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Washington pretende usar el petróleo como «arma» de presión contra Venezuela. Autor: Tomada de El Dinero.com Publicado: 03/02/2024 | 09:55 pm
El intento de chantaje y la amenaza de Estados Unidos han vuelto a hacerse visibles sobre Venezuela, y prometen matizar con renovados tintes injerencistas el proceso electoral que tendrá lugar este año en la nación sudamericana. Querrán deslegitimarlo.
Pero las presiones ilegales hace rato están ahí. La guerra económica que no ha logrado defenestrar al Gobierno bolivariano se mantiene vigente, expresada en más de 900 medidas punitivas que han significado daños a la economía venezolana ascendentes a unos 232 000 millones de dólares.
Sin embargo, los movimientos en el tablero geopolítico internacional, abonados por el arte diplomático y el afán de diálogo de Venezuela, abrieron algunas ranuras al asedio contra ese país por parte de una administración estadounidense, al parecer menos feroz y voraz que la de Donald Trump; aunque el Ejecutivo de Joe Biden no haya significado tampoco un cambio en la política de Washington hacia la nación bolivariana.
El conflicto Rusia-Ucrania y las sanciones de EE.UU. y Occidente contra Moscú, con el consiguiente encarecimiento del crudo y el relativo desabastecimiento del gas en Europa por ausencia de los suministros rusos, constituyeron el escenario internacional detrás de los primeros amagos de la Casa Blanca en pos de «suavizar» las sanciones contra Venezuela.
No faltaron entonces observadores que consideraran a ese territorio, poseedor de las mayores reservas de crudo del mundo, como indirecto beneficiario de las secuelas de los enfrentamientos en el este europeo.
A mediados de 2022, despachos de prensa reportaban ya discretas visitas de funcionarios estadounidenses a Caracas, al tiempo que avanzaba el diálogo entre el Gobierno venezolano y una oposición donde la figura del «expresidente interino» Juan Guaidó seguía perdiendo peso.
Algunos meses después vendrían las licencias temporales otorgadas por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro para que —aflojando algunas de las medidas con que, desde 2015, castiga a la industria petrolera venezolana— las firmas española Repsol y la italiana Eni, pudieran comercializar su crudo.
Más tarde, el permiso temporal se concedería también a la estadounidense Chevron, que a fines de 2022 trasladó a refinerías estadounidenses los primeros barriles de petróleo venezolano que llegaban allí en cuatro años.
Finalmente, en octubre pasado, el Departamento del Tesoro otorgó licencias generales temporales para autorizar transacciones que involucraban al petróleo y el gas, y al sector del oro.
Ese último rubro es el que se ha visto nuevamente afectado esta semana, luego de que la OFAC reinstalara las prohibiciones anteriores contra la empresa minera venezolana dedicada a la explotación aurífera, Minerven, mientras, en una postura amenazante y altanera, voceros estadounidenses «advertían» a las autoridades bolivarianas que tienen hasta abril para adoptar «decisiones que (deben) tomar: permitir a los partidos y candidatos de la oposición participar «adecuadamente» en las elecciones, en alusión a la inhabilitación de la política derechista María Corina Machado.
Algunas «imprecisiones»
Aunque la ratificación de esa medida, tomada por la Contraloría en 2015 y reiterada por el Tribunal Supremo de Justicia en dos ocasiones, ha sido presentada como un incumplimiento de Venezuela a los acuerdos adoptados con la oposición en su encuentro de octubre, como parte del diálogo entre ambas partes, las declaraciones emitidas entonces por la delegación gubernamental en las conversaciones desmintieron desde ese momento la existencia de algún postulado que pasara por encima a las leyes nacionales.
Setenta y dos horas después de la reunión en Barbados, el jefe de la representación de Miraflores y titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunciaba lo que describió como el intento de sembrar una matriz de opinión para subvertir la verdad de lo contenido en los acuerdos.
Rodríguez informó que, según lo pactado, entre otros aspectos, «se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos —se refería a las elecciones de este año—, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos en la ley venezolana, y conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución».
Para entonces, María Corina Machado ya estaba inhabilitada.
Consecuencias
Ahora, la posibilidad de una vuelta al endurecimiento de las medidas unilaterales de coerción con fines políticos implementadas por Estados Unidos contra Venezuela representa, desde luego, una amenaza a la recuperación que venía experimentando la industria petrolera de ese país y que, según analistas, creció hasta 900 000 barriles por día en diciembre pasado, impulsada por las recientes autorizaciones.
Todas las medidas de castigo ilegal e inmerecido debían ser levantadas. Sin embargo, la relativa restauración de la capacidad de producción de una empresa presionada no solo por el bloqueo impuesto a la comercialización del petróleo, sino a su procesamiento por falta de insumos, no ha descansado solo en las «concesiones» de la OFAC.
Aunque muy lejos todavía de la media de tres millones diarios de crudo que producía Venezuela en 2013, para mediados de 2022 la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) certificaba que durante los cinco primeros meses de ese año, cuando todavía los primeros permisos de la OFAC no habían sido concedidos, la producción petrolera del país sudamericano había crecido un promedio de 229 000 barriles diarios, para un incremento del 44 por ciento con respecto a similar período del año anterior gracias a los convenios existentes con países como Rusia, Irán, Turquía y Trinidad y Tobago.
Desde luego, la reapertura temporal de la participación extranjera «autorizada» por Washington fue una gran noticia.
No obstante, habría que ver si Venezuela y el pueblo que padece las escaseces de una crisis económica remontada por la nación, serían los únicos perjudicados de reinstalarse en toda su magnitud las sanciones.
Fuentes especializadas afirman que antes del recrudecimiento de esas medidas contra PDVSA en 2019, las refinerías de aquel país recibían más de 400 000 barriles diarios de crudo venezolano.
Aunque se afirma que esas importaciones fueron sustituidas por las provenientes de otras naciones latinoamericanas, todo indica que siguieron siendo necesarias.
Antes de la licencia dada a Chevron —y a otras firmas estadounidenses facultadas para ciertas operaciones financieras con el sector petrolero venezolano—, Estados Unidos importaba desde Rusia unos 700 000 barriles diarios en peligro de recortarse por las propias medidas de Washington contra Moscú. Expertos consultados por la distribuidora oficial de los mensajes del Gobierno de Estados Unidos para el mundo, La Voz de América, especularon entonces que el crudo venezolano podía suplir aquellos barriles.
Hoy, lamentablemente, los enfrentamientos en el este europeo no se han solventado, y sus secuelas para el comercio y la economía mundiales pudieran verse agravadas por la agresión israelí a Gaza y la ya ostensible extensión del incendio bélico en el Medio Oriente, gracias al respaldo de la Casa Blanca a Tel Aviv y la propia presencia militar estadounidense en la zona.
Luego de los bombardeos de EE. UU. y Reino Unido sobre posiciones de los hutíes en Yemen, casi a mediados de enero, el precio del barril experimentó aumentos que rondaron los 80 dólares.
Sin embargo, el costo podría no ser la única preocupación, sino la posible expansión al mar de Omán de las tensiones provocadas en el Mar Rojo por los hutíes, en el propósito de castigar el comercio de Israel por su agresión a Gaza.
Algunos temen que las amenazas recientes de altos funcionarios estadounidenses contra Irán provoquen un incendio también en las aguas del Estrecho de Ormuz, por donde transitan millones de barriles de crudo diariamente.
En un importante año electoral, es posible que antes de volver a cerrar el grifo al petróleo de Venezuela, la Casa Blanca lo repiense.
