Muy posiblemente, la mejor respuesta a las aseveraciones descalificadoras e injerencistas formuladas por ciertos altos funcionarios de Estados Unidos sobre los movimientos gremiales y populares en paro en Bolivia, sea la que ha dado un hombre de ese país que viene de abajo y que cuenta, además, con el prestigio y la experiencia de haber sido el primer mandatario indígena de la nación altiplánica y el primero que redirigió las ganancias de las abundantes riquezas nacionales país para el disfrute de sus moradores y habitantes autóctonos.
«EE. UU. no defiende la democracia ni respeta el Derecho Internacional. Financia golpes de Estado derechistas. Invade países y roba sus recursos naturales. Defiende a los gobiernos sumisos y entreguistas», afirmó Evo Morales hace unos días en su cuenta de la red social X, luego de calificar como «tremendo cinismo» que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tildara a los bolivianos que protestan contra el Gobierno de Rodrigo Paz de «criminales y traficantes de drogas».
La aseveración del titular de política exterior de la administración republicana no solo es mentirosa, según ha denunciado Evo. Además, es peligrosa.
El hecho de que tales calificativos hayan sido adjudicados, sin más ni más, a activistas gremiales y populares y sus seguidores en un momento en que la Casa Blanca se ha concedido a sí misma el inexistente derecho de masacrar en alta mar a las embarcaciones que considere ligadas al narcotráfico, de intervenir en los países donde diga que hay narcotraficantes ¡y hasta secuestrar a sus líderes!, hace pensar en una inaudita repetición de un acto de esta naturaleza en Bolivia que, por demás, sería dirigido contra hombres y mujeres con una larga tradición de movilización popular que están totalmente indefensos.
En segundo lugar, salta a la vista que se enaltecen y protegen solo ciertas consideradas democracias, que como siempre son las que cumplen los requisitos establecidos de facto y no por ley alguna, los que legitiman únicamente a las llamadas democracias burguesas.
Pero aún queda otra preocupación en torno a las reacciones que han provocado en la región, la huelga general y las movilizaciones en Bolivia: la participación a coro de los ejecutivos que forman parte del denominado Escudo de las Américas, un arco inventado en Washington para respaldar sus posiciones en Latinoamérica y el Caribe, y en el que la administración republicana invitó a participar a los gobiernos proclives y dispuestos a seguir sus políticas.
Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, encabezados por Estados Unidos, expresaron en un mensaje su «profunda preocupación por las protestas y los bloqueos de carreteras dirigidos a subvertir el orden constitucional y desestabilizar al Gobierno democráticamente elegido de Bolivia», señalaron los reportes.
Parece un disfraz de injerencia totalmente nuevo en el hemisferio, tendiente únicamente a asegurar la estabilidad de los gobiernos de derecha.
Las razones de las protestas no son, además, las que estas naciones enumeran al afirmar que el ejecutivo boliviano solo «trabaja para reparar la economía y las instituciones deterioradas que heredó tras años de mala gestión».
Lo que solivianta a los sectores bolivianos en huelga, por el contrario, es la pérdida de derechos ganados durante las administraciones precedentes del Movimiento al Socialismo (MAS), mientras las buenas retribuciones vuelven a girarse hacia las clases con más recursos económicos.
La convocatoria al paro formulada por la Central Obrera Boliviana y respaldada después por otros sectores demanda, en primer término, mejores salarios, entre otras demandas que con el paso de los días terminaron en la solicitud de renuncia de Rodrigo Paz.
Según analistas, uno de los elementos que puso pólvora para que estallaran las protestas fue la reinstauración de una derogada legislación promulgada en abril —la Ley de Reconversión de Tierras—, que permite convertir en «mediana propiedad» a la «pequeña propiedad agraria», lo que perjudicaría a los campesinos e indígenas.
Se habla, además, de que ha vuelto a eximirse a quienes reciben más ingresos del aporte que daban a la economía pues el actual ejecutivo ha derogado cuatro de los impuestos que abonaban los más ricos.
Según Evo, los movilizados en Bolivia no luchan contra la democracia, sino contra la reinstalación del neoliberalismo.
Ello puede explicar el porqué de la nueva y solapada forma de ser injerencista que han usan quienes se proclaman dispuestos a salvar la democracia boliviana.
