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A pesar del poder desmedido de las instancias judiciales en el contexto latinoamericano, el Gobierno de Petro aspira a devolverle la paz al pueblo colombiano. Autor: El Tiempo Publicado: 08/07/2023 | 08:34 pm
El propósito de un abogado que elevó a la Corte Constitucional de Colombia impugnaciones a la ley de Paz Total para echarla abajo, ha sufrido un descalabro.
Uno de los jueces de esa corte, precisamente en cuyas manos se había dejado la queja y quien redactó el texto que avala la impugnación, fue demandado por filtrar el contenido a la prensa y consecuentemente podría ser sacado del asunto y no estar en el debate.
Aunque todavía no es posible discernir hasta qué punto la recusación hará naufragar la ponencia mediante la cual el letrado y columnista Jorge Pava quiere horadar la ley, lo cierto es que las dudas que planean sobre el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, uno de los nueve con que cuenta la Corte Constitucional, siempre golpearán sus planes.
Lo que ha circulado en los medios afirma que el debate en la Corte en torno a la recusación contra Ibáñez, un jurista calificado como conservador, está prevista para el 12 de este mes, de cuyo resultado pende que se discuta su alegato y el cuestionamiento de Pava contra la legislación.
En cualquier caso, está a la vista otro flanco de los ataques dirigidos en las semanas recientes por sectores de la derecha contra el Gobierno de Gustavo Petro. Si no fuera posible «empapelarlo» para sacarlo del poder —salvando las distancias, él mismo se ha comparado en algún momento con su excolega de Perú, Pedro Castillo—, lo factible sería vaciar de contenido su gestión.
Las denuncias acerca de un golpe suave contra el único mandatario que, en décadas, ha intentado seriamente cambiar los destinos de Colombia suenan desde hace semanas, cuando empezaron a tomar presión mediática los escándalos que intentan vincularlo con hechos corruptos que ya enlodan a algunos de sus colaboradores.
Los amagos golpistas también han sido ostensibles en las manifestaciones organizadas por una oposición derechista en obligado silencio hasta hace semanas debido al fuerte respaldo popular con que Petro llegó al poder hace un año; movilizaciones que han buscado mostrar «músculo popular» frente al mayoritario acompañamiento de la ciudadanía a leyes fundamentales para las transformaciones.
Algunas fueron aprobadas, como la Paz total, angular para su mandato. Pero proyectos más recientes como la reforma laboral, a las pensiones y al sistema de salud, fueron entrampadas en el Congreso por los partidos que buscan desequilibrar el desempeño del Ejecutivo y otros que, habiendo colegiado respaldo al Pacto Histórico a su arribo al hemiciclo, ahora, al parecer, se han apartado de la alianza.
Pero querer sacar del juego la ley de Paz Total, aprobada por el legislativo en noviembre y firmada por Petro en diciembre pasados, tiene otros bemoles. Anularla o desangrarla implicaría dejar sin sustento el principal propósito de su mandato.
Haber adjudicado carácter de ley al propósito de asegurar la paz en un país asolado hace más de seis décadas por la violencia de todo tipo, habla de convicción en pos de ese propósito.
Cuando se habla de la importancia de la ley casi todos reparan en que da carta blanca al Gobierno para negociar con todos los grupos armados existentes en Colombia.
Pero la Paz Total es mucho más que eso. Precisamente, el gran acierto de Petro ha sido acuñar a su gestión el concepto amplio de paz que la considera como un todo, donde el desmantelamiento de los grupos armados es solo un elemento que se visualiza acompañado de las políticas sociales que impidan, una vez detenida, el resurgimiento de la violencia.
La violencia no la provocan solo los enfrentamientos armados. La injusticia social es otra acción violenta que ha engendrado el surgimiento de grupos guerrilleros a la par que bandas dedicadas al narcotráfico, grupos paramilitares usados en su momento por el Estado en la contrainsurgencia, y la expresión de todo ello en enfrentamientos, matanzas, asesinatos selectivos y desplazamientos forzosos casi siempre en disputa por la tierra, que sigue sin estar debidamente repartida.
