Acuse de recibo
Comienza 2022, y hablando en propiedad, aún quedan personas viviendo sin la propiedad de su vivienda por múltiples razones, a pesar de que se han preocupado por ello. Y eso las conmina a un limbo de inseguridad que no merece ningún ciudadano.
Jesús Martínez Pérez (calle 230 No. 8905, entre 89 y 91, Reparto Bello 26, La Lisa, La Habana) relata que lleva más de 15 años intentando la dichosa propiedad por los medios legales en la Dirección Municipal de la Vivienda. Y siempre algo se interpone.
El asunto tiene que ver con la casa que él y su hermano heredaron de su mamá, para desglosarla. Y había que arreglar un error de tiempos atrás en el nombre de su abuelo, que se llamaba Mateo Anacleto. A su hermano, en la inscripción de nacimiento le aparecía el nombre del abuelo como Anacleto, y en la de Jesús figuraba como Mateo.
En la Dirección Municipal de la Vivienda le solicitaron que fuera a la provincia de Pinar del Río, a un pueblito que se llama Cayuco, donde el abuelo vivió, y trajera de allí tres testigos que avalen el nombre de Mateo Anacleto.
«Imagínese usted, buscar en ese pueblo tres ancianos que hayan conocido a mi abuelo, quien nació, según decía mi madre, en 1850. ¡Imagínese que yo encuentre a tres viejos de 160 o 170 años! Y si los encontrara, ¿cómo los traería para La Habana, dónde los alojaría, con qué pagaría los viajes?», manifiesta.
Casi que es un viaje al pasado, en la máquina del tiempo. ¿No hay otra forma de solucionar el asunto?
Benilde O. Guibert Agramonte (calle 184, No. 1313, altos, entre 13 y 15, Siboney, Playa, La Habana) cuenta que el 2 de noviembre de 2018 comenzó los trámites en la Dirección Municipal de la Vivienda para obtener la propiedad de su casa, que fue de Educación y ya había sido liberada.
El 11 de abril de 2019 le radicaron el expediente con el número 322/19. Y le prometieron una respuesta en 50 días hábiles.
«Llevo dos años y seis meses esperando dicha respuesta. En Vivienda de Playa nadie sabe el derrotero de mi expediente. Sin querer ofender a nadie, digo que esto es una falta de respeto. El directivo que tiene que velar y cumplir con la ley de nuestro país, la viola… Y mi caso, ¡no tiene justificación con la pandemia!», afirma.
Como si fueran poco los casos antes narrados, Pedro Antonio González Martín (calle 35, No. 11821, apto. 1, entre 118 y 118 A, Marianao, hace nada más y nada menos que ¡31 años! que está intentando legalizar su vivienda.
Refiere que el 8 de junio de 1988, con todos los trámites de Vivienda actualizados y materiales comprados en el rastro de 116 y 35 al contado, realizó la ampliación en planta alta, que consta en el expediente de la casa.
El 3 de diciembre de 1990 le dieron el habitable utilizable para que se dirigiera a legalizar a Prado 257, y allí le dijeron que esperara. Pasaban los años y no llegaba respuesta alguna.
Fue al entonces Instituto Nacional de la Vivienda el 17 de julio de 2012, y allí le informaron que estaban suspendidas las legalizaciones en edificios múltiples, que esperara.
El 6 de agosto de 2016, Pedro entregó los documentos en Planificación Física de Marianao, y le respondieron que no procedía por la escalera de caracol que siempre estuvo en los planos y demás documentos, y se tuvo en cuenta cuando le dieron el habitable.
El 24 de marzo de 2021 entregó de nuevo documentos de solicitud de propiedad en Planificación Física. Le plantearon que esperara 60 días, que le avisarían. Sin respuesta hasta el sol de hoy.
«¿Por qué por una resolución emitida mucho después de realizar legalmente todo, estoy afectado y no tengo derecho a legalizar mi propiedad? ¿Cuántos recursos de los cuales hoy no dispongo serían necesarios para modificar algo que en su momento aceptaron y fue legal? Tengo los documentos originales, así como las copias enviadas. Y tengo ya 88 años. ¿Veré la propiedad de mi vivienda?», concluye.
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