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WASHINGTON, noviembre 10.— El ejército estadounidense llevó a cabo el domingo otro ataque contra presuntas embarcaciones narcotraficantes, matando a seis personas en el Pacífico Oriental, según informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
El ejército lanzó dos ataques letales contra dos embarcaciones separadas «operadas por organizaciones terroristas designadas», escribió Hegseth en X, sin revelar a qué organizaciones supuestabamente estaban afiliadas las tripulaciones de los botes.
«Nuestra inteligencia sabía que estas embarcaciones estaban asociadas con el contrabando ilícito de narcóticos, transportaban narcóticos y transitaban a lo largo de una conocida ruta de tránsito de narcotráfico en el Pacífico Oriental», argumentó Hegseth sin presentar prueba alguna.
Las fuerzas militares estadounidenses ha matado a 76 personas en 19 ataques que han destruido 20 pequeñas embarcaciones como parte de una campaña que, según Washington, tiene como objetivo reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos, según publicó CNN, la que agregó que hubo tres supervivientes de esos ataques, dos de los cuales fueron detenidos brevemente por la Marina de los EE. UU. antes de ser devueltos a sus países de origen (Colombia y Ecuador, de acuerdo a publicaciones de ese momento). El otro se presume muerto tras una búsqueda de la Armada de México, añadió CNN.
En varias sesiones informativas ante el Congreso, incluida una la semana pasada, funcionarios de la administración Trump reconocieron que no necesariamente conocen las identidades de cada persona a bordo de un barco antes de atacarlo. Esto refuerza las acusaciones hechas a EE. UU. de que está procediendo a ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional.
La administración Trump también ha dicho al Congreso que Estados Unidos se encuentra ahora en un «conflicto armado» contra los cárteles de la droga que comenzó con su primer ataque el 2 de septiembre, calificando a los asesinados como «combatientes ilegales» y alegando la capacidad de participar en ataques letales sin revisión judicial debido a un hallazgo clasificado del Departamento de Justicia, apuntó la cadena televisiva estadounidense.
Algunos miembros del Congreso, así como grupos de derechos humanos, han cuestionado esa conclusión y argumentado que los posibles narcotraficantes deberían enfrentar un procesamiento, como lo había sido la política de interdicción llevada a cabo por Estados Unidos antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.
La administración Trump tampoco ha proporcionado evidencia pública de la presencia de narcóticos en los barcos atacados, ni de su afiliación con los cárteles de la droga. Los oficiales militares han dicho que ningún miembro del servicio estadounidense resultó herido en los ataques.
Por su parte, Telesur reportó que la Organización de las Naciones Unidas considera que los ataques de la Casa Blanca contra esas embarcaciones son evidentes infracciones de los Derechos Humanos y pide que se apliquen los métodos establecidos para abordar el tráfico ilícito en alta mar.
El secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, afirmó que los bombardeos aéreos por parte de EE. UU. contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico oriental y el Caribe son evidentes infracciones de los derechos humanos y del derecho internacional.
Farhan Haq, el portavoz adjunto de la ONU, enfatizó que Gutérres respalda el punto de vista del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, quien a finales de octubre condenó por primera vez los ataques. Para ese momento EE. UU. había cometido más de 60 masacres extrajudiciales en lugar de interceptar esos medios navales, detener a sus tripulantes y respetar su vida.
Haq expresó que «ninguno de los individuos a bordo de las embarcaciones atacadas parece representar una amenaza inminente para la vida de otras personas, ni existen circunstancias que justifiquen, conforme al derecho internacional, el uso de fuerza armada letal en su contra».
«Queremos garantizar que se apliquen los métodos establecidos de cumplimiento de la ley para abordar las cuestiones relacionadas con el tráfico ilícito en alta mar», agregó el portavoz.
El 31 de octubre pasado, Türk también exhortó a la Casa Blanca a detener sus bombardeos: «Debe detener tales operaciones y adoptar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de esas embarcaciones, independientemente de la conducta delictiva que se les atribuya».
Además de confirmar que los ataques dejaron decenas de personas asesinadas y de calificarlos como ejecuciones extrajudiciales, Turk pidió a EE. UU. poner fin a ellos. Aseveró que ninguna de las víctimas representaba una amenaza inminente y señaló que la investigación transparente de estas muertes constituye una obligación de las autoridades estadounidenses. Recordó que la lucha contra el narcotráfico no exime del respeto al derecho a la vida ni de la obligación de rendir cuentas.
No obstante, Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense, se mantuvo desafiante y declaró que los ataques de Estados Unidos en el Caribe seguirán mientras el mandatario Donald Trump lo considere necesario.
