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México calificó como una flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, la entrada de fuerzas policiales de Ecuador a su embajada en ese país. Autor: AP Publicado: 06/04/2024 | 08:05 am
Sometido por dos policías de forma humillante, de rodillas contra el piso, la imagen del embajador alterno de México en Quito, Roberto Canseco, recorre el mundo como la muestra más reciente de la forma en que se vulnera el Derecho Internacional y algunos amenazan convertir el orbe en una taberna del Oeste, sin ley.
Valiente al defender el suelo patrio que constituye la Embajada de México en Ecuador, Canseco parecía no poder creer que a su legación la asaltara un comando con armas hasta en los dientes. Los uniformados escalaron muros y verjas para entrar y llevarse, como en un secuestro, a un político ecuatoriano perseguido por sus servicios a la Revolución Ciudadana: Jorge Glas.
Decidido a cumplir su deber, Canseco había corrido tras uno de los autos negros que consumaron el traslado de los asaltantes y donde se llevaban a Glas, quien permaneció hasta la noche del viernes en la sede consular mexicana como refugiado. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya le había concedido el asilo, razón por la cual, el ecuatoriano esperaba solo el salvoconducto para abandonar el país.
«¡No, no…!», gritó Canseco mientras corría. Dos efectivos lo pusieron de rodillas sobre el pavimento para detenerlo, mientras se podía imaginar la figura de Glas tras los cristales polarizados de la camioneta, sentado a la fuerza entre dos militares, esposado…
Luego de una breve estancia en la Unidad de Flagrancia, de donde lo sacaron con un fuerte dispositivo militar que incluyó hasta un vehículo blindado, Glas fue trasladado a un aeródromo donde, con visibles dificultades para caminar, fue subido a una nave que, según denunció el expresidente Rafael Correa, lo conducía a Guayaquil. Este reveló también que Glas había sido golpeado.
De esa forma se ha consumado un acto violento y condenable desde dos puntos de vista: por vulnerar los principios de convivencia internacional que estipulan la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas y el deber de las autoridades en los países receptores de protegerlas, y por materializar otro capítulo de una persecución contra el progresismo latinoamericano que, en Ecuador, se ha ensañado contra quienes gobernaron con la Revolución Ciudadana, y se cierne otra vez sobre quien fuera, en dos ocasiones, vicepresidente de la nación.
Las consecuencias por lo primero se han visto en breve. Era imposible que las autoridades mexicanas pasaran por alto lo que constituye un virtual asalto al territorio nacional. De inmediato, la canciller Alicia Bárcena anunció que se presentaría la denuncia ante la Corte Internacional de La Haya, y el ejecutivo declaró suspendidas las relaciones con Ecuador. También lo hizo Nicaragua.
Muchos gobiernos de la región condenaron el allanamiento, entre ellos Cuba, cuyo Presidente Miguel Díaz-Canel manifestó en la red social X: «Toda nuestra solidaridad con #México, ante la inaceptable violación de su Embajada en Quito».
Parece inevitable el nuevo coletazo que sufre la unidad latinoamericana para satisfacción de la derecha continental, incluyendo a quienes quieren a la región adherida a los designios del Norte.
En cuanto al exvicepresidente ecuatoriano, se trata de otro atropello desde que el exmandatario Lenín Moreno, traidor a la Revolución Ciudadana, lo demovió sin causas aparentes, lo que inició la persecución contra Glas.
Se trata del mismo presidente que en 2019 mandó a abrir las puertas de la Embajada ecuatoriana en Londres para permitir el arresto del periodista Julian Assange, quien se encontraba allí en calidad de refugiado.
Entonces se verificó en la capital británica un cuadro que el allanamiento de la Embajada mexicana en Quito ha vuelto a evocar: la presencia en la sede diplomática de Ecuador de uniformados fuertemente armados que, en aquella oportunidad con el consentimiento del Gobierno ecuatoriano, se llevaron a viva fuerza al fundador de Wikileaks, víctima todavía hoy de la vulneración de su deber de informar por haber develado, entre otros crímenes, las torturas de Estados Unidos a los ciudadanos árabes ilegalmente recluidos en la base naval de ese país erigida en Guantánamo, ocupado en Cuba, y en el marco de la falsa cruzada del expresidente W. Bush contra el terrorismo.
