Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Venezuela prepara sus elecciones desde abajo

Se construye con las masas el proceso que debe garantizar la continuidad del proceso bolivariano

 

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Una amplia participación popular acompaña la candidatura de la Revolución a las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio en Venezuela. Una vez más, esos comicios no pondrán a prueba exactamente el liderazgo de un hombre, sino la continuación del proceso bolivariano.

Por eso tiene tanto peso que la candidatura de Nicolás Maduro como representante de la alianza de movimientos políticos y sociales Polo Patriótico, liderada por el PSUV, se gestara desde la base y acompañe su inscripción.

En medio de las injerencistas aunque esperadas críticas «desde afuera» que rodean los más recientes acontecimientos en el país, el proceso de masas que antecedió a la inscripción de Maduro e, incluso, al cronograma dado a conocer después por el Consejo Nacional Electoral (CNE), democratiza y relegitima aún más la contienda, y debe erigirse como escudo frente a los nuevos cuestionamientos que vendrán.

Forjar el proceso desde y con los de abajo también contribuye a hacer más sólida y cohesionada una unidad que resultará imprescindible frente a esta nueva cita con las urnas, en un panorama que pese a los resultados económicos positivos que obtuvo la nación el año pasado, sigue marcado por la agresividad estadounidense y las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos que quieren hacer imposible la vida a los venezolanos y la endurecen, para coaccionar… y demover al «régimen».

Como se preveía, la imposibilidad de la derechista Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de postular a la inhabilitada María Corina Machado fue «la razón» primera para que se iniciaran los señalamientos a una decisión perfectamente legal, pues esa representante de la derecha tiene suspensión para desempeñar cargos públicos por 15 años, según dictamen emitido por la Contraloría en 2015 y ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia hace unas semanas.

Ella violó las leyes al presentarse como embajadora alterna de Panamá ante la OEA en 2014. Después, ha sido acusada de estar ligada al auspicio de la violencia guarimbera en 2017, y también por denunciados vínculos con manejos turbios del dinero ilegalmente incautado al país por orden de Washington, bajo el espurio «mandato» del interino que jamás gobernó, Juan Guaidó.

A esos hechos se ha sumado en los últimos días el arresto de dos políticos opositores acusados de estar en connivencia con frustrados atentados y planes subversivos y violentos para desestabilizar al país, según han explicado las autoridades judiciales.

La detención de Henry Alviárez y Dignora Hernández, miembros del que denominan «equipo» de María Corina, está siendo presentada desde EE. UU., por la oposición derechista y los grandes medios internacionales que les acompañan, como un atentado a la democracia y un incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y la Plataforma en octubre pasado en Barbados.

Sin embargo, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha revelado en conferencia de prensa:  «La misión del plan era desestabilizar al país; aglomerar a las masas utilizando a los gremios y estudiantes para incentivar a un ala militar para que atentara contra las empresas energéticas del país y así poner en jaque al Estado».

Era una forma, se ha denunciado, de «presionar» para que se aceptara la postulación de María Corina.

Mientras, las autoridades judiciales y electorales se mantienen del lado de la ley. 

En aquel encuentro del diálogo gobierno-oposición hubo consenso entre ambas partes de que habría elecciones libres. Pero nadie firmó que, para ello, habría que pasar por encima a la legislación vigente.

Entre las denuncias de los más recientes intentos desestabilizadores se halla también la revelación de un plan magnicida desde Monagas igualmente frustrado, lo que dibuja el panorama difícil con que se quiere enturbiar la paz necesaria a los comicios, y a la vida nacional. 

Ante las medidas adoptadas por las instituciones venezolanas, la Casa Blanca reaccionó primero con la reimposición de las sanciones contra la empresa minera venezolana Minerven que se habían flexibilizado antes, y puede esperarse que reactive otras, luego de los últimos acontecimientos.

De hecho, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó el jueves una moción para reimponer, no se sabe si el total de las medidas contra Venezuela que la OFAC había flexibilizado, una decisión que debe pasar ahora al pleno de esa Cámara y luego al Senado.

Con ello, de cierto modo, podría estarse presionando al presidente Joseph Biden, pues la decisión de abrir espacios para la comercialización del crudo y el gas venezolanos, aflojando la cuerda que estaba atada al cuello de PDVSA, no fue un gesto de buena voluntad de la Casa Blanca, sino la necesidad del combustible venezolano cuando tantas turbulencias en Europa encarecen y hacen más difícil el acceso al gas de Rusia y al oro negro.

Por eso también resulta una manipulación que Washington se presente como mediador de los acuerdos alcanzados en Barbados. En todo caso, ello revelaría que es desde allá —desde el Norte— que se manejan las cuerdas para mover a ese sector de la oposición.

Ahora, en plena campaña también para su propia reelección, algunos piensan que quizá el mandatario de Estados Unidos habría preferido aguardar por el vencimiento natural de las licencias otorgadas antes para la comercialización con PDVSA, lo que ocurrirá dentro de un mes, y luego reimponer solo algunas de las medidas de castigo, de modo de no desfavorecerse en las intenciones de voto del electorado estadounidense.

Lo cierto es que el acoso contra Caracas nunca ha cesado. Saab ha asegurado que solo en dos meses y 20 días de este año se han develado una serie de conspiraciones, amenazas y acciones que tienen como denominador común la intención de sembrar violencia y caos en el país y atentar contra la vida del presidente Maduro.

Y por supuesto, Washington no es inocente. En su rueda de prensa, Saab presentó el video en el que uno de los varios involucrados del frustrado plan que han sido detenidos, Emil Brandt Ulloa, quien asegura que el complot era financiado por la Usaid (Oficina del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).

Otras incógnitas

No solo sigue estando en suspenso la actitud de la Oficina de Control de Activos del Tesoro (Ofac) y, por ende,  de la Casa Blanca en relación con las sanciones sino, además, los pasos que dará la derecha venezolana. La decisión de unos estará ligada a la de los otros, y viceversa. 

La Plataforma, con varios de los partidos que la integran impedidos de postular sigue sin decidir la nominación de un candidato que suplante a Machado, en tanto esta ha insistido en que ella entrará en la campaña.

La decisión es perentoria. El plazo de inscripción se abrió el jueves y vence el lunes 25 de marzo.

Del otro lado, la movilización popular en torno al Polo Patriótico, continúa.

Al diálogo nacional con representantes de todos los sectores políticos, sociales y hasta del empresariado que aportaron sugerencias sobre las cuales trabajó el CNE para confeccionar el cronograma electoral, han seguido las asambleas del PSUV que nominaron a Maduro, y luego las de los movimientos populares, las comunas y distintos sectores que respaldaron su candidatura, algo que ya ha hecho en su conjunto la alianza partidista que lo postula, el Polo Patriótico.

Ahora la nación se halla enfrascada en los debates sobre la forma de implementar las denominadas Siete transformaciones, un plan aprobado el mes pasado mediante asambleas comunitarias para diseñar con la opinión popular el plan de trabajo para el próximo sexenio.

La fuerza radica en el pueblo. De él debe salir no solo la fuerza para seguir resistiendo y avanzando. Primero, será preciso salvaguardar el proceso bolivariano en las próximas elecciones pese a la economía castigada, las conspiraciones, la manipulación y el asedio.

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