La demanda del Congreso paraguayo de abrir un juicio político contra Peña agudiza la crisis sociopolítica de la nación sudamericana. Foto: Tomada de BBC Autor: Juventud Rebelde Publicado: 06/11/2026 | 10:13 am
ASUNCIÓN, noviembre 5.― Paraguay atraviesa una severa crisis institucional con la Cámara de Diputados dirimiendo si vota por un juicio político contra Santiago Peña, quien dimitió de la presidencia luego de que un banco del que fue socio usara dinero de jubilados y ahorristas para negocios propios.
La «explosión» del escándalo se produjo cuando la institución bancaria, con la que Peña tenía vínculos a través de negocios, fue intervenida el martes pasado tras comprobarse que su índice de solvencia había caído por debajo del 5 por ciento del mínimo legal exigido. A través de un comunicado, el Banco Central atribuyó la caída a «ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización», y miles de personas se hicieron a la calle pues unos tres millones de usuarios del Ueno Bank quedaron con su dinero atrapado quién sabe en qué arcas: según el Banco Central, la entidad «lo prestó» a empresas de su propio dueño.
El Ueno Banke administraba entre 800 y 850 millones de dólares de fondos públicos cuando el Banco Central lo intervino, y 355 millones de ellos correspondían a las pensiones.
El Partido Colorado al que pertenece Peña le retiró su respaldo al alegar que no toleraría latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, y el presidente renunció, mientras la Fiscalía procesa a una veintena de personas por estafa.
Ese pronunciamiento del partido gobernante garantizó la mayoría de dos tercios en la Cámara baja que exige el artículo 225 de la Constitución para dar curso formal a la acusación y remitir el expediente al Senado para la etapa de juicio.
Tras la crisis institucional debe asumir las riendas del país el vicepresidente Pedro Alliana, quien juró el cargo junto a Peña en agosto de 2023, y milita con los colorados desde hace más de dos décadas, dijo Telesur.
Sin embargo, la Cámara de Diputados abrió, temprano en la mañana de este jueves, el examen de una acusación formal «para iniciar un proceso de destitución contra el presidente Santiago Peña» y también «el vicepresidente Pedro Alliana».
El texto acusatorio, dijo Telesur, detallaba «cinco capítulos de presunta responsabilidad política y administrativa por el manejo de los fondos previsionales».
Entre otras agravantes, la acusación menciona un conflicto de intereses originado por la vinculación accionaria de Peña con Ueno Holding. Además, cuestiona la designación de Carlos Carvallo —quien ocupó la presidencia de Financiera Ueno— al frente del Banco Central del Paraguay, un nombramiento que los firmantes tachan de incompatible con la salvaguarda del interés público.
Tras la renuncia de Santiago Peña, el pueblo paraguayo siguió movilizado en la exigencia de justicia y en rechazo a la impunidad.
Sectores sociales señalan al exmandatario por liderar esquemas de apropiación de fondos públicos tras el colapso financiero del banco Ueno Bank.
Por otra parte, se acusa a Peña de haber promovido cambios en la legislación sobre conflictos de intereses y haber tolerado que el Instituto de Previsión Social (IPS) acumulara enormes sumas de dinero en Ueno Bank por encima de los topes permitidos.
Mientras se debate la acusación en la Cámara Baja, en las afueras de la sede legislativa cientos de personas aguardaban por el resultado de la deliberación.
Una parte de los diputados exige que se apruebe iniciar juicio político a Peña y que el trámite pase al Senado, pues el pueblo demanda justicia y rechaza la impunidad.
Pero otro grupo de legisladores pide que se acepte la renuncia de Peña y que no se apruebe el enjuiciamiento, maniobra que es vista por aquellos como un intento por blanquear la imagen del exmandatario, blindarlo tras el aforo que le brindaría su condición de senador vitalicio y evitar que se le abra una futura investigación penal.
De acuerdo con el corresponsal de Telesur, sectores de la ciudadanía llaman a mantener la movilización en las calles para evitar que esta maniobra prospere, obligar a Peña a rendir cuenta de sus errores y recobrar sus ingresos.