La justicia británica aún no ha definido si el fundador de Wikileaks, quien por demás es un ciudadano australiano, será finalmente extraditado a EE. UU., donde le esperan penas de prisión de por vida que podrían acabar con su existencia antes de consumarse la condena. Mientras, Assange languidece junto a la cacareada libertad de expresión occidental, en una cárcel de alta seguridad de Belmarsh.
Persecución impenitente
Las presuntas pruebas contra Jorge Glas nunca han sido contundentes.
Ello explica que en tres ocasiones, distintos jueces le hayan concedido pedidos de habeas corpus que le proporcionaron libertad condicional.
Esos dictámenes se emitieron en abril de 2022, pero un mes después la condicional le fue revocada; se repitió en agosto de 2022 el pronunciamiento favorable de otro tribunal, igualmente echado atrás en agosto, y luego en noviembre de 2022, cuando decenas de simpatizantes aclamaron la salida de Glas de la cárcel.
Para entonces ya el político había permanecido durante cinco años tras las rejas, y muchos de sus seguidores se pronunciaron incluso porque fuera el candidato del movimiento Revolución Ciudadana en los recientes comicios de 2023. Tal es su prestigio pese al afán de sepultar su figura.
Para entonces, el juez Jhon Rodríguez, del tribunal de Yaguachi, lo había habilitado para participar en las elecciones que ocurrirían en agosto. Glas rehusó a pesar de que pudo ser electo y disfrutaría ahora de inmunidad.
Se le acusa de hechos corruptos no probados durante sus años en la segunda magistratura, para el que fue electo en dos mandatos, y ha sido condenado a seis años en una sentencia conjunta por dos causas. La primera, bajo los cargos de asociación ilícita y cohecho relacionados con el escándalo de contratos sucios de la constructora Odebrecht, que estalló sospechosamente y de forma casi simultánea en una decena de países, la mayoría de Latinoamérica, en torno a 2017, y al que apareció vinculado un tío del político.
A ello se sumó otra causa por presunto financiamiento ilícito del partido que entonces se llamaba Alianza País, usurpado por Moreno.
Pero la mejor evidencia de que se trata de una cacería contra él y las decenas de dirigentes de la Revolución Ciudadana que se han visto obligado a abandonar el país, es la suerte corrida por los magistrados que le concedieron los permisos para las condicionales.
Uno tras otro, sus dictámenes no solo fueron revocados por petición expresa del Estado; algunos de los jueces han resultado castigados mediante su salida del cargo o la cárcel.
Así le ha ocurrido al exmagistrado Banny Molina, quien concedió el último habeas corpus otorgado a Glas, considerado luego culpable del delito de usurpación y simulación de funciones públicas. Fue condenado a un año de prisión.
Otros abogados habían advertido que no atender a la petición de libertad condicional para Glas habría desembocado en un escándalo, y constituido la evidencia de un tratamiento «inhumano y degradante» hacia él, tomando en cuenta el deterioro sufrido por su salud.
Es lo mismo que podría decirse tras este nuevo arresto, además, violento.
En diciembre pasado y sintiendo amenazada su integridad, Glas había pedido refugio a México y recibió protección en su Embajada.
Este viernes, el Gobierno de ese país decidió concederle el asilo político de acuerdo con las convenciones internacionales vigentes, lo que dio a conocer mediante un comunicado de la Cancillería que, conjuntamente, solicitaba a las autoridades de Ecuador la concesión del salvoconducto respectivo, «de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de 1954».
Unas horas después, en la noche, la Embajada mexicana era asaltada.
Otro capítulo del lawfare
La manipulación de la justicia con propósitos políticos se denuncia en América Latina desde hace una década, y ya se sabe que ha sido convertida en arma de la derecha para torcer rumbos políticos, desacreditar procesos, movimientos y líderes del progresismo.
La lista se ha hecho larga y conocida: la exvicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández, rodeada de causas que son sobreseídas y luego reabiertas; Luiz Lula da Silva en Brasil, perseguido y luego reivindicado; Rafael Correa, condenado en ausencia a ocho años en Ecuador por cargos erigidos sin sustento, razón por la que no ha podido retornar al país.
Son solo algunos ejemplos. El lawfare sigue sobrevolando la región como amenaza al progresismo y ahora, también, ha empujado de algún modo a que se desconociese un pedazo de la soberanía mexicana.
La actuación del joven Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa lo ha dejado en evidencia. Si hay alguien detrás, solo podrían ser quienes se resisten a los cambios, y los que quieren detener la integración en América Latina.
