 17 y 19, en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución.

Y cuentan que a ese inmueble le fue asignado en 2018 un ascensor por reposición, gestión esta en manos de la empresa Unisa, la cual, según indagaron, debía concluir los trabajos de montaje en tres meses.

El cronograma se ha comportado así: El 20 de julio de 2018 arriba el contenedor al edificio. El 24 de agosto llegan las cajas con las partes que componen el nuevo ascensor. El 20 de septiembre de 2018 comienzan los trabajos de desmontaje del viejo. El 13 de noviembre concluye el montaje del nuevo, y queda pendiente la obra civil.

Después, otros vecinos se personan en la sucursal de Unisa, sita en Calle 3ra. y B, Vedado, donde les dicen que los materiales para la obra civil son a granel, y se requieren sacos para su traslado. Un vecino compra los sacos y el 22 de noviembre se entregan en Unisa.

El 16 de noviembre de 2018 llegan los materiales para la obra civil, pero faltan los bloques o ladrillos para el relleno que se requiere. Los vecinos compran los ladrillos, colaboran en cernir los materiales y el 6 de diciembre concluye la obra civil. Queda pendiente del aterramiento. 

El 18 de diciembre ingenieros de Unisa dan el visto bueno, y plantean que queda pendiente el aterramiento. El 26 de diciembre una comisión integrada por Unisa, Vivienda y Grupo Nacional de Ascensores (GNA) visitan el edificio y  prohíben el funcionamiento del equipo mediante un dictamen, precisamente por no tener el aterramiento. No dejan copia del dictamen a los vecinos.

Señalan los octogenarios que han indagado con funcionarios de Unisa la posible fecha de solución, y les han dicho que Vivienda tiene cuentas pendientes por pagar a Unisa, y esta a su vez debe también una alta cifra a la empresa del Micons encargada del aterramiento.

«En nuestro edificio conviven tres ancianos de entre 70 y 80 años; y cinco ancianos mayores de 80 años, entre ellos nosotros. Agradecemos que nos asignaran un nuevo ascensor porque el viejo presentaba a menudo sus achaques. Pero ahora, ¿por qué tenemos los vecinos que padecer por las deudas entre empresas del país?, ¿por qué comenzaron el desmontaje y montaje del nuevo equipo si no tenían garantizado llevar la obra hasta el final? Una verdadera agonía», concluyen sintetizando Balbina y Ramón.

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