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El apoyo cívico al Gobierno de Petro no lo pueden desconocer ni sus acérrimos enemigos. Autor: Qué Pasa Media Publicado: 10/02/2024 | 09:10 pm
La guerra sucia de la derecha, instrumentada por lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado «las mafias», parece querer sabotear el trayecto del progresismo en Colombia.
Es una práctica que ya hemos visto en otros países de Latinoamérica para defenestrar los procesos de cambio, por puros y necesarios que sean, como ha ocurrido en Argentina, Brasil, Ecuador, Perú… Y ha habido amagos en Guatemala.
Las maniobras van desde el lawfare, que ha «empapelado» a líderes políticos con arraigo popular y a algunos los ha puesto tras las rejas, hasta las más recientes y sofisticadas maniobras que usan a las instituciones para, al final, sentar igualmente a los dirigentes progresistas y de izquierda en el banquillo, con el consiguiente descrédito, además, que ello representa para sus movimientos políticos.
Una vez más, la mampara de la ciertamente necesaria lucha contra la corrupción, manipulada, sirve de escudo «legal» a esos esfuerzos de reversión en Colombia.
Una acusación contra el sindicato de maestros por, supuestamente, haber entregado dinero a la campaña electoral de Petro, ha sido la nueva chispa encendida por la Fiscalía, que provocó el jueves las marchas y plantones de ese gremio y de otros que le acompañaron junto a movimientos populares y representantes de diversos sectores de la sociedad para reivindicar al magisterio y, sobre todo, denunciar lo que el Presidente ha señalado como una campaña contra su mandato.
En Bogotá, la protesta desembocó en la presencia de los manifestantes frente a las puertas del Ministerio de Justicia.
La denunciada infiltración de individuos que dieron a la medida un cariz de «bloqueo» del edificio, fue seguida por la advertencia policial de que actuaría para proteger a los magistrados, en tanto Petro ordenaba a la fuerza pública salvaguardarlos pero, también, «actuar sobre las personas que impiden la libre movilidad de magistrados y presentar un informe público de quiénes se tratan», escribió en su cuenta en la red social X.
«Aquí la única que ataca la justicia es la extrema derecha que teme a una fiscal decente», aseveró.
La convocatoria a las movilizaciones había sido lanzada por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en «defensa de la democracia y el Estado Social de Derecho», y también pretendía presionar a la Corte Suprema para que procediera a la retrasada nominación del sucesor(a) del fiscal general Francisco Barbosa, cuyo mandato vence este lunes.
Los acontecimientos incluyeron también el desacuerdo de ese titular con la terna de tres mujeres propuestas por Petro para sucederlo en el cargo, mientras la Corte de Justicia permanecía sin pronunciamiento, pues las votaciones en su seno no aprobaron a las candidatas en lista.
La segunda votación, el jueves, tampoco arrojó los 16 votos necesarios para nombrar a alguna de ellas, por lo que el cargo quedará técnicamente en suspenso hasta las sesiones previstas el día 22 de febrero. Durante ese lapso, la Fiscalía General estará a cargo de la actual vicefiscal, Martha Janeth Mancera.
Las presiones
Por orden de la Fiscalía y en busca de «pruebas» del denunciado financiamiento ilegal a la campaña electoral de Petro, las instalaciones sede de Fecode, antes, habían sido allanadas, se sustrajeron documentos y, según denunció el Jefe de Estado en X, hasta «se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para que se acuse al Presidente».
El propósito es encartar al mandatario por haber recibido, presuntamente, aquel dinero, lo que significaría abrir las puertas para un juicio político en su contra mediante un proceso con procedimientos ilegales.
Fecode, por su lado, niega haber contribuido a la campaña del Presidente con fondos que no entregó para el proselitismo sino a su partido, Colombia Humana, lo que, afirman, encaja perfectamente dentro de las reglas.
