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Cobertura Especial: Analizan diputados cubanos nuevos proyectos de leyes

Asiste Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a sesión de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Autores:

Margarita Barrios
Marianela Martín González
Monica Lezcano Lavandera

 

Proyecto de Código de procesos

Rubén Remigio ferro manifestó que este proyecto de ley propone, de ser aprobado, remplazar en gran parte a la vigente ley no. 7 «de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico», promulgada el 9 de agosto de 1977.

Al respecto, se recibieron 21 criterios de los diputados, de los cuales se aceptaron 15 propuestas y 5 fueron improcedentes., mientras que, de organismos del sector jurídico, universidades y otros se recibieron 623 criterios, de los que fueron aceptadas 402 propuestas.

Entre las principales modificaciones, está n las de 227 artículos, 22 de ellos contienen cambios sustanciales, a partir de las propuestas aceptadas y los restantes fueron perfeccionados en su redacción.

Se determinan los plazos en aquellos artículos que lo dejaban al criterio prudencial del tribunal, salvo tres situaciones en las que no es pertinente. Además, se precisa la intervención del fiscal y del defensor en los asuntos en que se ventilen intereses de personas menores de edad u tras en situaciones de vulnerabilidad, comentó el presidente del TSP.

Resalta además que se describen, con mayor coherencia, las combinaciones económicas y personales que pueden imponerse para hacer cumplir las decisiones judiciales, y se armonizan los preceptos del proyecto que guardan relación con contenidos previstos en el anteproyecto del código de las familias.

También se propone modificar las disposiciones finales en el sentido de poner en vigor la ley el primero de enero de 2022, a partir del consenso logrado entre el TSP, FGR, Minjus y ONBC. También, facultar al Consejo de Gobierno del TSP para emitir las disposiciones necesarias a fin de implementar la ley y garantizar su efectiva aplicación por los tribunales.

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Ley del Proceso Administrativo

Como una herramienta que respalda las garantías de las personas, con un fuerte impacto en el ámbito institucional, calificó el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, la Ley del Proceso Administrativo, cuyo proyecto fue debatido este lunes por los diputados.

Al igual que los otros tres proyectos de leyes, Ferro ofreció detalles a los parlamentarios sobre el proceso de consulta al que previamente fue sometida la referida norma. Significó que recibieron once criterios de la población. De estos, nueve propuestas, de las cuales tres se aceptaron y seis resultaron improcedentes.

Al referirse a las principales modificaciones aseguró que se amplían algunos plazos para dotar de mayores garantías a las personas (demanda y contestación) recogidos en los artículos 85 y 87, entre otros.

También en el proceso de consulta, expresó, se esclareció que como regla las pruebas se practican de forma concentrada en una sola audiencia.

Con la aprobación de esta ley se establece un cause procesal adecuado a la naturaleza de los asuntos que se ventilan mediante este proceso. Se garantiza la tutela judicial de las personas frente al funcionamiento administrativo, la defensa del interés público y la garantía de la buena administración pública.

También se fortalecen el papel activo del tribunal en los procesos, en la búsqueda de la verdad y la justicia, la participación de las partes, la oralidad y la inmediación.

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Ley del Proceso Penal

También fue sometido al análisis de los diputados la nueva Ley de Procedimiento Penal, elaborada a partir de la necesidad de continuar perfeccionando el sistema de justicia en todos sus ámbitos y estructuras, para consolidar la seguridad jurídica, la protección de los derechos ciudadanos, la institucionalidad, la disciplina social y el orden interior.

Al presentar el texto a los diputados, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, destacó que en el análisis previo de esta propuesta se recibieron 69criterios de los diputados, de los cuales se aceptaron 56 y todas esas opiniones fueron conciliadas con sus proponentes.

«También llegaron 1 800 propuestas de los organismos del sector jurídico y universidades, entre otros, de las cuales fueron aceptadas el 64 por ciento, así como 34 criterios de la población, de los cuales dieron a lugar cuatro. 

«A partir de estas propuestas, dijo, se modifican 221 artículos, 18 de ellos con cambios sustanciales y el resto fueron perfeccionados en su redacción y otros detalles», puntualizó.

Más adelante el alto directivo del sector jurídico del país reseñó las principales modificaciones que se proponen, entre ellas que se amplía para los imputados entre 16 y 18 años de edad el derecho a designar abogado o contar con uno de oficio, así como recibir un tratamiento diferenciado de este segmento de los jóvenes que incurren en actos delictivos.

Además, precisó que se incorpora la definición del defensor (abogado) como sujeto procesal y sus requisitos, así como se excluye la aplicación de criterios de oportunidad por el fiscal, cuando se trata de funcionarios públicos vinculados a actos de corrupción.

Otro cambio en el proyecto es que se elimina la obligatoriedad de proceder conforme al criterio de la víctima en los casos en que la ley establece, como requisito, que sea escuchada su opinión y se le da a esta la posibilidad de recurrir la decisión o de sostener la acción penal particular.

«Otra de las novedades es que se incorpora dentro de las medidas cautelares la obligación de dar alimentos cunado corresponda a favor de las personas menores de edad u otras en condición de discapacidad y también se modifica la denominación de atestado director por abreviado y se refuerza el derecho a la defensa», puntualizó.

De manera particular explicó Remigio Ferro que se amplía a 15 días el plazo para la investigación y presentación del expediente al tribunal y se extiende el plazo para la celebración del juicio oral y se establece que, entre la citación y la celebración del juicio deben mediar, no menos de cinco días.

También mencionó que se armonizan los preceptos del proyecto que guardan relación con contenidos previstos en el anteproyecto del código de las familias.

