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Cobertura Especial: Inician sesiones previas al VIII Período Ordinario de Sesiones de la Novena Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba

Las propuestas de normativas de los Tribunales Militares; del Proceso Penal Militar; del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo; así como el proyecto del Código de las Familias que se llevará a consulta popular, son los documentos que centrarán los análisis en la sesión de este sábado

Autores:

Ana María Domínguez Cruz
Liudmila Peña Herrera
Raciel Guanche Ledesma
Iris Celia Mujica Castellón

 

Ordenamiento Territorial y Urbanismo: Una nueva ley que lo regule.

Un amplio intercambio, abierto y transparente, permitió recibir 271 criterios y aprobar 137 propuestas de un total de 236 recibidas en relación con el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, sometido a análisis con los diputados en esta jornada.

Lo anterior fue revelado por Diana Rosa Suárez Matías, Directora jurídica del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, quien enfatizó en la importancia de este diálogo porque esta ley no tiene antecedentes en el país, «es la primera vez que nos enfrentamos a esto, pues antes teníamos un Decreto Ley, que data de 1978, y la nueva Constitución y los cambios en la realidad socioeconómica del país demandaban su actualización y elevación en rango jurídico».

Ante el Presidente Cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, Suárez Matías abundó en las principales modificaciones (formales y de contenido) de 55 artículos de este cuerpo normativo y la adición de un nuevo capítulo, a partir de los planteamientos recibidos por parte de los diputados y la población en general.

Uno de los cambios sustanciales se refiere al derecho que se le otorga a la persona que viva en un municipio sin disponibilidad de suelos destinados a la construcción de viviendas, para realizar solicitud de suelo y adquirirlo en otro territorio, incluso de otra provincia.

Suárez Matías explicó que es vital en ese caso la responsabilidad del gobernador en la coordinación con sus homólogos para compatibilizar programas y proyectos que involucren el manejo compartido del territorio.

El proyecto de ley contempla de manera novedosa que la asignación de suelo urbanizado para la construcción por esfuerzo propio corresponda a un consejo provincial y no solamente al gobernador, para lo cual hay que valorar que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos en la legislación vigente, agregó.

Precisó además que el catastro es un registro público que facilita y agiliza los trámites de la población relacionados con la legalización de viviendas y otras propiedades, por lo que los organismos regulatorios exigirán dictámenes técnicos que incluyan la medición de la superficie, límites geográficos y otros elementos.

La Directora Jurídica del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo enfatizó en que la nueva normativa define las responsabilidades de los órganos locales del Poder Popular, los actores que intervienen en estos procesos, el régimen urbanístico del suelo, entre otros asuntos.

«Se debe procurar la efectividad de los derechos constitucionales, relacionados con el disfrute de los bienes de propiedad personal relacionados con el suelo, a un medio ambiente sano y equilibrado, a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada.

«Promovemos además, con este cuerpo legal, la protección y el uso racional de los recursos naturales del país, la preservación del patrimonio cultural y natural, todo ello en estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad, mediante políticas públicas y disposiciones».

El Gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, afirmó que, a partir de las zonas de desarrollo, se deben consensuar las solicitudes de vivienda que deben ser aprobadas en el Consejo Municipal. 

Las diputadas Lourdes Caballero, Saray de la Caridad, Belkis María López, Lizette Martínez y Daicar Saladrigas coincidieron en que esta legislación tiene un impacto significativo en la población y que tomar en cuenta sus planteamientos es fundamental.

Belkis María López acotó que justamente la población, que debe verse beneficiada con la nueva legislación, debe contribuir a su cumplimiento, y especificó situaciones relacionadas con el vertimiento de los desechos sólidos de manera arbitraria, que requiere de mayor disciplina.

La diputada Mariela Castro sugirió que se evalúe la existencia de un especialista de la Vivienda o del Instituto de Planificación Física que dictamine –de forma expedita, no burocrática– si determinada modificación en la vivienda afecta o no la estructura, con el fin de evitar la ocurrencia de derrumbes, que tanto dolor dejan en las familias.

Otros cambios planteados por los diputados para el cuerpo normativo se relacionan con el estilo y redacción de los artículos, los cuales también fueron contemplados durante el debate.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, propuso realizar una reunión de trabajo para analizar todas estas cuestiones, que incluya, además de los redactores, a otros diputados.

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Presentan Ley de los tribunales militares

En un primer momento del debate, los diputados junto a otros invitados centraron sus análisis en el proyecto de ley de los Tribunales Militares para su posible aprobación en el marco de este octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su Novena Legislatura.

Durante el intercambio, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, presentó este nuevo proyecto que busca esencialmente continuar con la tradición unitaria entre las maneras de funcionar tanto en el ámbito civil como en lo militar.     

Este, además, guarda total sintonía con las leyes aprobadas en la sesión anterior de la Asamblea Nacional (Ley de los Tribunales de Justicia y Ley del proceso penal), dijo Remigio Ferro.

En específico la Ley De los Tribunales Militares se propone remplazar a la vigente ley que data de 2002, ya que han existido varios cambios en las estructuras militares en los últimos años, por lo que era necesario cambiar ahora, explicó.

Para llegar hasta aquí, dijo, hubo un debate previo muy enriquecedor con todos los diputados, el Ministerio de Justicia, las universidades y con las estructuras de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.

 

FOTO: Maykel Espinosa Rodríguez

 

Se recibieron para la elaboración de esta ley 28 criterios de los diputados y se aceptaron de ellas 25, mientras que otros organismos plantaron 29 propuestas y 22 fueron tomadas en cuenta.

