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MADRID, febrero 12.— El sindicalismo español anunció hoy aquí el inicio, el próximo día 23, de una serie de protestas contra una proyectada reforma de pensiones del gobierno, que procura ampliar la edad de jubilación de 65 a 67 años.
Los líderes de Comisiones Obreras (CC.OO.) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), las dos centrales sindicales más poderosas de este país ibérico, confirmaron que las manifestaciones se realizarán en todas las capitales provinciales.
Ignacio Fernández Toxo, de CC.OO., y Cándido Méndez, de UGT, dijeron que el día 23 las marchas tendrán lugar en Madrid, Barcelona y Valencia, mientras que entre el 22 de febrero y el 6 de marzo se producirán otras 100 movilizaciones en el resto del territorio nacional.
En rueda de prensa, los dos secretarios generales ratificaron su rechazo a la intención del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de extender la edad de jubilación, medida que calificaron de poco solidaria, regresiva e imprudente.
A su juicio, esa propuesta supone un recorte drástico de la protección social, y lamentaron que el ejecutivo, atenazado por la crisis, abandone el actual acuerdo vigente en la materia, firmado en 2006 por sindicatos, patronales y gobierno.
Coincidieron en que las protestas serán masivas y llenas de razón, y se mostraron convencidos de que habrá un clamor casi unánime de la sociedad para que el Palacio de la Moncloa (sede del poder central) reconsidere su postura.
Para Fernández Toxo, la iniciativa gubernamental es temeraria, pues genera incertidumbre hacia los mercados financieros, cuando, advirtió, el modelo de seguridad social en España es quizás el sistema más solvente del país.
A su turno, el máximo representante de UGT, sindicato cercano ideológicamente al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aseveró que la reforma de pensiones merece un rechazo rotundo por ser equivocada.
En esa línea señaló que el proyecto de la Moncloa se centra en el gasto de la seguridad social y no en los ingresos, e incumple compromisos adquiridos para incrementar las aportaciones públicas a la financiación del sistema.
Zapatero se mostró la semana pasada dispuesto a discutir las ofertas de agentes sociales y organizaciones políticas, e insistió en la necesidad de tomar decisiones favorables para todas las partes implicadas.
Pese a reconocer las críticas, el jefe del ejecutivo y líder del PSOE advirtió una vez más que el actual modelo y las proyecciones demográficas podrían poner en riesgo la estabilidad de esas gratificaciones de aquí a 25 o 30 años.
