Hasta el cierre de agosto, el Ministerio de Energía y Minas confirmó en el país unos 479 casos robos de aceite dieléctrico en transformadores. Autor: Adán Iglesias Publicado: 10/09/2026 | 02:34 pm
MATANZAS.— La subestación eléctrica que suministra energía a nueve comunidades en el batey Gratitud, a tres kilómetros de la ciudad de Jovellanos, ha sido víctima del robo de aceite dieléctrico en seis ocasiones. En los últimos tres meses del año 2025, los habitantes de este sitio, y otros 4 000 vecinos de Cuba Libre, la Estación Experimental de la Caña y Julio Reyes Cairo, estuvieron varias semanas sin electricidad, ni siquiera para el bombeo de agua. Y allí, aunque los altos precios y la inflación también se han hecho sentir, en los últimos tiempos han sido casi más dañinos los perjuicios asociados a ese otro lubricante que el golpe que supone un pomo de aceite de cocina a más de 3000 y hasta 4000 pesos.
«La población está muy molesta con los actos vandálicos en los transformadores», denuncia Liosvany Hernández Tanquero, intendente del municipio de Jovellanos, quien critica con fuerza no solo a los ladrones, sino también a los inconscientes receptadores de este tipo de aceite, que no pocas veces habitan en las mismas comunidades afectadas.
«Sus familias, a la larga, también sufren, porque es muy complejo distribuir el agua con pipas, aun cuando hemos adoptado alternativas con productores agrícolas locales», dice Hernández Tanquero.
En palabras de Maira Leiva Quiñones, delegada de la circunscripción 49, es evidente el desespero de los lugareños. «Robar aceite de un transformador en estos momentos es robar vida, porque se atenta contra la tranquilidad y la seguridad del lugar».
Según detalla el Intendente, a la subestación Gratitud se le instalaron dos lámparas solares y una cámara de vigilancia para intentar contener los robos, además de una cerca perimetral y una garita para los cuatro custodios. No obstante, este año esa instalación ya ha estado fuera de servicio 70 días consecutivos, y cuando lograron restablecerla duró solo tres días porque el transformador sufrió una seria avería.
No solo los habitantes del batey Gratitud estallan en indignación cada vez que se reporta un nuevo robo. También están superincómodos los que trabajan en el taller de transformadores del centro de operaciones Evelio Valenzuela, en Matanzas. ¿Cómo esas personas inescrupulosas pueden dejar a otros sin corriente por semanas y meses para sacar un poco de provecho económico?, se pregunta David Fiallo Morejón, de 22 años de edad y operario de esa entidad.
Por su parte, Osleidy Pagés Dickinson, especialista del taller, asegura que duele mucho, porque el país no tiene cómo reponer ese insumo. «Imagínate que aquí estamos trabajando con aceite recuperado para echar a andar algunos transformadores, luego de hacerle pruebas y pasarlo por varios filtros para reutilizarlo.
«Cuando se quema un equipo de estos hay que enrollarlo. Pero acá nosotros solo podemos ajustar piezas; a veces soldamos algo, remendamos los que podamos salvar… como los 60 transformadores rescatados este año. ¿Los quemados? Esos van para La Habana, ¡y a esperar a ver qué se puede hacer!», recalca.
Más que luz
Hasta el cierre de agosto, el Ministerio de Energía y Minas confirmó en el país unos 479 casos robos de aceite dieléctrico en transformadores. Las provincias más afectadas fueron Matanzas (175); Ciego de Ávila (67) y Santiago de Cuba (60).
En esta provincia occidental, se detectaron en 2025 unos 136 hechos, por lo que se puede hablar de una alarmante tendencia al aumento. De las 98 subestaciones conectadas, 43 fueron afectadas (incluso varias veces) y 12 continúan apagadas por esa causa. El resto de los robos se ejecutó en transformadores de distribución.
Existen sucesos en todos los municipios matanceros, aunque sobresalen Jagüey Grande, con 34 hechos; Jovellanos, con 29; Colón, con 24, y Cárdenas, con 20. Entonces, lo que ha pasado no es obra de un grupito de delincuentes en un punto aislado. Hay vandalismo en buena parte de Matanzas.
El ingeniero Alejandro Rodríguez Azpeitía, director de la empresa eléctrica provincial, abunda sobre las consecuencias técnicas y económicas del fenómeno: «Se roban el aceite en el apagón. Cuando viene la corriente, nadie sabe que el transformador está seco, por eso se calienta y se quema, por lo que queda inutilizado. Luego, sustituirlo no es tan fácil: cualquiera de esos equipos en las subestaciones sobrepasa los 25 000 dólares de costo.
«Entre transformadores de distribución y subestaciones, en Matanzas se han perdido más de 55 950 litros de aceite dieléctrico. Es extraño el día en que no se reporta un robo de esos… La situación se complica cuando sucede en instalaciones estatales que tienen que ver con bombeo de agua o máquinas de riego tipo Fregat».
¿Cómo frenar los delitos?
