La actual administración estadounidense ha profundizado la retórica antiinmigrante a límites insospechados. Autor: Washington Examiner Publicado: 28/09/2026 | 03:26 pm
GINEBRA, septiembre 28.— El plan de Estados Unidos, que ha deportado a miles de personas hacia terceros países está «desencadenando una cascada de violaciones de derechos humanos», advirtió este lunes un grupo independiente de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) citado por el diario La Jornada.
Según estos expertos independientes de derechos humanos de la ONU, los acuerdos de Estados Unidos para trasladar migrantes y solicitantes de asilo a terceros países están creando una cadena de riesgos que puede continuar mucho después de que esas personas abandonen territorio estadounidense.
El llamado esquema de externalización migratoria se ha extendido a más de 35 países y territorios algunos de los cuales, según los expertos, carecen de sistemas de asilo, infraestructura de acogida o servicios suficientes para proteger a las personas que reciben.
Desde que el presidente estadunidense, Donald Trump, asumió el cargo en enero de 2025, Washington firmó acuerdos con países en vías de desarrollo para que se hagan cargo de los migrantes que no pueden ser enviados legalmente a sus países.
Los expertos, entre los que se cuentan relatores especiales de la ONU sobre derechos de migrantes y sobre protección de derechos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, advirtieron que ese tipo de acuerdos está «incrementando los riesgos de tortura y malos tratos, así como de desapariciones forzadas».
También están «vulnerando el principio consuetudinario de no devolución (non-refoulement) en países de todo el mundo que están firmando acuerdos para recibir aviones cargados de migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos», señalaron en un comunicado.
Los expertos afirmaron que el Gobierno estadunidense ya firmó ese tipo de acuerdos con más de 35 países, incluidos Burundi, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Libia y Sudán del Sur. Entre los países implicados en este «esquema de externalización migratoria» que denuncian los expertos se encuentran también naciones latinoamericanas como Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
Según los expertos, Estados Unidos ha enviado al menos a 23 000 nacionales de terceros países a 29 países y territorios, mediante acuerdos que afectan tanto a solicitantes de asilo como a migrantes que se encuentran en distintas etapas de sus procesos migratorios.
También cuestionaron la falta de transparencia de esos arreglos, que, indicaron, quedan en gran medida fuera de la supervisión pública y del monitoreo independiente de derechos humanos.
Entre los riesgos documentados mencionaron la detención arbitraria o incomunicada, la falta de asistencia jurídica y debido proceso, la separación de familias, la trata de personas, la discriminación y la falta de acceso a vivienda, atención sanitaria y otros servicios básicos.
En algunos casos, señalaron, los migrantes son enviados a países con los que no tienen ningún vínculo y donde pueden encontrarse nuevamente expuestos a violencia o discriminación.
La preocupación no termina necesariamente en el primer traslado. Algunos de los acuerdos, explicaron, permiten que el país receptor mantenga a las personas solo temporalmente y posteriormente las expulse a otro Estado.
Según los expertos, encabezados por el relator especial sobre derechos humanos de los migrantes Gehad Madi, esto puede generar una cadena de devoluciones que termine llevando a una persona de regreso al país del que huyó, incluso cuando allí pueda correr peligro.
También advirtieron que un retorno no puede considerarse voluntario cuando una persona carece de estatus legal, medios de subsistencia, asesoramiento jurídico independiente o una alternativa real a regresar.
De acuerdo con los expertos, tanto el país que realiza el traslado como el que recibe al migrante mantienen sus responsabilidades conforme al derecho internacional. Un Estado que ayude a otro a llevar a cabo actuaciones que vulneren el principio de no devolución u otras obligaciones de derechos humanos también podría incurrir en responsabilidad internacional, añadieron.
Los expertos pidieron a los Estados y territorios involucrados suspender estos acuerdos, garantizar procedimientos de asilo justos y eficaces y establecer mecanismos de supervisión independiente y rendición de cuentas.
También se refirieron al papel de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuya asistencia a refugiados y migrantes consideraron fundamental, pero advirtieron que su participación debe estar acompañada de una estricta diligencia debida en materia de derechos humanos y no contribuir a legitimar acuerdos que puedan conducir a violaciones.