El propio Presidente lo ha explicado más de una vez, como lo hizo el mes pasado durante su viaje a Francia, en conversación con representantes de la comunidad colombiana en París: «Si queremos un cambio en Colombia, la paz, la construcción de una nación democrática; si queremos una reconstrucción por la vía de la ciencia, el conocimiento, la producción y el incremento de la productividad tenemos que construir justicia social», dijo.
La ley de Paz Total recoge esos postulados, que constituyen el núcleo de la política doméstica de Petro.
La 2272
En declaraciones a Radio Caracol a propósito de la lógica alharaca que ha provocado el deseo de golpear la Paz Total, el senador y laborioso activista por la paz, Iván Cepeda, ha hecho notar lo falso de las acusaciones contra el proceso de aprobación de la ley —se le señala por «vicios de trámite»—, y estimó que derogarla dejaría importantes vacíos jurídicos. Sus criterios se basan en el hecho de que la legislación no atañe únicamente a la búsqueda de la paz. Además, esa ley, que es la número 2272, establece el marco legislativo del orden público, establecido desde 1997 bajo la identificación de la Ley 418, y que se renueva cada cuatro años, explicó Cepeda.
Desde luego, quien revise el texto de la 2272 notará que introduce cambios importantes a lo que ha sido el orden público de Colombia hasta hoy.
En cuanto a la paz descuella, en primer plano, su artículo 3ro., según el cual «el Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social».
Con ello basta para respirar su espíritu. Además, destaca como novedad la creación del Servicio Social para la Paz como una alternativa al servicio militar, que podrá desarrollarse para promover la alfabetización digital en zonas urbanas y rurales, en el trabajo social con víctimas del conflicto armado, para refrendar y contribuir al cumplimiento de los acuerdos de paz, así como promover la política pública de paz.
Otro elemento en tal sentido es la creación del Fondo para la Paz con el propósito de financiar las acciones que se definan desde el Gobierno, «así como de los programas encaminados al logro y la consolidación de la paz en Colombia, de acuerdo con la política vigente sobre la materia».
Se avanza
Aunque siempre pueden surgir escollos en el proceso para lograr la dejación de los fusiles por grupos armados «o estructuras al margen de la ley» —nunca en un mismo saco los movimientos guerrilleros y las bandas delincuenciales—, las prerrogativas que la Paz Total ha otorgado al Gobierno para negociar sin tener que consultar al Congreso han dado ya frutos, por más que la oposición derechista amante de las salidas «duras», haciendo uso del poder mediático, se empeñe en cuestionar lo que se acuerde y hable de «impunidad».
Destaca en la legislación el compromiso que asume el Ejecutivo para detener las órdenes de captura contra representantes de organizaciones con las cuales se esté dialogando o se hayan adoptado acuerdos, entre otros aspectos en ese campo y, fuera de él, el propósito del Gobierno de no proseguir con las extradiciones a Estados Unidos de quienes hayan negociado con el Gobierno colombiano, elementos que añaden confianza y ética, en general, al proceso pacificador.
Esta propia semana culminó la preparación por las partes para el cese nacional y temporal del fuego pactado con el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante el tercer ciclo de conversaciones en La Habana, y que deberá entrar en vigor, plenamente, el 3 de agosto.
Mientras, se han desarrollo encuentros para hacer avanzar procesos de diálogo con grupos dedicados al narcotráfico que, si bien no han cristalizado aún, abren vía para la desmovilización, junto al concepto de ayuda al campesinado que dejaría sin sustento los negocios ilícitos de las bandas, como recordó Petro, hace algunas semanas, en diálogo con las Fuerzas Armadas durante el cual las exhortó a golpear la economía ilegal.
Nunca antes Colombia dispensó una mirada tan abarcadora a su violencia. Sería un desatino que los intereses políticos de ciertos sectores se impusieran, y los esfuerzos por la paz total se desbarrancaran.
