Acuse de recibo
La verdad a veces tarda, pero llega. Nunca es rotunda, de una sola pieza; sino que se arma poco a poco, con los múltiples rostros y voces de quienes enfocan los hechos.
El 29 de octubre de 2009 revelamos el caso de la doctora Ismari Saavedra, de Calabazar de Sagua, Encrucijada, Villa Clara; quien narraba discriminaciones en su municipio al asignar una plaza para cursar la especialización en Psiquiatría Infanto-Juvenil. Ismari, Médico General Integral desde 1995, atendía a la sazón la consulta municipal de Psiquiatría Infanto-Juvenil, de la que se había diplomado hacía dos años. Pero por padecer su niña Síndrome de Down y las complicaciones que ello trae, decidieron retirarle el derecho a la plaza. Reclamó, pero todo quedó en la nada.
El 30 de diciembre de 2009, respondía aquí el entonces director provincial de Salud, doctor Isidoro Padilla, que Ismari se había negado a pasar ciertos exámenes para la especialidad, y había asumido actitudes erróneas como aspirante. Por ello, y ante la inconformidad de Ismari, se suscitaron investigaciones por parte de la asesora jurídica del Sectorial Provincial de Salud y el jefe de Departamento de Medicina Legal en el territorio.
Después, una funcionaria de la Dirección Nacional de Servicios Ambulatorios del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) examinó el caso, y coincidió con lo dicho por la provincia, relataba Padilla. A tal punto, que Ismari recibió una respuesta del viceministro de Docencia del MINSAP, en la cual se afirmaba que su reclamación no procedía, sostenía el director provincial. Aparentemente el caso había concluido.
Pero la doctora no se dio por vencida, y llegó hasta la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). De la gestión a esa instancia nos da cuenta ahora ella, en una tercera carta, que entregó personalmente en JR. Después de año y medio batallando, se hizo la luz para Ismari. En documento adjunto a su misiva, firmado por Alexander Rodríguez, presidente del Gobierno Provincial, y dirigido a ella, se informa del resultado final de la investigación de la ANPP: «Se comprobó que hubo errores y falta de comunicación en el proceder de la Dirección Municipal de Salud Pública de ese territorio, en relación con el proceso de información, y en las facilidades que usted debió recibir para que, de acuerdo con los requisitos exigidos, se viabilizaran los trámites y pudiera presentarse a los exámenes establecidos para optar por la referida especialidad. Debido a esas irregularidades se procedió a aplicar medida disciplinaria que correspondía de acuerdo con los hechos al director municipal de Salud. Como conclusión, la Dirección Provincial de Salud le dio el derecho a que usted se presentara a los exámenes de la especialidad Psiquiatría Infanto-Juvenil», plaza que obtuvo y que está cursando en estos momentos, finaliza Rodríguez.
Aunque pudo ser más clara en cuanto a medidas e intríngulis del caso, la carta de Rodríguez cierra un ciclo escabroso en el que Ismari —madre y doctora— sufrió hasta el descrédito público por reclamar su derecho. Con la investigación del máximo órgano de Gobierno de la nación, se da un paso firme en la institucionalidad y el afán de justicia que deben guiar nuestros rumbos. Enhorabuena, Ismari. Gracias por la lección.
Avilio Rodríguez (Calle E No. 41, Santa Cruz del Sur, Camagüey) cuenta que a fines de abril pasado se derramaron 44 litros de aceite, de la cuota normada de mayo, en la bodega El Comienzo, de esa localidad. Y por ello, dejaron de recibir su aceite alrededor de 170 personas.
Él ha recurrido varias veces al director de la UBA de Comercio —no se precisa qué significa la sigla—, al director de la Mayorista municipal y a Fiscalización del Sectorial de Comercio provincial. Todos plantean haber hecho su parte para hacer llegar el aceite a los consumidores, y Mayorista municipal alega no haber recibido autorización para entregar ese producto.
«Es desconcertante —afirma—, que hoy 29 de julio no hayan encontrado la solución. Es burocratismo que bloquea».
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