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Los afectados por el sismo en Perú también organizan protestas. Foto: Indymedia El anuncio de que se alista otro paro nacional en Perú, no causa sorpresa. La noticia, dada a conocer el viernes por la Confederación General de Trabajadores (CGT) de ese país, parece caer por su propio peso después de reiteradas manifestaciones sectoriales de descontento que nacen de la exigencia de los campesinos cocaleros, de comprensión y respeto a sus cultivos, pasan por las demandas del sindicalismo, e incluyen la desesperación de los miles de damnificados que dejó el sismo reciente, quienes se quejan de que no han sido atendidos e, increíblemente, también organizan protestas.
En todo caso, la nueva huelga es colocada en los primeros planos por su anunciada gestación desde las bases, y la preparación unitaria por la denominada Coordinadora Política y Social, de la mano de la CGT.
No es la primera gota que advierte de un posible desbordamiento de la copa. A inicios de este mes, otra jornada nacional de paros nucleó a distintos frentes y exhibió las mismas reivindicaciones: revisión por el gobierno de su política económica, mejores sueldos, enfrentamiento a la corrupción y, por tanto, cumplimiento de las promesas electorales del presidente Alan García. Solo que ahora podría estar más colmada la paciencia de quienes esperan.
Los líderes sindicales y miembros de la Coordinadora consideran que sus peticiones no han sido satisfechas y han tildado de infructuosas las conversaciones sostenidas con el primer ministro Jorge del Castillo; por eso, a la par de las medidas callejeras de fuerza, piden también un encuentro con Alan García: las puertas al diálogo se mantienen abiertas.
Sin embargo, un repaso a los últimos meses en la nación andina alerta de una explosividad que no es nueva, y aflora otra vez cuando muchos peruanos se descubren frustrados por el quehacer, poco diferente a otros, del actual gobierno.
Un reporte de la Defensoría del Pueblo de Perú dado a conocer el pasado día 11 recoge que, solo durante el mes de octubre, se registraron en el país «80 conflictos, activos y latentes, de distinta intensidad, entre diversos sectores de la población y autoridades de diferentes entidades públicas y empresas privadas». Según el informe, a ello se adicionan «33 movilizaciones de protesta».
Los datos, cuya intensidad gráfica pudiera perecer en la frialdad de los números, adquieren color cuando se escucha el criterio del director de la firma de estudios Ipsos Apoyo Opinión y Mercado, Alfredo Torres, luego de analizar el informe de este año de la consultora Latinobarómetro. En opinión del analista, del documento se desprende que los peruanos están perdiendo confianza «en la democracia» y en la economía de mercado; según su criterio, lo que se refleja es un «problema estructural», no circunstancial.
Si sus valoraciones fueran ciertas, quedaría mucha movilización por ver en Perú; salvo que el presidente Alan García lograra aplacar las nacientes llamas abriendo las puertas a quienes quieren la interlocución, y conceda... Entonces —¡claro!—, habría que ver si esos galones de agua, alcanzan.
