Acuse de recibo
El pasado 20 de febrero, desde la ciudad de Cienfuegos Gisela Delgado Ramírez contó que su padre Pablo Rubén Delgado Sanabria, de 84 años, presentó el 18 de enero de 2021 en la Dirección Municipal de Planificación Física la solicitud para el pago del terreno junto con la resolución de propietario de su vivienda; pues se trataba de una construcción ilegal en un terreno estatal.
Refería que varias veces ella fue a esa entidad e hizo sistemáticamente llamadas, preocupándose por el expediente y por el trámite. Y siempre la respuesta era que no estaba. Después, le informaron que estaban cerrados por la COVID-19 y no atendían a la población.
En noviembre de 2021, cuando reabrieron los trámites, recogió el documento en el que orientan qué hacer, y el cálculo del valor a pagar por el terreno en el que se construyó la casa. Se llenó el modelo CR-09 de la ONAT y se hizo el pago en el Banco. El 29 de ese mes se entregó al Departamento correspondiente una copia del CR-09 y el documento del valor. La especialista le dijo que pasados 15 días podía recoger todo el expediente. El 15 de diciembre fue de nuevo, y la enviaron a la oficina de trámites. No estaba aún. Le dijeron que debía esperar.
A mediados de enero de 2022, Gisela volvió, y le indicaron que el documento estaba confeccionado como Oficio No. 3242 de 30 de diciembre de 2021, pero faltaba la firma de la directora. Y ella solicitó ser atendida por el Departamento de Atención a la Población de la entidad. Allí le ratificaron que ya estaba el documento, y pendiente de firma. Que se presentara la próxima semana para recogerlo.
Fue el 11 de febrero, a más de un año de presentar el expediente a la Dirección Municipal de Planificación Física. La anotaron en una lista que se hace en la parte de afuera y esperó. Al poco rato le comunicaron que debía esperar, que su documento no estaba ahí.
«Poco tiempo después y en la puerta de la calle de la institución, decía, se personó la secretaria de la directora. Y sin privacidad de ningún tipo, públicamente y con mala compostura, me entregó un pedacito de papel en el que se exponía que el trámite salió el 20 de enero de 2022. Que regresara. Nada más, sin explicar cuál fue la situación por la que salió y entró de nuevo; qué fue lo que pasó y de quién era la responsabilidad.
«Salí de allí bastante inconforme, y me presenté en Atención a la Población de la Dirección Provincial de Planificación Física. La compañera que me atendió procedió a llamar a su homóloga del municipio y no obtuvo respuesta alguna. Me llenó la queja que presenté y salí sin respuesta alguna de esa Dirección Provincial». Y el 14 de febrero de 2022 ella se presentó en Atención a la Población del Poder Popular Municipal, desde donde llamaron a la Dirección Municipal de Planificación Física. El resultado fue el mismo: ninguna respuesta a su queja.
Al respecto, responde Asdery Batista Estévez, directora municipal de Planificación Física en Cienfuegos, que «luego de conocida la queja, se procede a indagar por el trámite, en el cual consta el pago del mencionado derecho perpetuo de superficie de 23 de noviembre del año en curso, al que le fue dictada la Resolución No. 69 de 22 de febrero de 2022, encontrándose terminado, por lo que el promovente puede personarse en esta entidad para recoger su trámite».
Añade que «se efectuaron los análisis pertinentes con la implicada en el caso, la especialista de atención a la población de la entidad, la que desde el día de hoy causará baja del centro. El especialista jurídico implicado en el asunto ya no se encuentra laborando en la entidad por esta misma causa de dilatar los asuntos. Por ende se declara CON RAZÓN la queja».
Aunque, como es habitual, siempre agradezco las respuestas, la concisión de esta deja varias lagunas. No se explica por qué, a pesar de la constante preocupación de Gisela con visitas y llamadas, a más de un año no se solucionaba el trámite, y a solo dos días de publicado aquí, entonces sí. No se esclarece el maltrato por parte de la secretaria de la propia directora que responde. No se aclara lo de la demora en firmar el documento.
La especialista de Atención a la Población causó baja del centro y el jurídico ya no labora allí «por esta misma causa de dilatar los asuntos». Si no se hubiera publicado aquí la denuncia de Gisela, ¿qué habría sucedido? ¿Hasta cuándo hubiera esperado? ¿Los únicos implicados en tal burocrática dilación fueron los dos que ya no están? ¿Nadie controlaba el trabajo de ambos, al punto de que su proceder era impune?
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