Acuse de recibo
El pasado 11 de marzo, y desde el reparto Abel Santamaría, en el municipio capitalino de Boyeros, Zuzel Valerino Bravo manifestaba aquí que desde agosto de 2022 estaba confrontando serias dificultades con el servicio de su teléfono fijo.
En ese mismo mes, señalaba, comenzó su teléfono a sonar, lo que el sonido no era el usual: lo cogió y escuchaba conversando a otra persona. Le habló y le contestó. Y más: le dijo que cómo podía ser eso de hablar así. Además, le comentó que a ella hacía poco tiempo le habían puesto el teléfono.
Y resultó que era una vecina. Zuzel comenzó a reportar el servicio al 114 y fueron, pero no habían resuelto el problema.
«Mi teléfono, afirmaba, desde entonces hasta la fecha no funciona normalmente, pues tiene ruido en la línea y se cae la comunicación. Poseo el servicio de identificador de llamadas y no me funciona. Lo reporté y me explican que no puede funcionar bien, ya que mi línea tiene problemas y los compañeros de Etecsa no lo solucionan.
«Como ven, ya llevo siete meses en esta agonía, pagando un servicio que no puedo utilizar. Deben ustedes imaginarse el estado de desesperación que poseo, pues hace 22 años tengo este servicio y nunca antes me había pasado esto.
«He ido a la oficina de Boyeros, a la oficina de quejas de la población y no se ha resuelto hasta hoy mi situación. Necesito ver si por esta vía se soluciona mi problema. Les estaría muy agradecida», concluía.
Al respecto, responde Aymé González Hernández, directora de Protección al Consumidor y Atención a la Población de Etecsa, que «en el intercambio con los directivos de nuestra división en el territorio capitalino pudo constatarse que tras los reportes realizados desde agosto se chequearon los parámetros técnicos del cable, y no se encontraron anomalías en los registros obtenidos.
«Al sostenerse el reclamo, se realizó una visita al lugar para revisar el tramo físico de la línea telefónica desde el gabinete hasta la vivienda, incluyendo el equipo terminal de la usuaria. Teniendo en cuenta los años de explotación del gabinete que soporta el servicio, se decidió ejecutar diferentes labores de reconstrucción en varios elementos de este soporte técnico.
«Finalizados los trabajos se mantuvo monitoreo del servicio durante un tiempo hasta comprobar que Zuzel Valerino se comunicaba sin dificultad. Además, en el intercambio sostenido con la usuaria se le recomendaron algunas acciones que pueden tributar al mejor uso del servicio en el interior de su vivienda», termina.
Se agradece la solución del problema y la respuesta. Y solo resta preguntar: ¿por qué si Zuzel hizo las gestiones requeridas tuvieron que pasar siete meses y la revelación del problema en esta sección para que se diera feliz término a esas irregularidades en la comunicación telefónica de la clienta?
Eduardo Arias Polo (edificio 6, apto. 36, reparto Bahía, municipio de La Habana del Este, La Habana) cuenta que es impedido físico-motor y vive solo, por lo cual muchas gestiones se le dificultan más que a otras personas.
Por eso, no entiende lo sucedido con la Oficina del Registro de Consumidores que existía en el reparto Bahía, que fue clausurada por problemas constructivos, con todo lo que facilitaba a los habitantes de ese reparto.
El local, añade, quedó pendiente de reparación, y se trasladó temporalmente a la localidad de Camilo Cienfuegos. Pero pasó el tiempo y nada de lo prometido sucedió. Ya se quedó allí, a gran distancia, en un municipio donde las áreas urbanas están muy separadas a largas distancias y apenas hay transporte.
«Para sorpresa mía, afirma, pude comprobar que el local en cuestión fue convertido en vivienda. ¿Cómo es posible que se haya tomado tan liviana decisión perjudicando así a las personas más vulnerables, sin tener en cuenta sus necesidades específicas? No estoy en contra de solucionar problemas de vivienda, pero estas decisiones deben analizarse cuidadosamente», concluye.
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