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Humberto de la Calle, Dag Nylander, Rodolfo Benítez e Iván Márquez (de izquierda a derecha). Autor: Calixto N. Llanes Publicado: 21/09/2017 | 05:41 pm
Después de más de cinco meses de negociaciones, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) llegaron finalmente a un acuerdo parcial sobre los mecanismos para la participación de la guerrilla en la vida política del país sudamericano, una vez que se firme la paz.
Este consenso se une al alcanzado en mayo último sobre el primer punto de la agenda referente al tema agrario y se adhiere también al principio varias veces reiterado de que «nada está acordado hasta que todo esté acordado», es decir que lo alcanzado solo puede ser ajustado cuando se firme el acuerdo final.
Próximo a cumplirse un año de instalada oficialmente la mesa de diálogo en La Habana, y por segunda ocasión en ese lapso, las partes compartieron el espacio ante la prensa para dar a conocer el Comunicado Conjunto No. 27, leído por los representantes de Cuba y Noruega, países garantes de las pláticas.
De acuerdo con la declaración, el consenso logrado «constituye una apertura democrática en el marco del fin del conflicto», al tiempo que profundiza y robustece la democracia en la nación sudamericana, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política y la participación ciudadana.
El texto deja explícito que la principal fuerza guerrillera de Colombia tendrá su propia organización luego del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, cuyas condiciones particulares serán discutidas más adelante.
No obstante, se aclara, se le garantizará seguridad, derechos, deberes y libertades, así como la protección de quienes ejerzan la política.
Con el más reciente acuerdo también se le otorgarán derechos y garantías para el ejercicio de la oposición a sectores sociales y nuevos movimientos que puedan surgir tras el fin del conflicto, los cuales, se especifica, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana.
Se convocará también a un evento nacional para partidos, movimientos políticos y sociales, expertos y académicos, para definir los estatutos de la participación política, cuyo propósito sería «garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia y tolerancia».
Otro aspecto importante que plasma el más reciente acuerdo, es la futura creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que le permitirán a las poblaciones de las regiones especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, colocar miembros dentro de la Cámara de Representantes.
Luego de dar a conocer el Comunicado Conjunto, que también pone fin al décimosexto ciclo de conversaciones, los representantes de ambas delegaciones emitieron sendas declaraciones a la prensa donde se mostraron satisfechos con lo obtenido hasta el momento.
Para el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, esta nueva apertura democrática abrirá el camino para arraigar definitivamente la paz.
No obstante, advirtió que lo convenido se aplicará solo si se pacta un acuerdo del fin del conflicto, que incluya la dejación de las armas, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil del grupo guerrillero.
Optimista de llegar a otros acuerdos se mostró, por su parte, el jefe de la delegación insurgente, Iván Márquez, al afirmar que «la firma de un tratado de paz será una realidad», si se avanza por la senda de las transformaciones.
Las partes coincidieron en agradecer a Cuba y a Noruega, países garantes de este proceso, así como a Chile y Venezuela, naciones acompañantes, por el apoyo que brindan en la construcción de la paz para Colombia.
En una declaración de Rodolfo Benítez, representante de Cuba en el proceso, y que fue distribuida a la prensa, se habla del saludo de la Isla a estos resultados y ratifica que «continuará contribuyendo en todo lo posible al logro de un acuerdo final».
El próximo 18 de noviembre, las partes volverán a la mesa centrados en el tema de las drogas ilícitas, tercero de los cinco puntos de la agenda.
El resto de los tópicos pendientes son el abandono de las armas y reparación a las víctimas, además del mecanismo de refrendación del eventual acuerdo de paz.
