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Efectivos del Ejército y la Policía enviados con urgencia retomaron este miércoles el control en una localidad guatemalteca donde los disturbios llevaron al Gobierno a decretar el estado de sitio, informa PL.
Unos 200 o más pobladores de Santa Cruz Barillas, noroccidental departamento de Huehuetenango, protagonizaron la revuelta ayer después de conocerse la muerte de una persona al parecer relacionada con la seguridad de una empresa.
Esta compañía emprende los trabajos constructivos de una hidroeléctrica en la zona, a lo cual se oponen las comunidades indígenas como parte de sus reclamos contra la usurpación de tierras habitualmente pertenecientes a los pueblos originarios mayas.
Hacia allá fueron despachados soldados y agentes policiales para controlar la situación, lo cual lograron según reportes llegados a esta capital.
El presidente Otto Pérez Molina ratificó hoy en conferencia de prensa la decisión del Ejecutivo de decretar el estado de sitio en todo el municipio amotinado.
Dijo haber exigido a las autoridades rapidez en la ejecución de órdenes de captura contra los incitadores y protagonistas de los desórdenes y reiteró que su administración no permitirá provocaciones de ningún tipo.
Calificó de delincuentes a quienes incursionaron en el destacamento militar allí existente, donde intentaron desafiar a los efectivos e incluso robar armamento.
El gobernante no descartó que los autores de esa situación tengan nexos con grupos del crimen organizado, especialmente los dedicados al narcotráfico, porque quieren evitar la presencia castrense en la zona e incitan a enfrentamientos con civiles.
Durante el mandato de Alvaro Colom (2008-2012) fue decretado estado de sitio dos veces a nivel departamental, en Petén (norte) y Alta Verapaz (centronorte), para retomar la gobernabilidad perdida por la acción de traficantes de drogas, sobre todo Los Zetas.
Voceros del Ejército confirmaron la calma prevaleciente hoy en Santa Cruz Barillas, unos 415 kilómetros al noroeste de esta capital, donde realizan patrullajes alrededor de 500 soldados y 150 agentes policiales.
De acuerdo con la carta magna, el estado de sitio hace cesar la plena vigencia de los derechos constitucionales en casos como invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública.
La Ley del Orden Público indica que podrá decretarse esa condición por acciones terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos la institucionalidad o hechos graves que pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad.
Igualmente es permitido cuando se registren o existan indicios fundados sobre actos de sabotaje, incendio, secuestro, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva.
