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Esta idea, la más controvertida dentro del proyecto de ley sobre inmigración debatido desde el martes en la Asamblea Nacional de Francia, es fuertemente criticada por asociaciones, grupos de izquierda y un gran número de partidarios del Gobierno. Autor: Internet Publicado: 21/09/2017 | 05:02 pm
El Parlamento francés discute este jueves si retirará la nacionalidad a los extranjeros naturalizados que en sus primeros 10 años con esa condición sean condenados por un crimen contra agentes del orden.
Esta idea, la más controvertida dentro del proyecto de ley sobre inmigración debatido desde el martes en la Asamblea Nacional, es fuertemente criticada por asociaciones, grupos de izquierda y un gran número de partidarios del Gobierno.
El ex primer ministro Dominique de Villepin declaró que lejos de mejorar en materia de seguridad, la propuesta creará un clima de sospecha y estigmatización.
Jean-Marc Ayrault, jefe de los diputados socialistas, calificó la enmienda de absurda e ineficaz.
Un crimen es un crimen. Un criminal es un criminal. Un francés es un francés, cualquiera que sea su genealogía, su castigo debe ser idéntico, subrayó.
Asimismo, el parlamentario de derecha Étienne Pinte, quien afirmó que votará contra el texto, considera esa una maniobra del ultraderechista Frente Nacional dirigida a captar electores.
El debate en la Asamblea Nacional se inició en medio de una oleada de censuras de organismos internacionales, jefes de Estado y asociaciones por las recientes expulsiones de comunidades gitanas, calificadas de discriminación.
No obstante, cuando la prensa anticipó ayer una fuerte sanción de la Comisión Europea al Ejecutivo, el asunto quedó pospuesto en espera de que París presente documentos probatorios del acatamiento de la directiva sobre libre circulación.
El proyecto de ley sobre inmigración establece nuevos reglamentos para las expulsiones de indocumentados, los demandantes de asilo y los matrimonios grises o de conveniencia.
Para el caso de gitanos, que según las leyes comunitarias todos los ciudadanos de la Unión Europea pueden residir en un Estado miembro durante un período no superior a tres meses, también el documento incluyó acápites.
De acuerdo a las propuestas podrán ser expulsados los comunitarios que abusen de estancias cortas, entren y salgan repetidamente al país, amenacen el orden, ocupen ilegalmente terrenos públicos o privados y practiquen la mendicidad agresiva.