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Los criterios de los diputados

En un amplio debate, diputados e invitados analizaron las propuestas de la Ley de Tribunales de Justicia, proceso durante el cual se escucharon todas las propuestas y se otorgaron las respuestas pertinentes, de igual manera se tuvieron en cuenta las sugerencias, para sí lograr una ley más apegada a las necesidades y realidades del país.

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, explicó que la constitución como norma suprema del estado es aplicable en todos los procesos penales, por tanto, tiene que estar presente como ley primera en todos casos que llegan a los tribunales.

Por otra parte, sobre la preocupación de la diputada Diana Sedal Llanes, de Santiago de Cuba, sobre el uso de sellos en los tribunales, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, manifestó que la ley de símbolos aprobada recientemente, establece que el Escudo sea utilizado para avalar los documentos oficiales que emita el estado.

Entretanto, Gladys Bejerano, Contralora General de la República y diputada Guantánamo, precisó que la competencia de la contraloría no es solo el control interno, sino el control de todos recursos del estado.

Primera jornada de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular o Parlamento cubano.

Sobre la participación directa de la ciudadanía, Remigio ferro acotó que es uno de los signos distintivos del carácter democrático de nuestro sistema de justicia, lo cual tiene la impronta de nuestro comandante en jefe. La aplicación de las leyes tiene en cuenta la racionalidad y la idiosincrasia de cubanas y cubanos

De ahí que no renunciar a la forma democrática de participación de la ciudadanía y los jueces legos, son una forma de control popular de los tribunales y le da transparencia a nuestro sistema judicial de cara a la población, muy diferente a lo que sucede en otros países. «Tenemos que seguir pensando como perfeccionamos esa manera de participación», dijo.

En cuanto a la intervención de Lourdes Caballero Garzón, de Santiago de Cuba, sobre la suspensión de los jueces de su cargo, el presidente del TSP dijo que esta suspensión es una medida preventiva, un estado provisional que se aplica en las circunstancias que se describe, como el caso de haber investigaciones previas por el consejo de gobierno, la existencia de condiciones que le impidan ejercer su función o si se está tramitando su renuncia.

Asimismo, el diputado Miguel Charboné, de Artemisa, se refirió a la importancia de la ciencia en todos los procesos.

Diputado cubano analiza proyectos de leyes que se someterán a aprobación esta semana.Foto: Maykel Espinosa Rodríguez.

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En la sesión matutina de trabajo, donde los diputados de la capital participaron de manera presencial y los de otras regiones del país lo hicieron de manera virtual, el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, se refirió al proceso de consulta que se realizó en el país relativo a los cuatro proyectos de leyes que serán aprobados en días próximos en el Parlamento cubano.

Los cuatros proyecto relacionados con el proceso penal, los procesos administrativos, el Código de Procesos y de los Tribunales de Justicia, que darán paso a una profunda reforma judicial y procesal en el ámbito de la justicia cubana, según Ferro fueron ampliamente debatidos en cada uno de los territorios con la presencia de magistrados que acompañaron a los diputados en este proceso de consulta.

Al referirse específicamente al Proyecto de los Tribunales de Justicia, alegó que como resultado de los debates emanaron 3 295 criterios con 2 846 propuestas. De estas sugerencias 1 870 (el 66 por ciento) fueron aceptadas y resultaron improcedentes 976.

Ferro explicó que se modifican 42 artículos, siete de ellos contienen cambios sustanciales, a partir de las propuestas aceptadas, y los restantes fueron perfeccionados en su redacción. Dijo, además que las principales modificaciones apuntan a reforzar el principio de actuación colegiada de los tribunales y se definen con mayor claridad los casos para los que se prevé la intervención de un solo juez profesional (artículos 20 y 21).

Como cuestión de interés que se adicionó en el proceso de consulta, el Presidente del Tribunal Supremo comentó que recientemente como consecuencia de la crítica situación de algunos tribunales, en la dotación de jueces legos, se ha solicitado al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular convocar a elecciones parciales de estos en las Asambleas Municipales de 61 municipios del país.  

Al referirse a las principales modificaciones Ferro aseguró que se propone modificar las disposiciones finales en el sentido de poner en vigor la ley el Primero de Enero de 2022, a partir del consenso logrado entre el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

Apuntó, también, que entre las modificaciones se propuso facultar al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular para emitir las disposiciones necesarias, a fin de implementar la ley y garantizar su efectiva aplicación por los tribunales.

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Los diputados en encuentro semipresencial, al cual asiste el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, analizan hoy los proyectos de Ley de Tribunales de Justicia, el Código de Proceso Penal, la Ley de Proceso Administrativo y el Código de Procesos.

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al dejar abierta la reunión, explicó que el objetivo de esta sesión de trabajo es analizar esos documentos previo a la realización, el próximo miércoles, del VII Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura del Parlamento.

Lazo explicó que cada una de esas normas serán introducidas con una explicación por parte de los especialistas, mientras convidó a todos los diputados a realizar un análisis profundo y agudo de cada texto.

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Estas disposiciones normativas, que se someterán a consideración de la Asamblea Nacional, han sido discutidas en los últimos meses por los diputados, juristas, instituciones, organizaciones y universidades, y enriquecidas con sus criterios y con las opiniones de la población.

Con vistas a promover la participación ciudadana en este proceso, se publicaron los textos íntegros de los cuatro proyectos de leyes en el sitio web de la Asamblea y del Tribunal Supremo Popular, y se habilitaron correos electrónicos y una línea telefónica para que la población trasladara sus opiniones.

 

 

Diputados de la provincia oriental de Guantánamo discuten en relación con los nuevos proyectos de leyes.

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