Se podrá o no estar de acuerdo, pero lo establecido por la ley sobre las ocupaciones ilegales de viviendas se va aplicando con mano de seda, calma y cierta dilación, gracias a que la legalidad se mueve mostrando un soplo esperanzador de que el orden todavía es posible.
Lo de si estamos o no de acuerdo lo esgrimo porque tras el comentario Paradojas de la vida, publicado en esta columna el 21 de abril último, internautas opinaron que el enfrentamiento debía ser más resuelto y expedito.
En especial referíamos que muchos acometían esa acción punible sin el menor temor a que les pasara nada, porque para enfrentarla el perjudicado debía notificar a la Policía y personarse después en la dirección de la Vivienda con el documento de propiedad para abrir el trayecto legal a fin de expulsar de sus predios a quien hizo lo que le vino en gana.
Asumimos que era correcto el tratamiento mesurado, a pesar de la flagrante transgresión en que incurren esos ocupantes, y la debida investigación para esclarecer, pero que esta debía ser con los dueños legítimos dentro de su casa y los usurpadores fuera, un reclamo de los perjudicados, teniendo en cuenta el tiempo que tardan en solucionar el problema.
Posteriormente el periódico Vanguardia realizó un reportaje sobre el tema y se publicaron resultados del enfrentamiento en el municipio de Santa Clara, acción en concordancia con lo orientado por el Gobierno en Villa Clara.
Para bien, en este año se han tramitado 41 expedientes en la Dirección Municipal de Vivienda. ¿Resultados? Ocho ocupaciones ilegales de instituciones estatales y 15 de viviendas quedaron solucionadas, y 24 poseen declaración de ocupante ilegal y disponían de 72 horas para abandonar la casa. Si incumplen el mandato la Policía procederá a realizar la desocupación.
Esos son los trámites establecidos, que deben terminar cuando los usurpadores llegan hasta los tribunales, situación en la que ya se encuentran seis de los que invadieron inmuebles estatales.
Obvio que hay que resolver el agobiante problema de vivienda, pero no se puede hacer a la fuerza, a expensas, nada más y nada menos, que de la propiedad ajena. Se desataría el acabose.
Es verdad verdadera que en este pulsear entre ocupantes ilegales y autoridades, incluida la persuasión para que se retiren de los domicilios sin ninguna sanción, los transgresores esgrimen presión máxima y buscan promesas para la solución de su problema, que es el de cientos y cientos de personas, es decir, un inmenso escollo.
Esa realidad nadie puede utilizarla a su favor, y mucho menos intentar validar la arbitrariedad de usurpar lo que no le pertenece, por mucha necesidad que tenga.
De ahí que la legalidad se mueve mostrando un soplo esperanzador de que el orden devenga bastión (¡que falta nos hace!) para el bien de todos.
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