Norlenis Serpa Santos, coordinador provincial de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), habla también desde el dolor de ver cómo unos pocos inescrupulosos perjudican a miles impunemente, y llama a cerrar filas frente al bandidaje, que ha empeorado con el cerco energético y el efecto del bloqueo.
«Varias comunidades se han visto afectadas por estos robos de aceite más de una vez, y cuando revisamos con sus líderes las causas admiten que ha estado débil la vigilancia popular revolucionaria. El costo de esos descuidos a veces dura meses.
«Por eso nos hemos reunido con la gente en las áreas donde se ubican las subestaciones eléctricas para crear destacamentos de patrullajes que impidan estos hechos vandálicos. En la zona de Gelpi, por ejemplo, en las afueras de la ciudad de Matanzas, tienen incluso una campana, para avisar si alguien ronda por el barrio y que todos los vecinos se pongan en alerta», relata.
Además de la acción popular, también se refuerzan las medidas legales y se estudian acciones técnicas para atrapar a quienes posibilitan el desvío de un bien tan preciado, pues sin demanda real nadie se arriesga a un delito tan grave.
Rodríguez Azpeitía reflexionó para este diario sobre el reto de cuidar las instalaciones desde todos los flancos: «Hoy no se están haciendo inspecciones de vehículos en la vía, pero ya está dispuesto el laboratorio del Centro de Investigaciones del Petróleo, en La Habana, para analizar las muestras que podamos tomar y evaluar si contienen aceite dieléctrico.
«Todo eso lleva un componente legal importante: no es tomar muestras por tomarlas, sino organizar su traslado y protección para que surta efectos legales. Ese es otro camino para cortar el consumo: encontrar a quienes receptan el producto y llevarlos hasta el final, con decomiso de los vehículos y sanciones penales.
«¿Cuánto puede costar ese análisis? Aún no lo tengo claro, pero la empresa está dispuesta a asumirlo porque de seguro no se acerca al precio de reponer un transformador ni al daño social que provoca mantener a una comunidad días y días sin bombearle agua o suministrar un mínimo de electricidad».
Severidad preventiva
«El pasado 20 de agosto se celebró un juicio ejemplarizante en Jovellanos. La pena acordada fue de diez años de privación de libertad. El autor, un joven de solo 26 añitos, sustrajo aceite del transformador de una máquina Fregat. En este caso se tuvo en cuenta que no tenía antecedentes penales y, según su defensa, robó para usarlo en una sierra de cortar madera para hacer carbón, no para venderlo.
Aunque parezca que el fin justifica los medios, el tribunal valoró el mal mayor: ese acto egoísta impidió la siembra de maíz y otras actividades agrícolas vitales en la zona. Además, se trataba de un transformador de reserva de la empresa eléctrica, previsto para ayudar a comunidades que lo necesiten.
A juicio de Iliac Castellanos Chávez, fiscal jefe del departamento de Procesos Penales en esta provincia, las sanciones tienen que ser así de severas o no se frenaría este tipo de delitos emergentes. Además de castigar y educar al culpable, se busca un fin preventivo, para disuadir a otras personas de seguir ese camino, en apariencia muy lucrativo.
«Con nuestro Código Penal podemos enfrentar estos hechos con la gravedad que reflejan estos tiempos. Además, podemos imponer medidas accesorias de decomiso y confiscación de medios u objetos a los participantes en la cadena delictiva», advirtió.
Es lo que toca hacer para desestimular esas «soluciones» individualistas que agudizan las secuelas del bloqueo, por la consabida demora en la sustitución de componentes y la dificultad para atraer importaciones.
En diálogo exclusivo con Juventud Rebelde, el fiscal comentó que este tipo de robos puede considerarse novedoso y lleva medidas estrictas para cortarlo antes de que se instaure. Muchas veces los ladrones creen que si los atrapan serán procesados por robo o robo con fuerza, pero el Dictamen 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, de mayo de 2025, establece una política penal inflexible en delitos vinculados con el sector electroenergético nacional, y es lícito hablar de sabotaje si el hecho afecta a la población o la agricultura y desestabiliza la economía del país.
«Ahora hay un mercado informal para ese producto entre dueños de vehículos privados por la escasez de lubricantes de fuentes más seguras y legales. Pero ese interés irresponsable impacta en la vida económica y social de muchas comunidades, sus centros escolares, el bombeo de agua… Por eso la política penal establece un firme enfrentamiento a tiempo», apuntó.
El Código Penal cubano, en sus artículos 125 y 126, establece sanciones entre siete y 30 años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte para el delito de Sabotaje. A tenor con ello, en Matanzas hay 22 procesos en fase preparatoria con 71 imputados; de ellos, 52 asegurados con la medida cautelar de prisión provisional, atendiendo a la severidad de los hechos. Los receptadores o destinatarios finales tienen otras medidas.
De acuerdo con Castellanos Chávez, los elementos probatorios se investigan de conjunto con el Ministerio del Interior, encargado de radicar el proceso. La Fiscalía controla e indica nuevas diligencias y acciones a practicar, velando siempre por el principio del debido proceso: todos los imputados han contado con abogados y garantías procesales para presentar pruebas, como dicta la Constitución.
