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La organización Guerreros Unidos llevó a cabo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Autor: Internet Publicado: 20/04/2019 | 09:33 pm
Ciudad de México, agosto 20.— Jesús Murillo Karam, exfiscal de México que actuó en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, está hoy detenido, mientras se libraron 83 órdenes de aprehensión a otros implicados, informó Prensa Latina.
Murillo está acusado de desaparición forzada y tortura y fue aprehendido solo un día después de que la Comisión de la Verdad concluyera que la desaparición de dichos jóvenes fue «un crimen de estado. El reo fue traslado a una prisión de la capital mexicana.
La Fiscalía General de la República (FGR) también indicó que entre las órdenes de aprehensión figuran 20 contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, relacionados con los sucesos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fueron privados de la libertad y luego desaparecidos los normalistas. Explicó que en estas órdenes de captura también se encuentran cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, más 11 policía estatales guerrerenses y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Todos ellos están vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio e ilegalidades contra la administración de justicia”, indicó la FGR.
En este asunto, según el Ministerio Público Federal, «las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice».
Murillo Karam, como titular de 2012 a 2015 de la entonces llamada Procuraduría General de la República, fue el máximo responsable de la investigación y principal defensor de la conocida como «verdad histórica».
Esta fue una farsa montada por él y Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, del PRI, y prófugo de la justicia mexicana en Israel.
Dicha versión apuntaba a que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero municipal de Colula, estado de Guerrero.
Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente, dijo Murillo en sus conclusiones a inicios de 2015 y popularizando desde entonces dicha denominación para referirse a la versión oficial.
Poco antes, había pronunciado otra de las frases más polémicas que marcarían igualmente su gestión y por la que recibió multitud de críticas y protestas. «Muchas gracias, ya me cansé», respondió a una pregunta en una conferencia de prensa sobre los avances en la investigación.
La de él es la primera detención de un político de alto nivel por uno de los mayores casos de violaciones de derechos humanos en México del que, tras ocho años, aún no se sabe la verdad aunque ya todo está mucho más claro.
El paradero de los estudiantes sigue estando desconocido y solo los restos de tres de ellos fueron identificados.