Al proyecto inicial, aclaró Remigio Ferro, se le adicionan 4 artículos, específicamente el artículo 3, el cual precisa que los tribunales militares se atienen a las disposiciones del MINFAR en las cuestiones de orden militar.

Además, se adicionan el articulo 90 y 91 del proyecto actualizado, el que define la democión definitiva y temporal de los magistrados y jueces profesionales militares. En el caso del artículo 115 relacionado con los requisitos, las funciones de los secretarios y trabajadores de los tribunales militares, también se incorpora en el actual proyecto de Ley.

El presidente del Tribunal Supremo Popular explicó al plenario que se modifican ahora 23 artículos y dos de ellos contienen cambios sustanciales.

Entre las principales modificaciones en el nuevo proyecto destacan la de sustituir la expresión “instituciones armadas” por “ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior”.

Otro de los aspectos reformados, según dijo Remigio Ferro, es que se consigan expresamente los requisitos para ser juez profesional militar, en lugar de remitir a la Ley de los Tribunales de Justicia.

Los diputados examinaron detalladamente cada capítulo de este nuevo proyecto, sobre el cual no quedaron dudas al respecto y donde el presidente del Tribunal Supremo recalcó que se trata de un solo órgano de justicia. Por lo que en nuestro contexto nacional esto tiene una expresión de unidad, concluyó.

 

 

FOTOS: Maykel Espinosa Rodríguez

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Justicia y educación: pilares de la nueva Ley del Proceso Penal Militar

Los cambios a la Ley del Proceso Penal Militar atendidos este sábado en el Octavo Período de Sesiones de la ANPP, tienen como propósito el establecimiento de normas a la altura del «desarrollo alcanzado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias», que eduquen, prevengan y erradiquen los delitos entre militares.

De acuerdo con Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, el proyecto en análisis «guarda total sintonía con las leyes aprobadas en sesión anterior de la ANPP y se alimenta en los criterios recibidos de consultas con diferentes estructuras».

El titular destacó que, del análisis previo de esta propuesta, se recibieron   31   criterios de los diputados, de los cuales se aceptaron 28; aclaró además que todas las opiniones fueron conciliadas con sus proponentes.

Al referirse a las principales modificaciones, Remigio Ferro precisó que varía «la parte expositiva del proyecto para la mejor comprensión, así como la sistemática de la Ley».

De manera general, se modificaron 207 artículos, de ellos 4 sufrieron cambios sustanciales y se uniforma la redacción de la Ley con las leyes No. 140 y 143, Ley de los Tribunales de Justicia y Ley del Proceso Penal.

En el Artículo 92, sobre la competencia de los tribunales militares, se trasformó la redacción para abarcar otras categorías de efectivos del Ministerio del Interior (militares y combatientes).

De igual forma, en el artículo 104 ahora «se precisa que las cuestiones de competencias (discrepancias sobre a quién corresponde juzgar) entre los tribunales militares, se resuelven por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular», subrayó el presidente.

En el 289, se adicionan como causa de incapacidad para actuar como perito: ser subordinado del imputado, acusado, tercero civil responsable de la víctima o perjudicado; así como tener parentesco con algunas de las autoridades actuantes.

El proyecto en estudio prevé la posibilidad de la víctima de establecer recurso contra la decisión de archivar las actuaciones (sobreseimiento, Artículo 409).

En el debate sobre el texto presentado, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, atendió las inquietudes de los diputados sobre la «voluminosa y compleja ley».

Entre los principales criterios, trascendieron los señalamientos del diputado artemiseño Miguel Enrique Charbonet Martell, quien repasó aspectos puntuales asociados al uso de términos y expresiones del Libro Tercero.

Por su parte, Idaliena Díaz Casamayor, diputada por Guantánamo, reconoció que la ley en análisis protege los derechos de este sector apartado de la sociedad civil».

De acuerdo a sus estatutos, la nueva Ley Procesal Penal Militar, se sustenta en los principios del marxismo-leninismo para ofrecer «las más amplias garantías, tanto a la sociedad como a los acusados, de modo que las resoluciones de los órganos militares de justicia sean siempre legales, justas y educativas».

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Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, iniciaron hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana las sesiones previas del VIII Período Ordinario de Sesiones de la Novena Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

El Presidente Miguel Díaz-Canel asistió a las sesiones previas del VIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional. Foto:Maykel Espinosa Rodríguez

Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, agradeció la presencia física de todos los diputados después de dos años de limitaciones impuestas por la propagación de la COVID-19.

Díaz-Canel los saludó a todos «pues el hecho de que estén aquí demuestra que el país se está reanimando».

Lazo Hernández adelantó que las jornadas venideras serán muy intensas porque cada uno de los presentes tiene el derecho, y debe aprovecharlo, de expresar sus ideas en el debate colectivo que se propicia sobre los proyectos de leyes que serán sometidos a votación en los próximos días y que, de ser aprobados, enriquecerán la legislación cubana.

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.FOTO: Maykel Espinosa Rodríguez

Las propuestas de normativas de los Tribunales Militares; del Proceso Penal Militar; del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo; así como el proyecto del Código de las Familias que se llevará a consulta popular, son los documentos que centrarán los análisis en la sesión de este sábado.

 

 

 

 

 

FOTOS: Maykel Espinosa Rodríguez

 

 

 

FOTOS: Maykel Espinosa Rodríguez

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