«La mayoría de los robos en estudio persiguen fines económicos: toman el aceite para venderlo. Muchos autores han reconstruido los hechos ellos mismos y muestran a las autoridades cómo lo hicieron. Además, se les ha ocupado aceite y varios instrumentos como punzones y mangueras, que son elementos de prueba», afirma el experto.
De especial importancia es la cadena de custodia de esas pruebas, desde que se ocupan hasta que se procesan, para evitar alteración o contaminación. Así los peritos criminalísticos examinan en el laboratorio los componentes del aceite incautado y confirman su origen.
«Este año ya se han presentado a los tribunales cuatro procesos por el delito de sabotaje (uno de Jovellanos, dos de Jagüey Grande, y otro de Matanzas). En total son ocho imputados, que están en prisión provisional. La fiscalía ha solicitado para ellos sanciones entre diez y 15 años de privación de libertad.
No obstante, el fiscal llamó al resto de las entidades a hacer su parte y estudiar las condiciones que propician estos sucesos, teniendo en cuenta que muchas subestaciones y transformadores susceptibles a ser dañados están en lugares apartados y vulnerables.
En correspondencia con lo explicado, es evidente que la respuesta frente a estos delitos no se limita a sancionar una conducta que afecta un bien público. Se dirige también a proteger una infraestructura cuya interrupción puede agravar las dificultades cotidianas de la población y, en determinadas circunstancias, poner en riesgo la vida de quienes intervienen en estos hechos.
¿Delito de sabotaje?
El Código Penal cubano, en sus artículos 125 y 126, establece sanciones entre siete y 30 años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte para el delito de Sabotaje.
En correspondencia con todo lo anterior, desde mayo de 2025 el Tribunal Supremo Popular acordó que constituyen el delito de Sabotaje los hechos vandálicos en virtud de los cuales sus comisores sustraen, dañan, alteren o perjudiquen entidades, componentes, partes y piezas destinados al sistema electroenergético, además de otros actos delictivos de similar naturaleza que menoscaban infraestructuras críticas, vitales para el desarrollo económico y social del país, los que generan un clima de inseguridad y malestar en la población y contravienen los esfuerzos realizados por el Estado y el Gobierno en este sentido.
Como resultado del enfrentamiento a los delitos contra el SEN, se han iniciado más de 460 investigaciones penales en el país entre 2025 y el primer semestre de 2026, principalmente por Sabotaje, Daños, Robo con Fuerza en las Cosas, Hurto y Receptación.
Predomina en estos hechos la sustracción de aceite dieléctrico de diferentes tipos de transformadores, de angulares en torres de alta tensión, el corte y robo de cables, alambres y tornillos de la red de distribución eléctrica y afectaciones en Parques Solares Fotovoltaicos.
Particularmente, la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores registró más de 300 denuncias en este periodo en todas las provincias, con mayor incidencia en Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa.
Entre las afectaciones provocadas están el impacto a miles de familias por tiempo prolongado, no solo al privarlos de electricidad, sino también de otros servicios vitales; la paralización de centros productivos fundamentales para el abastecimiento de alimentos, agua y las comunicaciones; daños a entidades de producción agropecuaria y la imposibilidad de recuperar una parte de los transformadores dañados.
Lamentablemente, en la comisión de algunos de estos hechos han perdido la vida sus autores mientras intentaban la sustracción, al estar energizadas las líneas.
Detección en vehículos
Una de las líneas de trabajo desarrolladas para enfrentar el robo de aceite dieléctrico consiste en detectar su presencia en los depósitos de combustible de los vehículos, pues esta sustancia puede ser utilizada, mezclada con otros combustibles, como carburante.
El teniente coronel Carlos Martínez González, segundo jefe del Departamento del Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado, explicó recientemente en el programa televisivo Hacemos Cuba, que las comprobaciones se realizan mediante procedimientos técnico-criminalísticos y con respaldo científico.
Detalló que en un pesquisaje efectuado en una provincia, fueron examinados 105 vehículos y 21 resultaron positivos a la presencia de aceite dieléctrico mezclado con combustible. De ellos, 18 vehículos fueron ocupados. Etre los casos detectados predominaban transportistas privados, aunque ello no significa que todos los trabajadores de ese sector estén involucrados en estas conductas.
Por su parte, Rayma Velázquez Romero, fiscal jefa del Departamento en la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, precisó que la detección de la sustancia puede dar lugar a una respuesta jurídica cuando existan elementos que acrediten la comisión de un delito.
La legislación penal cubana contempla, además de las sanciones principales, sanciones accesorias relacionadas con los bienes que hayan sido efectos o instrumentos del delito. La aplicación de estas últimas corresponde al tribunal, a partir de las circunstancias y pruebas de cada proceso.
En el caso de los vehículos utilizados para cometer estos hechos, la responsabilidad del propietario no se presume por el solo hecho de ser el dueño. Según explicó Velázquez Romero, debe demostrarse su participación o conocimiento respecto a la actividad delictiva. Si no existe implicación, no corresponde incorporarlo al proceso penal ni adoptar decisiones en su contra.
