Colombia en Alerta Roja

Colombia es noticia en todo el mundo. Su pueblo le tiene más miedo al Gobierno que a la Covid-19. Y es que el Paro Nacional que comenzó el pasado 28 de abril tenía como principal bandera la indignación general contra la Reforma Tributaria impuesta por el ultraderechista Presidente Iván Duque (el tercer reajuste económico de su mandato); pero ahora también quiere tumbar el mal gobierno de Duque.

El balance del Comité Nacional del Paro fue que ese 28 salieron a protestar un aproximado de 600 municipios y más de 5 millones de personas. La protesta social acá es un derecho ciudadano y constitucional; sin embargo desde ese día en las calles, carreteras y veredas se sufre una brutal represión y criminalización de la protesta por parte del propio Gobierno y de las fuerzas paramilitares afines a él.

Las noches, desde entonces, son momentos de zozobra. Al caer el sol comienza la represión más dura. Un balance de Temblores, organización defensora de Derechos Humanos, contabiliza que en estos días han ocurrido 1.773 casos de violencia policial. Estos se pueden desglosar de la siguiente manera: 37 asesinatos, 936 detenciones arbitrarias, 275 víctimas de violencia física, 341 intervenciones violentas, 105 casos de disparo con arma de fuego, 28 agresiones oculares y 11 casos de violencia sexual o violencia basada en género.

Además de estas terribles cifras, que noche a noche vemos evidenciadas en los muchos videos que circulan por las redes, la represión se evidencia de otras múltiples maneras.

Criminalización de la protesta

Incluso antes de comenzar con el Paro, el Gobierno y los medios masivos (que en Colombia están en manos de grandes capitales financieros) deslegitimaron la indignación popular.

Pero un hecho llamó la atención de todxs, sobre todo de los organismos veedores de Derechos Humanos. El sexto día del paro -3 de mayo- el Ministro de Defensa, Diego Molano, expresó en su cuenta oficial de Twitter que estos actos: «Han sido organizados y financiados por disidencias de las FARC y el ELN. Entre las organizaciones criminales hemos identificado a los movimientos o grupos “JM19”, “Luis Otero Cifuentes”, “Gentil Duarte”, los “escudos azules” y “escudos negros”». La excusa vieja y confiable de culpar a un «enemigo interno» y no poner los ojos en donde está el problema.

Llama la atención, además, porque más allá de saber que la orden del exsenador y líder del partido de Gobierno (Centro Democrático), Álvaro Uribe, ha sido apoyar «el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas»; en Colombia la Policía Nacional pertenece al Ministerio de Defensa (que más bien es el Ministerio de guerra) y eso configura a esta institución pública con las armas y facultades de tratar a toda persona que ejerza su derecho a protestar como un «enemigo», militarmente hablando.

Con estos dos mandos militares (pues Uribe cuenta con la total fidelidad de los militares y paramilitares) diciendo que había el permiso para reprimir, la mesa estaba servida.

Detenciones, desapariciones, allanamientos

La Campaña Defender la Libertad -una red nacional de organizaciones defensoras de DD.HH.- informó en su primer boletín que publicó en el marco del Paro Nacional, que se habían llevado a cabo 12 casos de allanamientos contra procesos sociales así como en casas de líderes y lideresas.

Esta misma red asegura que luego de 9 días de Paro, hay 216 personas presuntamente desaparecidas por la Policía Nacional; 1.291 personas que han sido detenidas (muchas de ellas han sufrido procedimientos arbitrarios, torturas y tratos crueles e inhumanos); y que hay 629 denuncias de abusos de poder, agresiones y violencia policial.

Ha llamado la atención que durante estas jornadas la desaparición se ha configurado también como una estrategia sistemática de represión. Esto ha ocurrido, entre otras cosas, porque la fuerza pública ha realizado detenciones masivas y se ha negado a brindar información sobre los detenidos a los abogados y defensores de Derechos Humanos. En este escenario, cualquier persona podría estar retenida y nadie saberlo.

Paramilitarismo

En Colombia no es posible hablar de las fuerzas militares sin referirse también a los grupos paramilitares. La misma policía ha aparecido en las movilizaciones junto a personas de civil que graban videos y toman fotos de los manifestantes. Incluso existen videos en donde se les ve disparando armas de fuego.

