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Un «triste» trío para el mundo: Donald Rumsfeld, George W. Bush y Dick Cheney. Autor: Public Domain Publicado: 21/09/2017 | 06:00 pm
WASHINGTON, diciembre 23.— George W. Bush y Dick Cheney, principales figuras políticas del Gobierno estadounidense en el período 2001-2009, estarían ahora bajo la lupa de la justicia, después de que se exigiera sean investigados como responsables de las torturas aplicadas por la CIA.
Prensa Latina informa que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó la víspera una carta al fiscal general Eric Holder demandando una investigación de los responsables de las torturas aplicadas por interrogadores de la Agencia Central de Inteligencia a supuestos acusados de terrorismo, denunciadas recientemente en un informe divulgado por el Senado.
En el documento, la ACLU pide que se nombre un fiscal especial para investigar lo que parece ser «una vasta conspiración criminal, con apariencia de legalidad, de cometer torturas y otros delitos graves».
La misiva entregada al Departamento de Justicia coincidió con un editorial publicado el lunes por el diario The New York Times (NYT), que también pidió enjuiciar al ex mandatario Bush, el hijo, y al ex vicepresidente Cheney.
Otros encartados en el escándalo por torturas y tratos crueles son el jefe de gabinete de Cheney, David Addington; el ex director de la CIA, George Tenet, así como John Yoo y Jay Bybee, abogados de la Oficina de Asesoría Legal que redactaron lo que se conoce como memorandos de la tortura.
El diario neoyorquino pide además que se considere investigar a José Rodríguez, el funcionario de la CIA que ordenó la destrucción de las cintas de video, a los psicólogos que idearon el régimen de la tortura y a los empleados de la agencia de espionaje que aplicaron los métodos crueles e ilegales de interrogatorio.
PL agrega que la ACLU y el Times coinciden en que se debe investigar la crueldad empleada con métodos como la alimentación rectal, la simulación de ahogo (waterboarding), el colgado por las muñecas, la confinación en ataúdes, las golpizas, amenazas de muerte y mordeduras de perros, que califican como actos delictivos.
«Estos son, simplemente, los crímenes. Están prohibidos por la ley federal que define la tortura como la imposición intencional de «dolor físico o mental severo o sufrimiento». Ellos también están prohibidos por la Convención contra la Tortura, el tratado internacional que Estados Unidos ratificó en 1994 y que requiere el enjuiciamiento de todo acto de tortura», subraya el editorial.