«Lo que busca el Fiscal General es un golpe de Estado bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones», afirmó Gustavo Petro luego de una reunión con los titulares de la Corte Suprema, con quienes dialogó, dijo, acerca de «la urgencia de promover el respeto entre todas las instituciones y sectores del país» para «salvaguardar la solidez de la democracia colombiana».
En dependencia de quién resulte electo por la Corte Suprema de Justicia como nuevo(a) Fiscal General, esas maquinaciones se repetirán, o no.
Pero no son aquellas las únicas elucubraciones que transpiran el intento de encausar al mandatario o, en su defecto, lacerar la institucionalidad para desangrar las fuerzas del Presidente, dirigidas principalmente a la paz con justicia social que consiga y selle el fin de la violencia en Colombia, trayecto en el que Petro ha logrado avances ostensibles.
Unos días antes de los sucesos del jueves, la suspensión por tres meses del canciller Álvaro Leyva por supuestas irregularidades en las licitaciones para la confección de pasaportes, sugiere una sospechosa vigilancia con lupa a los funcionarios del Gobierno, o allegados a este.
Incluso, pronunciamientos del Ministro luego de emitida la sanción por la Procuraduría, máximo órgano superior de la Fiscalía, fueron «entendidos» por esta como un desacato a la sanción, lo que pudiera desatar otra investigación contra Leyva.
Petro denunció los hechos como «ruptura institucional» en un mensaje que calificó como «aviso al mundo» de la «toma mafiosa de la Fiscalía (…). Debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia», agregó.
El año pasado, la detención de su hijo Nicolás bajo acusaciones ligadas con la obtención de dinero turbio que igualmente se quiere relacionar con la campaña presidencial, fue el primer asomo de la búsqueda de argumentos para la persecución por el sistema de justicia.
Presuntos informes de la sección de Inteligencia de la Policía filtrados a la prensa, alertaron hace algunos días acerca de preparativos de la oposición «extremista», aliada con medios de comunicación, sectores empresariales y las autoridades de la Fiscalía y la Procuraduría, para deponer a Petro por medio de eventos de desestabilización, publicó la denominada red independiente Noticias Uno.
El propósito sería que fuera la presión social la que, mediante la propaganda, pidiera su enjuiciamiento político.
El poder de los de abajo
No fue el jueves la primera vez en Colombia, y menos en la región, en que las fuerzas populares, base insustituible de cualquier Gobierno, se erigen como valladar ante los intentos desestabilizadores de quienes se oponen a los verdaderos cambios, no a aquellos de quienes de proclaman autodenominados adalides de la democracia, y solo persiguen el retroceso allí donde se desbroza el terreno para cosechar mejores sociedades.
En dos ocasiones el año pasado amplias masas se movilizaron en Colombia para respaldar las reformas sociales impulsadas por el ejecutivo y entrampadas en un Congreso donde la alianza liderada por Petro, el Pacto Histórico, es la primera fuerza en el Senado de acuerdo con los curules que ostenta y la segunda en la Cámara de Representantes, pero sin mayoría acreditada en alguna para imponerse sin contar con aliados. Estos existían al inicio del mandato en 2022, pero ya no lo son.
Algunas de las propuestas pudieran ser tan beneficiosas como la reforma de salud, que establece la atención primaria y un sistema de asistencia sanitaria que no esté solo en manos de privados, así como la reforma laboral y la de pensiones.
Sin embargo, esas leyes, que consolidarían los cambios prometidos por Petro junto a la consecución de la paz, siguen detenidas.
En ese contexto, el llamado del Presidente al Pacto Histórico, hace apenas dos semanas, para conformar una unidad sólida con la formación de una sola agrupación política de cara a las elecciones de 2026, rebasa esa próxima coyuntura.
La unidad es la base de cualquier proyecto y daría al Pacto Histórico —un frente conformado por siete movimientos políticos—, la solidez del partido único convocado por Petro, y al que pudieran sumarse sectores e individualidades identificados con los postulados del Pacto… aunque hoy no militen en sus filas.
Conseguir ese propósito daría al proceso de cambios en Colombia la fuerza y consistencia necesarias frente a los avatares que se avecinan.