Así, durante este Paro han sido sistemáticos los ataques violentos por parte de personas vestidas de civil que luego resultan tener vínculos con la Policía. El último episodio ocurrió la noche de este 7 de mayo en Cali (Valle del Cauca), cuando tres personas vestidas de civil pasaron en un carro disparando a la Minga Indígena presente en esta ciudad.

También se han visto personas que lanzan amenazas contra quienes participan de las protestas, así como la circulación de panfletos amenazantes firmados por grupos paramilitares.

Censura

En tiempos de protesta, las redes de internet pueden colapsarse fácilmente. Pero también puede suceder que corten la conexión allí donde se está atacando a la población. Esto último es lo que ha ocurrido en los 9 días que van de Paro.

Varios medios populares, alternativos y comunitarios han denunciado que en el marco de Paro Nacional algunos de sus contenidos (donde denunciaban violencia policial) han sido bajados de las redes.

Páginas web de organizaciones defensoras de Derechos Humanos -como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)- fueron hackeadas y borradas.

Y cientos de ciudadanas y ciudadanos que habitan las grandes ciudades en resistencia (como Cali, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Bucaramanga) denuncian que en las noches su internet se vuelve más lento, no se puede comentar en las transmisiones en vivo que se realizan desde los diferentes puntos de Paro, o que el internet simplemente desaparece a pesar de tener recarga de datos.

Por otro lado, la prensa hegemónica en Colombia ha narrado a quien se manifiesta como un delincuente. RCN, W Radio, Caracol, El Tiempo y la larga lista de medios en manos de los grandes poderes beneficiarios de la posible reforma tributaria, insisten en asumir la misma postura: minimizar, estigmatizar, humillar, simplificar, deslegitimar, echarle la culpa a quienes se manifestaban de la crisis y silenciar a las mayorías en las calles.

Sin embargo, la revolución tecnológica les está jugando una mala pasada y empezaron a entender -seguramente con preocupación- que perdieron el monopolio de la información y que el relato no lo arman solamente entre ellos, sino entre todos y todas con los teléfonos celulares que permanecen afuera.

Obstaculización del trabajo de DDHH

La noche del 3 de mayo, una comisión de Derechos Humanos se encontraba verificando la condición de varios detenidos en una estación de policía de Siloé (barrio popular de Cali), luego de que la Policía y el Ejército abrieran fuego contra los diferentes puntos de resistencia en ese lugar y en la vía Palmira-Cali.

Esa comisión fue sacada a balazos de la estación de Policía. Darnelly Rodríguez, coordinadora regional de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y quien hacía parte de esa comisión agredida, relató que recibió tantos golpes en su cuerpo que no se podía sentar.

Además, la Representante de la Comisión de Verificación de la ONU en Colombia, Juliette de Rivero, denunció en Twitter que «(...)otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado».

Aunque preocupante, esta no es la única situación de agresión contra defensoras y defensores. La Campaña Defender la Libertad ha denunciado que al menos 67 personas defensoras de DD.HH. han sido agredidas. Incluso uno de los integrantes del Colectivo Chucho Minga (proceso de DD.HH que ha acompañado las movilizaciones en la ciudad de Medellín) aseguró que durante estas jornadas los defensores y la prensa han sido blanco principal de las agresiones de la policía.

Estos hechos, más allá de obstaculizar el trabajo de veeduría, están motivados porque las personas que realizan esta importante labor son quienes están en los puntos más álgidos de las protestas, recordándole a las fuerzas públicas cómo deben actuar, defendiendo a quienes son detenidos injustamente, y también denunciando sus múltiples agresiones contra el pueblo.

El pueblo en Colombia RESISTE

El pueblo colombiano pide al mundo su solidaridad para que presionen al actual Gobierno uribista a frenar su violación sistemática de los Derechos Humanos y para que no haga la misma trampa de siempre: pactar con políticos cómo seguir repartiéndose el país y dejar al resto muriendo de hambre y desesperanza.

A pesar de la brutal represión, la gente sigue resistiendo. No hay un partido, un movimiento, una fuerza política organizada que pueda decir que «comanda» las protestas. El Paro es indefinido y seguirá hasta que las personas que cada día y cada noche ponen su vida en juego, lo decidan.

*Las autoras son editoras de Colombia Informa

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana