La inseguridad alimentaria entre hijos de trabajadores informales en Argentina creció el 51 por ciento en el último año y medio, refleja una investigación de un centro privado de estudio social.
Tal situación se desprende de un análisis del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), del cual se hizo eco el portal digital de noticias El Destape.
«A más de un año de gestión del gobierno de Javier Milei los niveles de malnutrición en niñas, niños y adolescentes superan los picos de las crisis recientes. La informalidad laboral, lejos de ser un problema individual, tiene consecuencias generacionales», advierte el estudio de ODSA, citado por PL.
La precarización laboral no solo afecta la vida diaria de las familias en el presente, sino que marca a generaciones y sus consecuencias pueden durar toda la vida, señala el informe citado por El Destape.
Se entiende por inseguridad alimentaria como «la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para el desarrollo activo y saludable de las personas», explica ODSA.
De ese modo, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares cuyos adultos responsables tienen empleos informales –añade– no acceden en Argentina a una alimentación mínima adecuada, viendo condicionada su salud, aprendizaje y desarrollo.
Esa cifra se ubica como el máximo de –al menos– los últimos 15 años y superó, de hecho, a los picos registrados en crisis anteriores (2020: 49% y 2019: 43%). La problemática se agrava en hogares pobres, monoparentales y numerosos (5 o más miembros) aunque «el empleo es el factor más decisivo», argumenta el centro de estudios sociales de la UCA.
En este contexto, si bien políticas como la Asignación Universal por Hijo ayudan a mitigar el riesgo alimentario, lo cierto es que «su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes, especialmente la precariedad laboral de los adultos», amplía la investigación.
Como factor decisivo en esta problemática social, el 42 por ciento de los asalariados argentinos trabajan de manera informal y, de ese total, cinco de cada diez son pobres es decir que, pese a estar ocupados, como consecuencia de las malas condiciones laborales, no llegan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios para sus familias.