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Los mecanismos legales establecidos para ejercer el control existen y sirven de herramientas para revertir la realidad de la contratación. Autor: Gerardo Mayet Cruz Publicado: 21/09/2017 | 05:11 pm
NUEVA GERONA, Isla de la Juventud.— El cumplimiento del contrato, una de las vías legales para exigir la ejecución en tiempo de los planes de producción en las entidades adscriptas al Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) y de relación (entiéndase CPA, CCS y UBPC), todavía no es un estilo de trabajo que se haya consolidado en todo el país.
El documento de marras se denomina Contrato único, implementado en 2009 por el MINAGRI para la compraventa de productos y prestación de servicios agropecuarios con su base productiva, pactados por índices de siembra, producción planificada o productos entregados, no por cantidades; pero la realidad demuestra un bajo o nulo control de su ejecución por ambas partes implicadas, cuya inobservancia entorpece los procesos productivos, y repercute en el cumplimiento de los planes de entrega pactados.
Una mirada sobre este aspecto en el resto del país revela, según reportes de prensa publicados en medios nacionales y locales de las provincias de Pinar del Río, Cienfuegos, Granma y Sancti Spíritus, la necesidad imperiosa de suprimir el desorden, la indisciplina y la falta de exigencia en el quehacer diario, con énfasis en la producción de alimentos, uno de los temas que mayor insatisfacción genera hoy en la población.
En la Isla de la Juventud, por ejemplo, la Agricultura es la responsable del 13 por ciento del total de la producción mercantil territorial; sin embargo, varias deficiencias en el orden subjetivo lastran el empeño por conseguirlo.
Según se refirió en el informe al XVI Pleno Municipal del Partido, la poca exigencia en el cumplimiento de las cifras acordadas y la no utilización del contrato como herramienta de trabajo figuran entre las causas del lento avance del sector agropecuario en este Municipio Especial.
Como consecuencia, Ganadería, Cultivos Varios y Porcino, tres de los programas fundamentales para la alimentación del pueblo, no logran despegar en su gestión y tanto al cierre de 2010 como hasta la fecha no producen las cifras conveniadas en sus planes y decrecen en su economía.
Jesús Alberto Nápoles Pérez, director de la Consultoría Jurídica en el territorio, declaró que «aunque existe registro del contrato único que establece el MINAGRI con sus bases productivas, el anexo que incluye las cantidades, precios y modo de distribución no está firmado por la totalidad de las entidades».
Explicó que el contrato establece cláusulas, deberes y obligaciones entre las partes que se deben acatar, y de incurrir en omisiones o irregularidades al establecerlo, una de ellas queda en estado de indefensión, lo que puede provocar cuantiosas pérdidas económicas. Esta realidad impone preguntar si se puede revertir esa situación.
Para Rolando Ortega Ponce de León (Polaquito), uno de los campesinos con resultados productivos relevantes en este territorio, «el contrato no es serio». Una vez que pactas tus producciones con la cooperativa —sostuvo— tienes el deber de cumplir, pero en ocasiones los recursos no llegan o entran tarde, y así no se puede.
«Si el cultivo lleva fumigación, riego o fertilizante en un tiempo determinado y no tienes combustible, abono o plaguicidas a tiempo, eso atrasa el proceso y repercute en los rendimientos», añadió.
Subrayó que tal situación hace que se incurra en inversiones extra, en detrimento del compromiso con el pueblo y de las utilidades para la economía familiar.
Por su parte, Ciro Creach González, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el territorio, comentó que la contratación de los servicios legales de la Consultoría Jurídica es decisión de las juntas directivas de las cooperativas.
«No obstante, la firma del contrato respalda al campesino para reclamar derechos y hacer sus deberes, exigir por lo que le toca y que le exijan por su responsabilidad», dijo, al tiempo que coincidió con el Polaquito en lo relativo a la entrada tardía de los recursos o carencia de estos, como algunas de las causas de los incumplimientos. A todas luces se observa que cuando no se acatan los compromisos a tiempo se atenta contra el cronograma de ejecución y por tanto en los resultados.
Un ejemplo de violación del contrato y sus consecuencias se evidencia en el incumplimiento del plan de frijol, cultivo que sufrió los efectos de la falta de exigencia por la calidad del proceso de negociación, elaboración, firma y control de lo pactado.
El referido informe señaló que de un plan de entrega al Ministerio de Comercio Interior de 340 toneladas de este cultivo, solo se produjeron 321, se entregaron 181 y el 44 por ciento del frijol quedó en manos de los productores; sin embargo no aparece registrada demanda alguna por la violación de los términos del Contrato.
Migdalia Rives, delegada del MINAGRI aquí, reconoció que las deficiencias en la contratación impactaron los resultados productivos del territorio y apuntan con dedo crítico a la estrategia de planificación del sector.
«En el caso del frijol —aclaró—, ese resultado se debe a una mala selección de los productores (sin garantía de agua), mucha indisciplina tecnológica e inadecuada aplicación del marco de siembra establecido».
Rives acotó que para la campaña de invierno ya están identificados los productores con las condiciones necesarias de agua, experiencia y responsabilidad para ejecutar sin contratiempos las cifras convenidas.
Informó que su renovado equipo de trabajo revisa hoy los términos de la contratación, y todas las potencialidades que pudiera aportar el productor en aras de evitar en un futuro cercano violaciones a las cláusulas, deberes y obligaciones de las partes establecidas en el documento; al tiempo que se instruye a los implicados sobre las consecuencias jurídicas que pudieran enfrentar si no respetan lo pactado.
El abogado Nápoles Pérez aludió al proceso de demanda judicial que se desarrolla contra varios productores que infringieron su contrato con la empresa porcina, ejemplo que ilustra que los mecanismos legales para ejercer el control existen y pueden servir de herramientas para revertir la realidad.
Entretanto, los productos agropecuarios no cubren todas las necesidades, y si el objetivo de los trabajadores del sector en la Isla de la Juventud es dejar de ser importadores netos de alimentos y encaminar los esfuerzos hacia el autoabastecimiento, hay que apretar clavijas.
